Ni hablar, César Jáuregui pasará las fiestas navideñas en el penal del Altiplano, lejos de su tierra, de la grilla y de la efervescencia política que vive su partido, el PAN, en torno a la designación de la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua.
Las próximas audiencias para resolver los recursos de impugnación que interpuso su defensa contra los autos de vinculación a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y traición a la patria se celebrarán, en el mejor de los casos, a mediados de enero próximo, si todo sale bien, al menos para el imputado.
El asunto, además de la lentitud con la que se mueve nuestro sistema judicial —bueno, todo el sector público de este país—, es que en medio de esos plazos se atravesará el asueto del “Lupe-Reyes”, que, en el caso de los juzgados federales, comenzaría el 18 de diciembre. De ahí, a esperar hasta enero.
La defensa va por todas las canicas. Busca echar abajo las vinculaciones a proceso por los dos delitos mencionados y liberarlo de una vez por todas de la causa penal por coalición. En esa causa, el juez ya resolvió no vincularlo a proceso, pero la defensa ahora enfrenta una apelación de la FGE. La urgencia era que saliera de prisión, como diera lugar.
**
Como se sabe, en la causa penal del fuero común, el juez del Distrito Morelos, Luis Alberto Simental Ortega, vinculó a proceso al exfiscal, pero le concedió la libertad condicional como medida cautelar.
Sin embargo, Jáuregui no alcanzó a dar un solo paso hacia la calle porque ya lo esperaban agentes federales para trasladarlo ante el juez federal Alfonso Santos Dorantes, quien lo vinculó a proceso por traición a la patria y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva en el penal del Altiplano.
La situación complica las aspiraciones de quienes todavía abrigan esperanzas de que compita por la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua. Mientras permanezca en prisión preventiva, sus posibilidades de participar en el proceso interno estarán seriamente condicionadas.
Además, habrá que revisar los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad aplicables, pues la sola existencia de una vinculación a proceso no equivale automáticamente a la pérdida de derechos político-electorales.
**
Lo que ahora ocupa a la defensa es escudriñar entre las autoridades federales y locales, así como en los juzgados de ambos fueros, para averiguar si realmente existen otras causas penales contra Jáuregui, tal como trascendió semanas atrás, cuando se hicieron públicas las conversaciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos.
En aquellas fechas, la propia fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dio a conocer que la gobernadora Campos había denunciado que su fiscal estaba cometiendo “actos de corrupción” y, además, operaba casinos.
Hasta ahora, no se ha hecho pública evidencia de que exista una investigación sustentada en esos señalamientos.
Las vacaciones están a la vista y, si ya de por sí los juzgados están saturados, con la prisa por salir de asueto las cosas se pondrán todavía peor. Por lo visto, el penal del Altiplano continuará siendo El Palacio del César.
——ooo——-



A alguna mente genial se le ocurrió dejar para las últimas semanas del año las obras de infraestructura en las zonas comerciales de Juárez, justo en la época navideña.
Así es como la sociedad juarense pasará la temporada decembrina entre zanjas, cierres y desviaciones. Y todo ese engorro, en la época más esperada por el comercio local. Tocará hacer las compras, entregar mercancía y concretar las ventas con las que muchos negocios esperan cerrar el año brincando zanjas, sacudiéndose el polvo y sacándole la vuelta a la revolvedora de cemento.
**
El alcalde suplente, Héctor Ortiz Orpinel, ya llevó el asunto al Gobierno del Estado. Habló con el secretario de Obras Públicas, Jorge Chávez Peña, para pedirle que durante las fiestas navideñas se concentren en trabajos complementarios y dejen abiertos tantos carriles como sea posible.
Se trata de los pasos inferiores de paseo de la Victoria, en los cruces con Gómez Morín y Teófilo Borunda. El alcalde lo planteó como una medida para evitar más congestión vehicular y peatonal, pero el problema también se cuenta en pesos. ¿Cómo mantener las compras y la actividad económica entre tantas obras?
Mire nada más el número que el propio Ortiz salió a presumir después del Buen Fin. La derrama preliminar superó los 3 mil 200 millones de pesos, con alrededor de 2 mil 800 establecimientos participantes. Falta que Canaco cierre el balance, pero la cifra permite dimensionar lo que se mueve en estas fechas.
Ahora viene la temporada navideña. Los comercios necesitan recibir mercancía, los proveedores repartirla y los trabajadores llegar a tiempo. Los compradores también tendrán que sacar cuentas, aunque sea de cuánto tardarán en ir y volver.
Ahí es donde los calendarios de obra empiezan a meterse en las cuentas de los negocios. Más tiempo en los traslados puede significar mayores costos y dificultades para vender y distribuir. Todavía no se ha presentado una estimación de esas afectaciones. Esa cuenta también hace falta, junto con los porcentajes de avance de los puentes.
**
Mientras Ortiz asegura que la coordinación con el Estado y el Fideicomiso de los Puentes Internacionales de Chihuahua marcha muy bien, su director de Seguridad Vial, Jesús Manuel García, dejó un recordatorio. Antes de modificar la circulación deben avisarle al Municipio. Hasta para instalar señalética. Buena coordinación, sí, pero tampoco se mandan solos.
A la JMAS también le tocó su apurón para liberar espacios en Talamás Camandari y Yepómera. Vialidad ofrece ajustes semafóricos y más agentes, mientras el alcalde pone como ejemplo el puente de Juan Pablo II y Valle del Sol, donde asegura que ha mantenido el tránsito.
Falta ver si todo eso alcanza y qué ajustes acepta hacer el Estado. Diciembre no va a esperar a que terminen los puentes, y los negocios tampoco pueden aplazar sus gastos hasta la inauguración.
