Hubo algo tan llamativo como los 600 elementos movilizados, los 21 cateos simultáneos y las 15 detenciones: la ausencia de la Policía Municipal de Ciudad Juárez.

A nadie pasó desapercibido el dato respecto a que en los inusuales operativos realizados en esta frontera, encabezados por la Fiscalía General del Estado y apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional, no participó la Policía Municipal.

La batuta la trae la fuerza estatal en un despliegue no visto antes por parte de la Fiscalía, la Agencia Estatal de Investigación, Servicios Periciales y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Se supone que con todo el apoyo federal del Ejército y la Guardia Nacional, en los megacateos a domicilios y negocios participaron hasta 600 elementos.

Fue una demostración de poder institucional, como si se estuviera combatiendo en serio al crimen organizado.

Nada más que los grandes ausentes fueron los muchachitos de César Omar Muñoz, la principal fuerza policial de la ciudad.

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Lo que se sabe hasta ahora es que se dio cumplimiento a 21 órdenes de cateo y se detuvo a 15 personas como parte de una investigación de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. El objetivo serían varios generadores de violencia, por lo que el caso tiene que ver, desde luego, con delincuencia organizada.

El golpe va contra La Empresa, una de las derivaciones del Cártel de Juárez y uno de los grupos criminales con mayor poder y control, no únicamente del trasiego y venta de drogas, también en el tráfico de personas, con mucho impacto en delitos como el secuestro y la extorsión, además del lavado de dinero.

Las versiones de que La Empresa, lo mismo que La Línea, tiene muchos vínculos con la corporación municipal no son nada nuevas y hay varios incidentes que hablan de esa relación, lo que explicaría por qué la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no fue convidada al operativo.

Ahí están las historias de proteccionismo en torno al caso del Delta Uno, asesinado junto con dos escoltas que resultaron ser también policías municipales. También está el famoso tema del narcotúnel detectado muy cerca de la Plaza de la X, que siempre se vinculó con la operación de La Línea-La Empresa y la protección de agentes municipales.

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Hay mucha especulación y sospechosismo en torno al alcance del despliegue policial, cuando todavía no se disipa la tolvanera político-jurídica del CIA-gate y los conflictos entre órdenes de Gobierno, en medio de la tensión binacional y las acusaciones de narcopolítica en tiempos de la 4T, a partir del caso Sinaloa.

En el anticipado proceso rumbo al 2027, nada escapa ahora a la dinámica electoral, ni siquiera una intervención policiaca.

Ya veremos luego si los megacateos traen alguna otra intencionalidad política o generan algún otro impacto de coyuntura.

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César Jáuregui Moreno, el exfiscal general del estado que dejó su cargo en medio de un escándalo de alcances internacionales, terminó con el suspenso este 10 de junio: va por la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua, hasta donde tope.

En un mensaje que envió a través de sus redes sociales, Jáuregui despejó las dudas y les mandó decir a todos, propios y extraños, contrincantes y aliados, que sí va por la alcaldía y que se agarren, porque esto es en serio.

El anuncio llegó a las redes sociales 43 días después de que renunciara al cargo de Fiscal General del Estado, donde ejercía una posición de influencia tan notable que lo hacían ver como el “número 2” de la actual administración.

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La historia es bien conocida: dos miembros de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fallecieron en un accidente vehicular junto con dos agentes estadounidenses cuando volvían de realizar un operativo en el municipio de Morelos.

De ahí en adelante, todo fue rodar y rodar hasta la ya más que conocida comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Desde entonces, Jáuregui se convirtió en una “pálida sombra” que aparecía, pero no acababa de definir si iba o no por la candidatura.

Una participación en las movilizaciones en favor de la gobernadora Maru Campos le dio algo de lustre a su menguada carrera electoral, pero este 10 de junio decidió dejar las cosas en claro y salir de esa especie de semirretiro al que se mandó solo después de renunciar a la FGE.

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Allegados al exfiscal y ahora precandidato le contaron a Mirone que desde la semana pasada lo habían buscado para que se definiera, pues ya había grupos decididos a apoyarlo, pero ni así daba señales claras.

Incluso, se llegaron a acercar al exalcalde Juan Blanco Zaldívar, quien sería su compañero de fórmula, y ni este les supo decir si Jáuregui había “salido del grupo” de los aspirantes a la candidatura panista para gobernar la capital del estado.

