Para mantenerlos en las mejores condiciones posibles, los cuerpos de las personas que fueron encontrados en el crematorio Plenitud fueron ingresados a una cámara frigorífica de una funeraria particular en el centro de la frontera, informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Alejandro Carrasco.
Se trata de un recinto que fue construido en tiempos de pandemia por la empresa funeraria Perches, y tiene capacidad para 700 cadáveres, precisó.
“Se han dado a la tarea de trasladar todos estos cuerpos de la manera más digna posible, hacia cámaras frigoríficas para su posterior identificación”, dijo el ombudsman.
La instalación está ubicada en la avenida Ignacio de la Peña entre Bolivia y Guatemala y lo que se está haciendo por parte de Fiscalía, es identificar a qué familia pertenecen los cuerpos, sobre todo por la ropa que portaban, tatuajes y placas dentales.
También se está aplicando una técnica de rehidratación de tejidos, para poder tener las huellas dactilares y de esa manera, pedir información al Instituto Nacional Electoral para saber, a quién pertenecen esas huellas dactilares, detalló.
Dependiendo del estado del cuerpo, esos procedimientos pueden tardar semanas o incluso meses.
Después de realizar un recorrido por la instalación el miércoles de la semana pasada, Carrasco pidió a las familias, durante el programa Mesa de Discusión Zona Nortea, “un poco de paciencia” porque los procedimientos criminalísticos tardan.
“No es tan fácil identificar a estas personas, porque por el paso del tiempo los cuerpos sufren cierta degradación”, indicó.
Una vez que la Fiscalía tenga los datos, personal de dicha institución se va a estar comunicando con las personas para decirles que probablemente un familiar suyo esté en dicho lugar, explicó.
Por parte de la CEDH lo que se está buscando es dar apoyo con contención psicológica a estas familias que están en la incertidumbre respecto a su familiar, refirió.
Al respecto, la doctora en Derechos Humanos, Olivia Aguirre Bonilla, quien también participó en la Mesa, opinó que el hecho de haber interrumpido el proceso de duelo, puede configurar un caso de tortura para los afectados.
“Iniciaron un proceso de duelo que se interrumpió por lo que pasó con los cuerpos, y que eso puede constituir incluso una especie de tortura”, expresó.
Otra situación que puede derivar de que los cuerpos no estén identificados es que se abre la posibilidad de que haya injerencia del crimen organizado.
“Lo peor es que si ahorita ya se destapó esa cloaca ¿Qué pasaría si también en esos crematorios hay cuerpos vinculados con el crimen organizado?”, cuestionó.
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