Los diputados estatales y federales de Morena salieron a la defensa de la síndica Leticia Ortega Máynez, luego de que el ayuntamiento juarense le restó facultades de fiscalización, desconociendo a la sindicatura como organismo de control interno de la administración pública municipal.
Esta semana, tentativamente el jueves o viernes, el pleno del Congreso de Chihuahua sesionará en Ciudad Juárez, en el que el grupo parlamentario de Morena consideró promover un punto de acuerdo contra las autoridades del ayuntamiento de esta ciudad.
El diputado Miguel Colunga, coordinador de la fracción morenista, confirmó que en estos momentos están elaborando un documento que presentarán esta semana en contra del ayuntamiento juarense, que no reconoce las facultades de la sindicatura como el órgano de control interno.
El Municipio de Juárez es el único en el que no se reconocen tales facultades a la sindicatura, actualmente presidida por Leticia Ortega Máynez.
Los diputados federales de Morena (el mismo partido al que pertenece Ortega Máynez), Ulises García Soto, María Esther Mejía Cruz, Teresita de Jesús Vargas y Francisco Villarreal Pasaret, se pronunciaron en contra del alcalde Armando Cabada Alvídrez y sus regidores independientes porque, según ellos, sistemáticamente se oponen a los procesos de fiscalización de organismos externos.
Ulises aseguró que presentaría un exhorto desde la más alta tribuna del país; sin embargo, el representante popular no ha cumplido con su cometido hasta el momento.
El Congreso de Chihuahua, durante el periodo de sesiones, debe sesionar una vez al mes en Ciudad Juárez y tiene que hacerlo en el transcurso de esta misma semana, justo dentro del plazo considerado por su reglamentación interna.
En la sesión ordinaria 40, del 5 de septiembre de 2019, en Cabildo reformaron el Reglamento Orgánico de la administración municipal -supuestamente para alinearlo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas-, adjudicándole a la Contraloría, la cual depende del presidente, atribuciones que competen al organismo de control interno del Gobierno municipal.
Pero la síndica sostiene que desde 2017, en el marco de la armonización de las leyes del Sistema Nacional de Anticorrupción, el Congreso de Chihuahua adicionó la Constitución Política del Estado con la creación del artículo 142 bis, el cual establece que la sindicatura es el órgano de control interno del Municipio.
La síndica ha considerado que los representantes del ayuntamiento habrían incurrido en un delito de “coalición”, contemplado en el Código Penal, dado que estarían cayendo en una supuesta violación al principio de legalidad, al que todos los servidores públicos están obligados.
Los cuatro informes trimestrales de la sindicatura presentados hasta ahora, el último de ellos con fecha de septiembre de 2019, da cuenta de los resultados de la ejecución de algunas “auditorías” y en algunas otras de sus intervenciones contiene reportes de algunas dependencias donde los funcionarios niegan el ingreso e información a los auditores.
La síndica ha estado levantado actas circunstancias en los casos de rechazo, y conforme al procedimiento, explicó, dará vista al ayuntamiento para que se impongan las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables, y en caso de que se nieguen a actuar, dará vista al Congreso por conducto de su órgano de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado, lo cual por el momento no ha ocurrido.
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