Tras su anuncio, Jáuregui inicia un juego riesgoso en el que emprenderá una campaña electoral, al tiempo que la FGR continúa la integración de un caso que le compete a él, más que a nadie: la participación de agentes extranjeros en un operativo de seguridad pública, algo expresamente prohibido en la ley y en la Constitución.

Por lo visto, con todo y eso, se la va a jugar.

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El eterno caso en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez (2010-2016) por presuntos actos de corrupción tomó un nuevo giro, otro más de los que ha dado desde que inició hace más de seis años.

Resulta que el exmandatario estatal “despachó” al despacho que había llevado su defensa desde prácticamente el inicio del proceso judicial en su contra y ahora contrató en su lugar a un equipo de tres abogados que llevarán su defensa, como quien dice, en dos pistas: la local y la federal.

Entre los nombres que se suman a la causa del exgobernador destaca César Octavio Guadarrama Palomino, quien fuera defensor del empresario parralense Otto Valles Baca en el proceso penal que le abrió el gobierno de Javier Corral, dentro de la famosa —y ruinosa— operación Justicia para Chihuahua por presuntos actos de corrupción.

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El nuevo abogado insignia de la defensa duartista es un egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua que se conoce todo el teje y maneje de aquella Justicia para Chihuahua y le sabe a las rutas trazadas en la Ley de Amparo para eludir, si no es que tumbar, las causas penales contra sus defendidos.

Como es bien sabido, la causa penal contra Otto Valles Baca se vino abajo; los recursos promovidos por su abogado dieron resultado y hasta se dio el lujo de ser candidato a la Presidencia Municipal de Hidalgo del Parral por Morena en las pasadas elecciones, donde se llevó un sonoro fracaso.

Al nuevo grupo lo completan Javier Soto Orduño y César Guillermo Márquez Villa, ambos egresados de la Facultad de Derecho de la UACH.

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La repentina salida de los abogados Enrique Muñoz, Irvin Anchondo, Juan Carlos Mendoza y, especialmente, la de Héctor Villasana, tomó por sorpresa a muchos.

Desde el inicio del juicio, allá por el año 2022, ese grupo había llevado el caso no solo como representantes legales en la causa 3041-2019 contra el exgobernador, sino que hacían las veces de voceros, publirrelacionistas y hasta de médicos facultativos, cuando trataban de explicar los males de salud que aquejaban a su defendido.

La frase llevada y traída, esa que dice: “No cambies de caballo a la mitad del río”, parece caerle como anillo al dedo al exgobernador. Estrenará equipo de defensa justo a la mitad de 2026, cuando ya no se encuentra en la ciudad de Chihuahua en libertad condicional; ahora está en el penal del Altiplano, en el Estado de México, enfrentando una causa del fuero federal.

Allá cumplió cuatro años desde que llegó a Chihuahua para ser procesado por peculado y asociación delictuosa, pero el juicio aún no inicia.

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Bien dice el dicho que piensa mal y acertarás. Sobre todo si hablamos de las jugadas que se traen en distintos frentes los partidos y las figuras políticas rumbo al 2027.

Lo dice Mirone por la propuesta de reforma electoral que anunció el PAN ayer en voz de su presidenta estatal, Daniela Álvarez, y del coordinador del Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez.

Aunque insistieron en que lo fuerte del paquete de reformas está en buscar a nivel estatal lo que no se logró a nivel federal para anular candidaturas con vínculos al crimen organizado y blindar los procesos electorales de la injerencia de los grupos criminales, lo que más llamó la atención de Mirone fue la propuesta de legislar sobre equidad de género en torno a las candidaturas por la gubernatura.

No dieron a conocer el documento de la iniciativa ni explicaron bien a bien cómo sería el procedimiento que proponen, pero se entiende que la paridad se lograría vía alternancia de las propuestas, en las candidaturas de cada partido o respecto a la posición ya ejercida en el periodo inmediato anterior o por concluir.

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Aunque el coordinador de los diputados azules aseguró que la iniciativa no llevaba dedicatoria alguna, desde ayer le brincó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien consideró que “la pedradota” llevaba grabado su nombre.

Cruz aseguró que sí lleva dedicatoria para él por la forma en que ha crecido su proyecto en todo el estado y leyó la iniciativa en el sentido de que si Morena mandó candidato hombre en el 2021, para el 2027 tendría que ser mujer.

