Lo de Alejandro Alberto Jiménez Vargas con Cruz Pérez Cuéllar ya nomás necesitaba una fotografía. El regidor formalizó una adhesión que, a estas alturas, ya no era sorpresa ni para el más desentendido de los temas de la grilla preelectoral.

Después de sus deslices en el Cabildo y de renunciar al PAN en cuanto supo que lo querían expulsar, Jiménez apareció donde sus pasos ya apuntaban: en el proyecto político de Cruz Pérez Cuéllar.

A ese Dream Team “de oposición” que dejaron a sus respectivos partidos se suman ahora dos priistas: el exalcalde Alfredo Urías Cantú y Maurilio Fuentes Estrada, quien hasta marzo estuvo al frente de la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, dentro del Gobierno de Maru Campos.

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Jiménez aprovechó el acto para sacar a relucir los recuerdos. Contó que conoce a Cruz desde muy joven y recordó las enseñanzas políticas que recibió de él. Cruz respondió con elogios a su liderazgo, capacidad y talento, incluso expresó: “Dios los hace y ellos se juntan”, frase que arrancó carcajadas a los presentes. Entre recuerdos y reconocimientos, el regidor terminó de ponerle nombre a una cercanía que ya se daba por sentada.

Jiménez ya estaba con los dos pies fuera del PAN, pero ahora se confirma como un activo del proyecto político del coordinador morenista que busca llegar al Gobierno del Estado de Chihuahua en 2027.

Para quienes todavía preguntaban hacia dónde iba Jiménez, ahí quedó la respuesta, con micrófono y fotografía.

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Por otra parte, las otras dos adhesiones tienen su propia lectura. Urías llega al equipo crucista con el antecedente de haber sido presidente municipal, en tanto que Fuentes se suma después de haber formado parte de la administración panista de Maru Campos. Dos trayectorias priistas que ahora se incorporan al proyecto de Cruz, abanderado de Morena.

A ellos se sumaron Julio Coronado y Naylea Soto, quienes recientemente renunciaron al PAN. El encuentro sirvió para exhibir respaldos de distintas procedencias ante cientos de asistentes, según los organizadores.

Eso sí, lo anunciado es una adhesión al proyecto de Pérez Cuéllar, no una afiliación automática a Morena, eso dijeron.

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“¡Que sea parejo!”, gritan los empleados de la Defensoría Pública Federal adscritos a Ciudad Juárez, que nomás no encuentran la puerta con todo el trabajo que se les ha acumulado y sin que se asome siquiera la posibilidad de que lleguen refuerzos para cubrir la plaza.

Nada más hay que voltear a ver la cifra: tres de cada cuatro asuntos que lleva el Servicio de Defensoría Pública en el estado corresponden a la frontera, mientras que el resto se reparte entre la capital, Parral, Delicias, Cuauhtémoc y otros municipios del estado.

El problema para los defensores adscritos a Juárez es que tienen prácticamente la misma cantidad de personal, recursos y espacios para atender ese montonal de trabajo que sus “colegas” de los otros municipios, quienes tampoco están precisamente en un lecho de rosas, pero cuya carga no tiene comparación con la de los juarenses.

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Un oficio enviado por el Sindicato del Poder Judicial Federal al Instituto Federal de Defensoría Pública describe la difícil situación por la que pasan los empleados de la delegación Juárez debido a la falta de personal y a que no se ha cubierto una serie de vacantes que permanecen “en el aire” tras la renuncia de sus anteriores titulares.

Desde el 27 de octubre pasado, la representación sindical le hizo saber a su dirección nacional que les urge cubrir las plazas vacantes y establecer mecanismos temporales de apoyo entre las distintas sedes para equilibrar las cargas de trabajo.

Si no lo quieren creer, aquí les va el dato: Ciudad Juárez concentra el 75.1 por ciento de los asuntos, mientras que el 24.9 por ciento restante se distribuye entre las demás sedes.

A la fecha del envío del oficio —cuya copia obra en poder de Mirone— iban cinco mil 574 expedientes en todo el estado y, de esos, cuatro mil 187 correspondían nada más a Juárez.

Para darse una idea de lo que plantea el sindicato: cada oficial de Juárez carga con 232.6 casos, en promedio, mientras que los del resto del estado traen 81.6.

