El Congreso del Estado, con 26 votos a favor y 0 en contra, incluyendo a los legisladores de Morena, solicitó este martes a la Auditoría Superior del Estado realizar una auditoria al municipio de Juárez para conocer si existe conflicto de intereses que afecten la administración pública.
Lo anterior, específicamente en las actividades e ingresos como servidor público del ciudadano Daniel Pando, quien funge como asesor del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, así como la relación de negocios que pudieran existir entre ambos servidores públicos.
El diputado del PAN Gabriel García Cantú presentó este punto de acuerdo en el que explicó que Daniel Pando había pasado de director de comercio a asesor del alcalde y que “nadie” sabe qué actividades realiza,
Además de que diversos medios de comunicación han manifestado que es propietario de una mansión ubicada en el fraccionamiento Campestre en esa ciudad, con un costo aproximado de 30 millones de pesos.
García Cantú añadió que basado en “fuentes periodísticas”, el funcionario fue de los “intelectuales” del programa “Juárez Iluminado” con el que aseveró se pretendía desfalcar con más de 300 millones de pesos a la ciudad, sin dar más detalles.
Al momento de llevarse a cabo la votación, el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, avanzó que votarían a favor el exhorto, ya que no hay información que se deba ocultar.
Avanza propuesta para dotar de fuero a titular de la ASE
También se dio luz verde para facilitar trámite del testamento
VIDEO: Desalojan a 270 personas del Congreso del Estado por simulacro de sismo
El inmueble fue evacuado dentro del lapso esperado por las autoridades
Invita Congreso a participar en el Parlamento de Mujeres de Chihuahua 2026
Se elegirán a 33 mujeres para que conformen este Parlamento en el que podrán externar sus inquietudes
Morena ve “regalo de despedida” para la gobernadora en reforma sobre venta de terrenos estatales
Cuauhtémoc Estrada acusó que diputados del PAN buscan eliminar la obligación de que el Congreso autorice la venta de bienes inmuebles del Estado, lo que permitiría al Ejecutivo disponer del patrimonio estatal sin supervisión legislativa