La cuenta pública 2017 de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, que no fue aprobada por el Congreso del Estado pese a ser dictaminada por la Comisión de Fiscalización con una serie de graves irregularidades que alcanzan los 440 millones de pesos, fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción para investigue el probable delito de peculado.
En su calidad de diputado de la LXVI Legislatura, Omar Bazán (PRI) presentó ante la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción la denuncia formal en contra de quien o quienes resulten responsables por la comisión del posible desvío de recursos públicos en la modalidad de peculado, según lo previsto en el artículo 271 del Código Penal del Estado.
El pasado 30 de mayo, en el último día de sesiones ordinarias del Congreso, la Comisión de Fiscalización entregó un dictamen al pleno en el que se detallaron 17 observaciones y por mayoría de votos (13 en contra del dictamen, 6 a favor y 11 abstenciones), los diputados negaron su aprobación pese al cúmulo de las irregularidades encontradas, y que suman 440 millones de pesos.
“He tenido conocimiento de la probable existencia de la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delitos por parte del Director de Pensiones Civiles del Estado”, dijo Omar Bazán Omar Bazán.
Pensiones Civiles construyó y rehabilitó casas
En su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, el diputado local y también dirigente estatal del PRI expresa que se detectó la compra irregular de medicamentos sin licitación, la retención de prestaciones de los trabajadores que no fueron enteradas, pero sobre todo la construcción de 411 viviendas en Chihuahua, otras 782 viviendas rehabilitadas en Parajes de San José en Ciudad Juárez y otras 160 edificadas en Parral.
Lo anterior contraviene el artículo 2 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ya que dentro de los objetivos y atribuciones del organismo no se considera el de construir obra pública.
Todas las acciones de construcción y rehabilitación llevadas a cabo, y solventadas con recursos de Pensiones Civiles, fueron ejecutadas al margen de la ley y en perjuicio de los trabajadores al servicio del gobierno del estado.
“El hecho de que no se haya aprobado el dictamen presentado no implica que no existan las irregularidades, y el decreto del Congreso del Estado en esta materia no constituye un obstáculo procesal para que la Fiscalía Anticorrupción inicie las investigaciones del caso”, añadió Bazán.
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