Así, ni cómo garantizar una atención de calidad a las personas usuarias de ese servicio, que es un derecho constitucional de todo ciudadano mexicano: el acceso a la defensa jurídica.

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Como si algo faltara, en lugar de abrir más plazas y contratar a un mayor número de defensores, la Defensoría no ha cubierto siquiera las vacantes que tiene pendientes de asignar.

Según el oficio del sindicato, hay cuatro plazas de oficiales administrativos que actualmente carecen de cobertura ordinaria: dos corresponden al área de defensa pública penal; una, a la renuncia de una persona adscrita a la Fiscalía General de la República; y otra, a la ausencia temporal de una persona adscrita al Juzgado Quinto de Distrito, debido a una licencia de paternidad.

¿Cómo se han cubierto esas ausencias? Fácil: repartiéndoles el trabajo a los que están en operaciones, a pesar de que ya están colmados de expedientes por despachar.

Lo que pide el sindicato es que se reparta por parejo la carga entre las otras oficinas del estado, se contrate ya al personal para cubrir las vacantes y se haga un diagnóstico integral de las cargas laborales del personal administrativo y jurídico en toda la Delegación Chihuahua.

¿Es mucho pedir? No, si se tiene en cuenta que se trata de la prestación de un servicio vital para la impartición de justicia, que es un derecho universal que tiene todo ciudadano mexicano.

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Al que apenas le dio tiempo de acomodarse en la silla y ya le están haciendo un expediente de quejas es a Mauricio Rafael Romero Gutiérrez, identificado por los inconformes como jefe de la Policía Federal Ministerial en Chihuahua.

Le cuentan a Mirone que llegó hace unos meses procedente de Culiacán, Sinaloa, y que por estos rumbos ya tiene a parte de la tropa bastante alebrestada.

El malestar también alcanza a Yuliana López Hernández, a quien los quejosos ubican como su colaboradora y responsable del área jurídica, llegada de la Fiscalía General del Estado.

Según los testimonios recibidos, entre ambos han puesto el ambiente de oficina más pesado que una guardia doble. Hablan de presuntos malos tratos, amenazas de sanciones y advertencias de despidos.

Eso cuentan desde adentro. Eso sí, falta escuchar qué responden los señalados, porque el expediente de pasillo ya empezó a circular fuera de la oficina.

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Llegar un minuto tarde, aseguran los inconformes, basta para que les recuerden el catálogo de sanciones. Y entre llamada de atención y llamada de atención, dicen, les van dejando caer que se aproximan las bajas.

Los trabajadores sospechan que tanta dureza busca orillarlos a presentar la renuncia “voluntaria”. De esas voluntades que, según describen, se van fabricando a punta de presión.

También refieren menosprecio y descalificaciones contra personal administrativo y operativo. Una cosa será poner orden y otra tener que explicar el mando si las conductas denunciadas ocurrieron como las cuentan.

Porque disciplina es lo que se espera en una corporación policial. Que la tropa termine buscando quién la defienda de sus propios jefes ya es otro asunto.

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“Estamos hartos de tanta violencia de género y hostigamiento laboral”, dice uno de los mensajes que llegaron a Mirone desde las entrañas de la corporación.

Los inconformes hablan de llevar el asunto a instancias laborales y de derechos humanos. Hasta ahora, el material recibido no identifica una queja formal ni un número de expediente; lo que sí deja ver es el tamaño del malestar de quienes se acercaron a esta columna.

Habrá que conocer la versión de Romero Gutiérrez y López Hernández, así como la respuesta institucional de la FGR, porque las acusaciones no se aclaran solas ni con otro pase de lista.

Por lo pronto, en la Federal Ministerial el tiro es entre compañeros de oficina. Y a los mandos ya les están pidiendo cuentas desde sus propias filas.

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En la JMAS no dejaron enfriar la silla de Rosa María Matus. Le cuentan a este Mirone que Judith Sánchez Suárez ya está cubriendo la Dirección Jurídica, hasta ahora con el conocido letrero de “provisional”.

Esos encargos de “despacho”, lo sabemos, suelen propiciar que la persona que está al frente se quede y eche raíces, como parece ser el caso que nos ocupa, porque dentro de la JMAS hay quienes ven a Sánchez Suárez quedarse como la mera jefa.

