El Municipio de Ciudad Juárez suspendió la aplicación de seis artículos del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible relacionados con la Transferencia de Potencial Urbano (TPU), luego de una sentencia judicial que declaró inconstitucional el esquema vigente.
El diferendo legal, iniciado en 2021 y que se prolongó por cinco años hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que la autorización del TPU debe ser votada en Cabildo, y no como se realizaba anteriormente, mediante propuesta de funcionarios de Desarrollo Urbano con el aval de tres regidores de la Comisión Revisora de Fraccionamientos.
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, informó que el Municipio ya dio cumplimiento a lo ordenado por los tribunales federales.
“En estos momentos trabajamos en materializar los ajustes necesarios a efecto de poder dar otra alternativa o cómo va a funcionar”, señaló.
Explicó que actualmente el resto del reglamento opera con normalidad, salvo los artículos señalados en la sentencia de inconstitucionalidad, y adelantó que el nuevo esquema deberá aterrizarse en coordinación con los regidores.
“El Municipio está en cumplimiento, no se está aplicando ninguno de los artículos del Reglamento afectados con la sentencia”, aseguró.
Entre los artículos suspendidos se encuentran los correspondientes a la Subdivisión Especial (100 Bis, 100 Ter, 100 Quáter y 100 Quinquies), así como los relacionados con la Transferencia de Potencial Urbano (145 Bis, 145 Ter, 145 Quinquies y 145 Sexies).
El funcionario subrayó que no se apresurará la implementación de cambios para evitar incurrir en nuevas violaciones constitucionales, aunque aseguró que el tema se encuentra bajo análisis y se resolverá próximamente.
El TPU es una herramienta contemplada en la Ley de Asentamientos Humanos del estado, mediante la cual desarrolladores inmobiliarios pueden sustituir la donación de suelo para equipamiento urbano por la construcción de obra pública.
Sin embargo, este mecanismo fue impugnado por ciudadanos del Plan Estratégico de Juárez A.C., quienes argumentaron que su aplicación ha sido discrecional y opaca, además de no cumplir con su objetivo original de equilibrar el desarrollo urbano.
De acuerdo con la representante de la organización, Claudia Arreola, el TPU se ha utilizado para acciones que no corresponden a mejora urbana directa, como rehabilitación de edificios municipales, compra de pintura o adquisición de vehículos.
También se ha cuestionado que recursos generados en zonas como Riberas del Bravo se destinen a obras en sectores de mayor nivel socioeconómico, como Campos Elíseos.
Por su parte, la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, informó que existe una bolsa pendiente de 25 millones de pesos correspondiente a proyectos de TPU que aún no han sido ejercidos por los fraccionadores.
Tras la sentencia definitiva emitida en marzo de 2026, la Comisión Revisora de Fraccionamientos no ha vuelto a dictaminar asuntos relacionados con esta figura.
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