El Gobierno del Estado de Chihuahua pagará 513 millones de pesos a la empresa constructora que realizó la obra de la Ciudad Judicial.
Tras un litigio que inició en la administración de César Duarte y continuó en la de Javier Corral, la SCJN favoreció a la empresa demandante.
El pago se hará a lo largo de tres años, sin que genere intereses, según información oficial emitida por el Gobierno del Estado.
En enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Estado que había desechado el amparo contra ese pago. Esta resolución obligaba a la actual administración a pagar la suma solicitada.
“El Gobierno del Estado ha tratado de mitigar el impacto en el presupuesto, debido al elevado monto a que ha sido condenado a pagar”, dice el comunicado.
Llegaron a un acuerdo Gobierno estatal y constructoras
Así, se llevó a cabo una negociación con el consorcio de empresas constructoras y se logró un acuerdo benéfico para el Estado de Chihuahua.
De acuerdo con el boletín oficial, se logrado una disminución de aproximadamente 150 millones de pesos del monto al que fue condenado el Estado.
Este miércoles se llevó a cabo la ratificación del citado convenio así como el primer pago para iniciar con la liquidación de esta deuda heredada.
En el comunicado, la administración encabezada por Maru Campos acusó a la de Javier Corral de tratar de alargar el cumplimiento de la sentencia. Esto, mediante amparos que desechaban los tribunales federales por improcedentes.
Ante el incumplimiento de pago, en el año 2016 el consorcio de empresas constructoras demandó al Gobierno del Estado
Después de agotadas todas las instancias estatales y federales, el consorcio obtuvo sentencia favorable el 30 de septiembre de 2020
Sin embargo, la administración de Javier Corral prefirió continuar el litigio mediante presentación de juicios de amparo, los cuales fueron desechados por improcedentes.
Agrega que el conflicto legal derivó de la decisión de los dos gobiernos anteriores de no pagar. Esto, a pesar de que la administración Duarte recibió la obra de conformidad.
La negativa de pago derivó en una sentencia, misma que se trató de combatir por medio de amparos.
De ahí que la actual administración firmó un convenio de pago con el consorcio de empresas constructoras que realizaron el “Centro de Justicia”.
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