Cuando Fernanda Pichardo, una estudiante de derecho de la UNAM de 21 años, propuso a tres compañeras que se reunieran para tomar un café e intercambiar ideas sobre cómo ayudar a mujeres con cáncer de mama, jamás pensó que un año después esas ideas llegarían hasta el Congreso de la Ciudad de México y que se materializarían en una propuesta de reforma a la ley, publicó Animal Político.
El martes la diputada Paula Soto presentó una iniciativa para modificar la Ley de Atención Integral del Cáncer de Mama en la Ciudad de México, que está basada en la propuesta diseñada por Fernanda y por las estudiantes de la UNAM Camila Martínez, Andrea Avilez, y Cinthia Nallely Gamboa, la cual está inspirada a su vez en los testimonios y en las necesidades de mujeres sobrevivientes de cáncer que denunciaron discriminación laboral.
La propuesta que presentó Paula Soto plantea que la atención a mujeres con cáncer de mama no se limite a brindarles atención sanitaria básica con medicamentos e infraestructura hospitalaria, sino que el Gobierno capitalino, por ley, también esté obligado a cumplir con varios puntos.
El primero, que se responsabilice de la reinserción al mercado laboral de las mujeres con cáncer de mama, a través de la creación de programas específicos para este fin, con recursos públicos asignados en el presupuesto de la ciudad.
El segundo, que garantice una restitución del daño para quienes han sufrido de discriminación laboral por su padecimiento y cuyos derechos humanos han sido vulnerados, además de reintegrar la dignidad de las víctimas junto con una atención y acompañamiento sicológico gratuito.
En cuanto a la restitución del daño, la reforma contempla reparaciones en caso de despido injustificado, como regresar a la víctima, en la medida de lo posible, a la situación anterior a la violación a sus derechos humanos, y el pago de indemnizaciones compensatorias.
“Lo que pedimos con esta reforma, es que, ante cualquier queja o posible acto de discriminación en contra de las mujeres con cáncer de mama, el Gobierno capitalino no solo les garantice la reinserción laboral, sino también la reparación integral del daño”, hizo hincapié Paula Soto.
Y el tercer punto, que el Gobierno capitalino genere garantías para evitar que haya reincidencia de exclusión profesional como consecuencia del cáncer de mama, previendo sanciones tanto para funcionarios de la administración capitalina que caigan en prácticas discriminatorias, como para la iniciativa privada.
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