——ooo——-
En el PAN ya se pusieron de acuerdo en qué quieren hacer. Ahora falta que decidan cómo, y ahí va a estar el meollo del embrollo.
En la sesión del pasado 7 de noviembre, el Consejo Estatal aprobó que la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua se defina mediante el método ordinario de selección, en lugar de recurrir directamente a la designación. Quedó en el aire cómo se llevaría a cabo ese proceso.
Se recurrirá a las encuestas, ciertamente, pero quedó por definir si se aplicarán a la población en general o únicamente a la militancia panista.
Ahí está el quid, porque hay fuerzas que jalan de un lado y de otro. Unos quieren que se consulte a cualquier persona radicada en la ciudad de Chihuahua. Otros piden que sea un asunto que se quede “en casa”.
**
Cercanos a ese proceso le contaron a Mirone que los jaloneos para definir el método están tan fuertes en este momento que el acuerdo entre las partes no ha podido avanzar.
Quienes piden una elección entre la militancia son, obviamente, los que quieren una candidatura con certificado de origen: panista hasta la médula y sin ningún dejo de pasado político en otro partido.
Del otro lado están quienes buscan construir una candidatura ciudadana que convoque tanto a militantes y adherentes del PAN como a quienes simpatizan con una propuesta abierta a los distintos sectores de una sociedad tan compleja como la de Chihuahua.
La resolución quedará en manos de la Comisión Permanente Estatal y de la Comisión Permanente Nacional. Así que, al contrario de lo que algunos comentan, esto no se resolverá ni mañana ni pasado mañana. Hay que aguantar un rato las ansias.
**
Quienes observan el proceso desde dentro, sin involucrarse necesariamente con una u otra corriente, advierten que el panismo puede volver a tropezar con procedimientos que en el pasado terminaron por dividir al partido y debilitarlo frente a sus adversarios. Esta vez, el rival será Morena.
Los más avezados recuerdan aquellos tiempos de las asambleas de militantes en las que los grupos no se ponían de acuerdo y terminaban eligiendo a un candidato que no era del agrado de un segmento importante del panismo. Pregúntenles a los panistas que tuvieron que soportar la derrota en la elección de gobernador de 1998 para que les cuenten cómo se siente salir desunidos a buscar el voto popular.
Lo irónico del caso es que sea precisamente la capital la que se convierta en un foco de alarma para el partido blanquiazul, pese a que ahí tiene prácticamente todo ganado: los cinco distritos locales, los dos federales y la Presidencia Municipal. El candidato es el alcalde con licencia y la gobernadora fue alcaldesa. ¿Tanto control para que, al final, todo se les salga de las manos?
——ooo——-
El desierto chihuahuense, antes apacible en esta parte del estado, es ahora un auténtico hervidero de violencia.
En apenas dos años, la violencia cambió de escenario en la región centro-oriente de Chihuahua. Su epicentro se desplazó de Ojinaga a Aldama, sin que la disputa criminal encontrara freno.
El saldo es de 113 homicidios dolosos en cuatro municipios entre septiembre de 2024 y el 23 de septiembre de 2026.
El desglose de la Fiscalía de Distrito Zona Centro es contundente. Hubo 62 víctimas en Aldama, 29 en Ojinaga, 20 en Coyame del Sotol y dos en Manuel Benavides.
Es el auténtico Llano en llamas.
**
La cifra muestra cómo se extendió una disputa que ya rebasó la franja fronteriza.
La refriega comenzó el 21 de septiembre de 2024, cuando once hombres fueron encontrados sin vida detrás de las instalaciones de la CFE en Ojinaga. Desde entonces, la confrontación entre grupos vinculados a Los Cabrera y La Línea reconfiguró el mapa de la violencia.
Los números muestran el cambio. En Aldama se registraron ocho homicidios en los últimos meses de 2024, 32 en 2025 y 22 del 1 de enero al 23 de septiembre de 2026. En Ojinaga, la cifra bajó de 19 víctimas en el último tramo de 2024 a ocho en 2025 y a dos en el periodo de enero a septiembre de este año.
Mientras los homicidios bajaban en la fronteriza Ojinaga, la violencia se extendía como mancha de aceite hacia los municipios vecinos y golpeaba con particular fuerza a Aldama.
**
Los episodios de 2026 muestran el alcance de esa expansión. En abril, la violencia llegó a Falomir y El Pueblito. En mayo, policías estatales fueron emboscados. En septiembre, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal recibió impactos de armas largas durante un operativo en la zona de Coyame y Ojinaga.
Uno de los tripulantes resultó herido de bala en la cabeza. Aunque se reportó que se recuperaba con rapidez, el agente todavía no ha podido reincorporarse a sus funciones. A finales de octubre se reportaron nuevos enfrentamientos e incendios de vehículos en las inmediaciones de Chorreras y El Potrero.
El Gobierno estatal presume detenciones y despliegues. En esos dos años se reportó la detención de 175 personas. El Gobierno ya envió a 180 efectivos de la SSPE para reforzar la vigilancia, pero la violencia apenas empieza a ceder. La persistencia de los ataques obliga a preguntarse cuánto han servido esas acciones para recuperar el control territorial.
Ciento trece muertos en dos años. Y un territorio cada vez más amplio donde el miedo también está desplazando a la gente.
¿Cuántos municipios más tendrán que pagar el precio de una guerra que comenzó en la frontera y que, poco a poco, ha avanzado hacia el interior del estado? ¿Cuántas comunidades más tendrán que dejar sus casas, sus ranchos y su forma de vida?
Don Mirone