Haber dejado a las organizaciones de la sociedad civil fuera de la planeación y presentación del Plan Juárez podría cobrar un precio muy alto a esta frontera, donde se concentra el 70 por ciento de los homicidios de la entidad, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Además, es contrario a la tesis del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya propuesta para recuperar la paz supuestamente es ir más allá de la acción policial de seguridad.
Aquí, autoridades de los tres niveles de gobierno -municipal, estatal y federal- después de dos años y medio de descoordinación y confrontaciones, presentaron la semana pasada la nueva apuesta con la que pretenden devolver la tranquilidad a los juarenses.
Pero, con el argumento de que se trata de una acción de seguridad cuya operación corresponde -desde la óptica del gobierno- solo a los cuerpos de seguridad, policiacos y militares, dejaron fuera del escenario a las organizaciones sociales.
Para Catalina Castillo, con más de 30 años de experiencia en la Red por la Infancia y la Organización Popular Independiente (OPI), con esa actitud los gobernantes están repitiendo errores del pasado.
Pretenden resolver el problema con más policías e inversión de dinero, sin incluir el elemento principal: la sociedad.
«Este plan como secreto que traen las autoridades que nuevamente se vuelve como a repetir la situación del 2008, 2010, 2012, 2014 (…), cuando tuvimos lo más álgido de la violencia en Ciudad Juarez».
«Yo creo que se repite un contexto muy violento, el aumento de niñas y niños en orfandad, el patrullaje y la violación de los derechos humanos a los juarenses y sobre todo a los de a pie, los que usan la rutera, el camión», detalló.
Aunado a eso, explicó, la ausencia de políticas públicas para la prevención, para la atención psicosocial de todos los habitantes de Ciudad Juárez agravaron la situación.
«Podemos decir que todas las familias hemos perdido un familiar, un amigo, alguien muy cercano en esta situación de mucha violencia en Juárez», ejemplificó.
Catalina es responsable desde 2016 de la Red por la Infancia que agrupa a 25 asociaciones que trabajan en Juárez desde 2005.
Es directora ejecutiva de la Organización Popular Independiente (OPI), autodefinida como una organización de base comunitaria que atiende desde hace 30 años el poniente de la frontera.
Su oficina esta en una calle del centro -pleno Barrio Alto, barrio bravo- donde el crimen controla que todo este tranquilo para distribuir drogas y traficar con almas, también con armas, mientras la policía vigila, de común acuerdo, arreglados.
La activista tiene claro que más policías y muchos millones invertidos no resolvieron el problema en el pasado, hasta que no involucraron a las organizaciones sociales que tenían, entonces como ahora, el pulso de la realidad cotidiana que viven miles de juarenses.
Para las autoridades actuales eso no aplica hoy.
Empecinados en resolverlo todo desde sus escritorios, el viernes 3 de mayo anunciaron el Plan Juárez, cuyo contenido se ocultó en un libro azul que fue a parar a los escritorios del alcalde Armando Cabada, el gobernador Javier Corral y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Alfonso Durazo.
Justificaron su confidencialidad en el supuesto riesgo de alertar a los delincuentes sobre sus estrategias.
El argumento deviene hueco, despues del bochornoso episodio en el que hace dos semanas los tres gobiernos entraron a los Ceresos de Chihuahua y Juárez y fueron incapaces de mantener los operativos en sigilo, como para de verdad dar un golpe a los cárteles que operan en dichos reclusorios.
De acuerdo con Castillo, si el Plan Juárez no incorpora a las organizaciones de la sociedad civil, será como cometer los mismos errores del pasado, cuando se enfrentó la crisis de violencia aumentando el número de policías y soldados, sin atender las causas.
En esos años de violencia las organizaciones aprendieron que si la estrategia de seguridad pública no lleva un enfoque de prevención y atención psicosocial a los habitantes, lo único que queda es la atención «directa y primitiva» de las autoridades.
Las palabras de Castillo son claras.
«Se trata de generar seguridad humana y seguridad ciudadana, no de tener más policías, sino realmente la atención desde los de abajo, cómo se generan realmente espacios de cuidado infantil, mas parques, más teatros».
El problema actual radica en que las autoridades tienen una deuda con Juárez y si no se ponen de acuerdo, como ha ocurrido en los actuales gobiernos, no generan las políticas públicas para una ciudad y un estado que viven literalmente en emergencia, y donde quienes han perdido son los ciudadanos, reflexionó.
Por el tsunami de violencia que tenemos, dijo Castillo, es necesario que se actúe de inmediato y de forma coordinada, no como lo hicieron las actuales autoridades.
“Cuando tú dices que hay una situación de emergencia social es para que todas las autoridades de los tres niveles de gobierno se asuman como los garantes de esto”, remató.
Pero las autoridades insisten en que el plan debe mantenerse en sigilo. El lunes pasado el gobernador dijo -a pregunta de Norte Digital- que en el Plan Juárez no entraban las organizaciones ya que se trataba de un asunto del Grupo de Coordinación, una especie de cuarto de guerra desde donde se dirigen operaciones encubiertas.
Aclaró el jefe del Ejecutivo que las organizaciones tenían un espacio en el Consejo Estatal de Seguridad Pública para hacer propuestas, pero en el caso de la Red por la Infancia y la OPI esa inclusión no existe, confirmó Catalina Castillo para este reporte.
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