El exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, fue vinculado a proceso este domingo 14 de diciembre por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de un presunto esquema de desvío de recursos públicos durante su administración estatal (2010–2016).
La resolución judicial incluye la imposición de prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano.
La jueza determinó que existen elementos suficientes para continuar la causa penal y ordenó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá robustecer su acusación y la defensa podrá presentar pruebas para contrarrestarla.
Según la carpeta de investigación, Duarte habría desviado más de 96 millones 685 mil pesos, de los cuales 73 millones 925 mil pesos fueron triangulados hacia empresas ganaderas vinculadas a él, como la Unión Ganadera División del Norte y la Financiera División del Norte, en las que presuntamente figuraba como socio. Las operaciones ocurrieron entre 2011 y 2013.
Riesgo de fuga y red financiera
Durante la audiencia, la FGR advirtió un alto riesgo de fuga, señalando que el exmandatario mantiene una “red de apoyo económico y operativo” que podría facilitar su evasión. La jueza coincidió en la valoración del riesgo y confirmó la prisión preventiva en el penal de máxima seguridad.
Duarte fue detenido el 8 de diciembre en la ciudad de Chihuahua, en el fraccionamiento Jardines de San Francisco, donde elementos federales ejecutaron una orden de aprehensión. Tras su captura, fue trasladado al Altiplano.
El nuevo proceso federal por lavado de dinero se suma a los expedientes estatales que el exgobernador enfrenta por peculado y asociación delictuosa, mismos que derivaron en su arresto en Miami en 2020 y posterior extradición a México en 2022.
Hasta ahora, Duarte, no sus abogados, no han emitido postura pública sobre su situación jurídica.
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