La salida de Matus ocurrió después de siete años en la descentralizada. No era precisamente alguien que necesitara que le explicaran dónde estaba parada ni qué responsabilidad recaía en cada firma.

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Tal como se lo había contado Mirone, a Matus ya no le gustaba que algunos expedientes, incluidas licitaciones, llegaran prácticamente armados desde fuera del área jurídica y que a ella le reservaran el último trámite: poner la firma.

Según las versiones recibidas por este Don, tampoco levantó la mano para acompañar todo lo ocurrido durante la polémica sesión del Consejo, incluidos ciertos asuntos relativos a la operación de las plantas tratadoras.

No necesariamente por ahí se explica toda la salida, pero el antecedente ayuda a entender que las diferencias ya tenían recorrido.

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La que ahora ocupa el escritorio tampoco llegó ayer a la JMAS. Según los datos que le comparten a Mirone, Sánchez Suárez estaba en contrataciones públicas desde enero, adonde habría llegado contratada por Marco Licón (q.e.p.d.).

Le atribuyen, además, experiencia como jueza Tercera Civil de la Audiencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es decir, el relevo conoce tanto de los documentos, como del peso que pueden adquirir al llegar a un juzgado.

En la JMAS de Alberto Paredes Arroyo, por lo pronto, ya resolvieron quién cubre Jurídico. Falta saber si se queda y cómo avanzan los asuntos que generaron diferencias con su antecesora.

Dicen que el agua que no has de beber, mejor déjala correr, pero aquí no se trata del líquido, sino de los cargos en la Junta de Aguas de Juárez, de esos que dan “un chorro” de felicidad al que los ocupa.

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El grupo de panistas autodenominado El Bloque se reunirá este jueves para continuar redactando sus cartas a Santa Claus, no de cara al 24 de diciembre, sino al proceso electoral de 2027, que, de hecho, ya comenzó.

Ahí estarán los integrantes de esa especie de “montón”, que incluye a diputados locales, regidores y funcionarios de la administración municipal, quienes hace una semana se reunieron para hacer un llamado a la unidad partidista ante la disputa por la candidatura panista a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

¿Qué quieren? Toda una lista propia de una mesa de regalos: que el panismo no se cuartee en vísperas de la campaña constitucional, algo que les ha pasado una y veinte veces desde que comenzaron a convertirse en una opción real de acceso al poder.

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A diferencia de otras elecciones, cuando las fracturas provenían de disputas entre grupos —como la de 1998, de antología, que les costó perder la gubernatura— o de acusaciones de fraude electoral interno, como las de 2012, en esta ocasión hay un factor que el panismo local no había enfrentado desde que se tienen registros de su actividad partidista.

Uno de los aspirantes a obtener la candidatura, César Jáuregui Moreno, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de traición a la patria. Además, enfrenta otra causa penal del fuero común, promovida por la Fiscalía General del Estado.

La detención del exfiscal y dos veces diputado local abrió una herida en una parte del panismo que difícilmente cicatrizará mientras su “gallo” permanezca en prisión, lejos de la capital y de la posibilidad de contender por la candidatura del PAN en una plaza como Chihuahua, donde los panistas gobiernan el municipio desde hace diez años.

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El grupo lo integran los diputados Carlos Olson y Jorge Soto, quienes en algún momento se enlistaron como aspirantes a la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal. Caso similar es el de Rafael Loera, exfuncionario estatal que mantiene sus aspiraciones, pese a haber quedado fuera del Gabinete de la gobernadora Maru Campos.

También están la diputada Carla Rivas y los regidores Félix Martínez e Isaac Olivas, quienes se dejaron ver en actos proselitistas de César Jáuregui cuando andaba “encampañao”. A ellos se suma el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, cercano al virtual candidato a gobernador, Marco Bonilla Mendoza.

Si van por la “Unidad Azul”, como le llaman a su objetivo, la tienen difícil. La disputa interna del PAN se enrareció todavía más con las últimas revelaciones en torno al caso de los agentes estadounidenses que habrían colaborado con la FGE durante la gestión de Jáuregui, sin autorización del Gobierno federal.

La lucha se le hace, pero no se ve cómo puedan resanar esa grieta a estas alturas de la contienda. Y menos cuando la herida que abrió el caso Jáuregui sigue sin cerrar.