Este jueves, integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado votaron unánimemente para la ratificación de un grupo de 28 jueces en materia penal, tras analizar su desempeño en las distintas salas a su cargo.
Se trata de jueces que asumieron en 2019 a través de un proceso de selección encabezado por la extitular de la consejería, Luz Estela Castro.
Cabe mencionar que la funcionaria recibió el designio por el exgobernador Javier Corral.
Como se sabe, dicho procedimiento actualmente es objeto de una investigación interna por presuntos actos de corrupción.
En la breve sesión de hoy, el Pleno avaló la permanencia del juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, juez de control del distrito Morelos.
Mendoza es reconocido por otorgar un auto de vinculación a proceso en contra de la gobernadora María Eugenia Campos.
El propio juez reconoció en días pasados que hubo injerencia del Poder Ejecutivo tras su decisión.
Se quedan jueces relacionados con la Operación Justicia
Además se ratificó a los jueces Luis Carlos Flores Morales y Luis Carlos Reyes Romero, quienes emitieron fallos relacionados a la Operación Justicia para Chihuahua.
Durante la votación se presentó una inconformidad por parte del magistrado Gabriel Ruiz Flores, quien se abstuvo de votar sobre la permanencia de los jueces; Luis Carlos Flores Morales y Silvia Catalina Uranga Mendoza.
Esto por que sostienen un proceso administrativo iniciado por Ruiz Flores, cuyo motivo no se dio a conocer.
Sin embargo, tanto Flores Morales como Uranga Mendoza son conocidos por dictar fallos que involucran a personajes de la vida política.
En el año 2019, la juez Uranga decretó auto de vinculación a proceso en contra del exalcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena; por autorizar la emisión de engomados para identificar automóviles ilegales sin tener facultades para ello.
En tanto que Flores Morales encabezó diligencias en contra de la exdirigente estatal del Partido Verde Ecologista, María Ávila Serna, por el caso conocido como “nómina secreta”.
El juzgador aceptó como garantía un inmueble con valor de 3.3 millones de pesos para enfrentar su proceso penal en libertad.
A la exdirigente la señalaron por obtener recursos del erario durante la administración de César Duarte, para votar a favor de iniciativas del Ejecutivo en su calidad de diputada local.
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