En el estado de Chihuahua, mil 299 asociaciones civiles están constituidas ante el Sistema de Administración Tributaria como donatarias autorizadas; es decir, pueden recibir donaciones en efectivo o en especie por parte de personas físicas.
A su vez, estas pueden expedir recibos deducibles de impuestos a todos sus donantes.
Estos recursos, que se calculan en millones de pesos anuales, se ejercen con independencia de operación y sin ningún tipo de vigilancia fiscal de entes federales.
Actualmente el Gobierno de la República pretende reducir los porcentajes de deducibilidad de impuestos, lo que supondrá la inhibición de los esquemas de donación. Una deducción fiscal es una reducción del monto total de la obligación tributaria de una persona u organización.
Además, con esta reforma enviada al Congreso federal, se avizora una crisis en la operación de más de 9 mil donatarias existentes en el país.
La estimación del Gobierno de México es que deja de recibir 8 mil millones de pesos anuales, bajo el mecanismo de deducciones fiscales.
Con la medida, se impactaría al trabajo social que desempeñan las organizaciones civiles, según coincidieron activistas sociales y directivos de organizaciones no gubernamentales.
La cifra de empleos que generan estas asociaciones civiles depende del tamaño del organismo, sin embargo entre 40 y 50 mil reciben alguna remuneración por su servicio a la comunidad en el estado de Chihuahua. El mismo número de plazas estaría en riesgo.
En el estado, las organizaciones de la sociedad civil reciben asesoría, apoyo y vigilancia por parte del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y la Junta de Asistencia social y Privada del Gobierno del Estado.
No estamos a favor de la iniciativa: Cáritas
En el caso de Cáritas, una organización que atiende bancos de alimentos en la ciudad de Chihuahua, de limitarse las donaciones, habrá una grave afectación.
Según platicó el director Édgar Pacheco González, la medida perjudicaría en todos los sentidos, no solo a Cáritas, sino a todas las asociaciones civiles.
Tenemos una aportación bastante de donadores, es la forma en que subsistimos y en que subsisten las instituciones civiles, por ello no estamos a favor de esta nueva propuesta.
Cáritas, mensualmente logra apoyar con despensas a ocho mil personas en la zona centro de la entidad.
“Mensualmente estamos llegando a alrededor de 8 mil personas directa e indirectamente”, dijo Pacheco.
Agregó que por el momento, están a la expectativa de lo que se defina a nivel nacional
“Formamos parte de una red de bancos de alimentos, 55 en todo el país. La idea es que podamos seguir apoyando a más gente, pero sí es una situación que sí nos impacta de manera negativa. Estamos en la expectativa e incertidumbre, no saben si van a poder donando como anteriormente y eso nos mantiene en una preocupación latente”, indicó.
El dirigente secundó lo expuesto por Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red de los Derechos por la Infancia, quien dijo que el 70 por ciento de las organizaciones son donatarias autorizadas.
Dejó entrever que previamente se lanzó una circular en la que el gobierno de López Obrador retiraba apoyos a las organizaciones sociales; la iniciativa vendría a sepultar la capacidad de trabajo de las mismas.
Dijo que el 12 por ciento de las organizaciones sociales en el país están a punto de bajar la cortina.
“Tendrá efectos negativos; no se dimensiona el impacto” opinó.
Señaló que la mayor afectación podría darse en el interés superior de la niñez, dado que el 29.6 por ciento de las organizaciones donatarias centran su trabajo en el apoyo a la infancia.
De esta manera, la reforma no privilegia el interés superior de la niñez, consagrado constitucionalmente, dijo.
Estas organizaciones, externó, asumen funciones que el Estado mexicano no está cumpliendo.
