El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado a que le practique una auditoría forense a los últimos cuatro ayuntamientos de Juárez de años recientes, para que indague posibles irregularidades o comisión de delitos con el manejo del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores del Municipio.
El exhorto señala que hubo un daño por 118 millones de pesos, resultado de las participaciones federales que no recibió el Gobierno juarense debido al adeudo que enfrenta con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por no reportar el ISR de sus empleados en los años 2017 al 2021.
A propuesta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el Legislativo local practicar la revisión al ejercicio fiscal del Municipio en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, porque es en ese período en el que se cometieron omisiones en el entero al SAT del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores del gobierno municipal.
La petición agrega que, en caso de que la ASE encuentre ilegalidades u omisiones, denuncie ante las autoridades correspondientes.
En su exhorto, el Legislativo solicitó que se determine si el hecho antes mencionado constituye un delito, sea por acción como por omisión, debiendo la investigación abarcar no únicamente el ejercicio fiscal 2021, sino los cuatro años anteriores.
De ser así, se ejerza acción penal contra el o los responsables, demanda el Congreso.
Cabe mencionar que los años señalados en el exhorto corresponden a los períodos encabezados por los presidentes municipales Armando Cabada (Independiente) y Cruz Pérez Cuéllar (Morena).
La propuesta pasó con apenas 17 votos a favor, el límite para recibir la aprobación, mientras que los 12 integrantes de Morena, así como Irlanda Dominique Márquez y Amarica América Aguilar (PT) lo hicieron en contra.
A favor de la petición, votaron solo los 13 del PAN, tres del PRI y uno de Movimiento Ciudadano, de la diputada Alma Portillo.
La petición del Congreso incluye que se ejerza las acciones legales que procedan en contra de los servidores públicos responsables, independientemente del cargo que hayan ocupado o que ocupen actualmente.
El tamaño del daño
Además, le piden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que informe al Congreso sobre el monto del ISR no reportado.
Si bien señalan que el secretario de Hacienda estatal, José Granillo, ha mencionado la cifra de 118 mdp, le piden a la dependencia federal que detalle el dato para que la autoridad fiscalizadora estatal.
El propósito es que el Congreso pueda evaluar el daño causado a las finanzas municipales por la suspensión de las participaciones federales desde el pasado 6 de abril de 2026.
Sobre el particular, también exigen al SAT que explique por qué no ha presentado causas penales en contra de los probables responsables de esa elusión fiscal.
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