Durante ocho meses la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvo la hipótesis de que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez alias “La Coneja”, fue el cerebro financiero del desvío de recursos del gobierno de Chihuahua al PRI.
Tomando como base ese señalamiento, el gobernador Javier Corral acusó en reiteradas ocasiones, durante lo que va de 2018, que ese modus operandi había sido usado en otros estados del país.
A tal grado habría llegado la maniobra de “corrupción política” -afirmó- que estaría involucrado el propio presidente de la República Enrique Peña Nieto.
Pero el pasado fin de semana, con apenas un tuit de 34 palabras, la Procuraduría General de la República (PGR) echó abajo los argumentos de la investigación insignia del gobierno que encabeza Corral Jurado.
“El Juez de Distrito especializado del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resolvió decretar el sobreseimiento de la causa penal 24/2018, por no contar con los elementos probatorios idóneos, pertinentes y suficientes”, publicó la Procuraduría en su cuenta oficial de Twitter.
Dicho posicionamiento fue acompañado de un enlace a un comunicado oficial de la dependencia, que señala directamente a la FGE como responsable de la deficiencia.
“La imputación originalmente realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se sostenía principalmente en declaraciones de testigos –a los que no tuvo acceso la Fiscalía federal- y que no fueron corroboradas con otros datos de prueba”, lanzó la PGR.
La reacción no se hizo esperar.
El primero en responder fue el propio gobernador, quien acusó de cínico al encargado del despacho, Alfredo Elías Beltrán, en un tuit desde su cuenta personal.
“El cinismo de Alberto Elías Beltrán no tiene parangón; ahora resulta que la Fiscalía de Chihuahua es la responsable de liberar a Gutiérrez. No nos sorprende de quien se convirtió en el guardaespaldas del Presidente más corrupto de la historia de Mexico: Enrique Peña Nieto”, escribió el mandatario estatal.
A la controversia mediática se sumó el domingo una de las hijas de Alejandro Gutiérrez, quien en una carta a un periódico de circulación nacional, anunció que demandarán al gobernador de Chihuahua ante “tribunales y organismos nacionales e internacionales”.
Este lunes el propio fiscal de Chihuahua, César Peniche, dijo que lo planteado por la PGR es falso, y que contrario a lo informado, se le entregaron en tiempo y forma todos los antecedentes y todos los datos de prueba del caso.
“Todo estaba ahí y además, dentro de la etapa de investigación complementaria en la que se encontraba este expediente, la Procuraduría General de la República tuvo toda la posibilidad de realizar todas las diligencias probatorias que requiriera, para acreditar todos los extremos que se hicieron valer en la consignación, en el ejercicio de la acción penal”.
“Lamentablemente no lo quisieron hacer y en cambio sí prefirieron desistirse de una manera ilegal”, expresó Peniche ante medios de comunicación de la ciudad de Chihuahua, al final de un evento sobre desplazamiento forzado.
Al cierre de esta nota, ninguna de las dos agencias investigadoras, ni la estatal ni la federal, había dado a conocer públicamente el contenido de la investigación de referencia, de la cual una dice que no le fue entregada totalmente y la otra defiende que sí.
El asesor jurídico del gobierno de Chihuahua Jorge Espinoza y el propio gobernador, adelantaron que este martes 4 de septiembre, estarán en la Ciudad de México dando los detalles de un amparo que promoverán para tratar de revertir lo hecho por la PGR.
En caso de que el juicio de garantías no proceda, la libertad de Gutiérrez será cuestión de horas.
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