Adelantó que la propuesta de imponer género es anticonstitucional y que, si llegara a pasar en el Congreso del Estado, él la combatiría en instancias federales y se caería en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Esa fue una lectura, pero al interior de Morena no faltó quien la leyó de otra manera, suponiendo que la iniciativa planteara que todos los partidos tuvieran que postular a un hombre, porque actualmente ya gobierna una mujer. Ahí la dedicatoria sería contra la senadora juarense Andrea Chávez.

Una interpretación más se dio desde la broma que comentó algún periodista en la conferencia de prensa, al señalar que ya estaban destapando a la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez. Ahí la pedrada sería del propio PAN contra Marco Bonilla, el alcalde de la ciudad de Chihuahua.

Ya se verá exactamente en qué términos viene la propuesta que hasta ayer no se había presentado; simplemente se anunció que llegaría durante las próximas horas al Congreso.

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Hay lugares donde la realidad parece escrita por un guionista con un sentido del humor particularmente cruel. Uno de ellos es el edificio del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez.

Abogados que litigan regularmente en los juzgados federales de la avenida Tecnológico le cuentan a Mirone que cada visita al inmueble se ha convertido en una especie de viacrucis moderno. Y no precisamente por la complejidad de los asuntos jurídicos.

Resulta que el edificio donde se defienden derechos constitucionales, se tramitan amparos y se resuelven controversias sobre actos de autoridad, no tiene estacionamiento para litigantes ni para el público en general.

Así que la primera lección de autosuficiencia la reciben quienes buscan acceder a la justicia: cada quién que se rasque con sus propias uñas.

Los más afortunados encuentran espacio en el estacionamiento del Wendy’s, cruzando la avenida. Otros terminan en el McDonald’s, donde el acceso tiene costo obligatorio. El derecho de audiencia quizá sea gratuito, pero el de estacionarse ya es otra historia.

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Sin embargo, el problema apenas comienza.

Una vez dentro del edificio aparece una contradicción digna de estudio. Mientras los tribunales federales conocen asuntos relacionados con derechos humanos, accesibilidad, movilidad segura e inclusión, los usuarios deben enfrentar condiciones que parecen sacadas de una época donde esos conceptos todavía no existían.

Los elevadores llevan cerca de dos meses fuera de servicio. Dos meses. Y todo indica que nadie tiene demasiada prisa por devolverlos a la vida.

Un asunto sencillo de describir y complicado de padecer: quien necesite llegar a una ventanilla o a un juzgado debe hacerlo por las escaleras. Cinco pisos completos que recorren abogados cargando expedientes, adultos mayores, personas con problemas de movilidad, mujeres embarazadas, madres o padres que empujan una carriola y, en general, cualquier ciudadano que acude a buscar justicia federal.

Ahí es donde este reumático Don se pregunta, ¿cómo le hace una persona con discapacidad, un adulto mayor o alguien con una condición médica para ejercer plenamente su derecho de acceso a la justicia cuando el principal obstáculo no está en el expediente, sino en las escaleras del propio edificio?

Porque una cosa es hablar de accesibilidad en las sentencias y otra muy distinta es garantizarla en el inmueble donde esas sentencias se dictan.

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Y ahí es donde el asunto deja de ser una simple falla mecánica para convertirse en una metáfora institucional de tamaño considerable.

No deja de ser paradójico que en esos mismos juzgados se hayan ventilado recursos relacionados con movilidad urbana, accesibilidad y derechos ciudadanos, mientras quienes acuden diariamente a realizar trámites o presentar promociones tienen que sortear obstáculos que difícilmente pasarían cualquier examen moderno de inclusión.

En tiempos donde el Poder Judicial enfrenta reformas, cuestionamientos y debates sobre su legitimidad, resulta cuando menos desafortunado que uno de sus inmuebles más visibles proyecte exactamente lo contrario de lo que predica, dado que las instituciones no solamente se evalúan por sus resoluciones. También por la manera en que reciben a las personas que acuden a ellas.

Y si algo ha enseñado la discusión pública de los últimos años es que los derechos no pueden quedarse en el papel. Deben reflejarse en la vida cotidiana, en los espacios públicos y en las condiciones mínimas de acceso que cualquier ciudadano merece.

La justicia federal en Juárez sigue funcionando. Los juzgados siguen abiertos. Los expedientes siguen caminando. El problema es que los ciudadanos también tienen que hacerlo y por ahora, subir cinco pisos para demostrarlo.