René Carrasco Rojo, regidor independiente y coordinador de Servicios Públicos, dijo no tener facultad para intervenir en el tema de la colocación de pendones publicitarios en el mobiliario urbano, práctica prohibida por el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana y tolerada por el Ayuntamiento de Juárez.
A propuesta de la propia Comisión de Servicios Públicos, el Ayuntamiento de Juárez acordó retirar los anuncios que fueron colocados de forma indebida, “limpiar” la ciudad y sancionar a los responsables, a la fecha la administración no ha cumplido con el ordenamiento.
El tema se discutió el 27 de abril de 2019, durante la Sesión de Cabildo Número 27, en ausencia del alcalde Armando Cabada, quien solicitó permiso para abandonar el lugar ante el posible conflicto de interés que podría enfrentar por la empresa que es de su propiedad, Don Boletón.
La falta de respuesta, propició que Francisco de Asís Navarro Solano, interpusiera una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el 17 de febrero de este año, en la que pide al organismo que investigue las irregularidades, que el Municipio responda a la denuncia y que sanciones a los funcionarios responsables.
Carrasco Rojo menciona en su respuesta a la CEDH que aún cuando a los regidores tienen funciones de inspección y vigilancia, en esta caso, en la Comisión de Servicios Públicos, no le corresponde ninguna acción en este tema.
“No obstante no corresponde al suscrito el ejercicio de la acción, pues la atribución específica de imposición de sanciones o toma de decisiones respecto al asunto no deviene de la comisión en cuestión…”, expresa Carrasco Rojo.
Navarro Solano, el promovente de la queja, dijo que tanto Magdaleno Silva López, regidor por Morena y José Ubaldo Solís, edil independiente, no han respondido a la CEDH.
Señaló que aunque todos los integrantes del Ayuntamiento de Juárez están obligados a responder al organismos de derechos humanos, la responsabilidad directa es de las dependencias del ramo, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano.
En su queja, Navarro Solano anexó un trabajo de inspección propio, que tiene como base una cantidad de mil 200 pendones por semana ubicados, lo que representa 168 semanas en lo que va del gobierno de Cabada, lo que da un total de 201,600.
El cálculo equivale a 3.2 millones de pesos semanales, que por las 168 semanas representa un daño a la hacienda por 547 millones de pesos, con base de la multa de 30 UMA´s por metro cuadrado, que equivale a 2 mil 535.70 pesos.
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