A mes y medio de que las autoridades de los tres niveles de Gobierno anunciaron el Plan Especial Juárez, para enfrentar el problema de la inseguridad, grupos delictivos mantienen los índices de homicidios al alza en Ciudad Juárez.
Para algunos líderes empresariales y de la comunidad la causa de los pocos resultados es la ausencia del Gobierno federal para combatir delitos que le competen, y también la necedad de los Gobiernos locales de querer implementar estrategias de espaldas a la sociedad.
Los números les dan la razón. En el periodo de enero a mayo de 2019 esta frontera registró 63 por ciento más homicidios respecto al mismo periodo del año anterior.
Esto significa que mientras en los primeros cinco meses de 2018 ocurrieron 370 asesinatos, este año en el mismo lapso fueron 605; es decir, 235 crímenes más.
Desde el anuncio del Plan Especial Juárez se incrementaron patrullajes por la zonas conflictivas, en los cuales se incorporaron elementos del Ejército mexicano.
Ahora es común ver a soldados a bordo de unidades tanto de la Policía Estatal como de la Municipal; ya empezaron también los reportes de cateos no autorizados por autoridad judicial e incluso denuncias contra sujetos que se hacen pasar por agentes federales.
A la par, la ocurrencia de homicidios no baja, sino al contrario. El mes de junio ya suma 91 crímenes al cierre de esta nota, incluidos 9 acaecidos en las últimas doce horas.
La semana pasada criminales esparcieron restos humanos en la zona del Valle de Juárez, después que en los días previos se enfrentaron a balazos y atravesaron un autobús para bloquear la carretera Juárez-Porvenir.
Desde hace días no ha dejado de reportarse casi a diario el hallazgo de personas asesinadas dejadas en la vía pública envueltas en cobijas o dentro del porta equipaje de algún vehículo, conocido modo de operar de las bandas criminales.
Las explicaciones sobre que la causa de los asesinatos radica en el enfrentamiento de grupos delictivos que se disputan la venta de drogas, ya no es suficiente.
Ya es trillado el discurso de que en la raíz del problema está la distribución de drogas al menudeo y los grupos que se disputan ese mercado que corrompe familias enteras y solo causa desolación, luto y violencia.
Falta de atención federal
Para Rogelio González Alcocer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Juárez (Canaco), el problema denota una gran falta de atención de parte del Gobierno federal.
Lo anterior porque a dicha autoridad corresponde por ley investigar, castigar e inhibir la comisión de los delitos relacionados con compra, venta y distribución de drogas, así como el tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército.
“Sí hay un problema de homicidios y este tiene como trasfondo la compra venta y consumo de drogas, tiene como trasfondo la delincuencia organizada, y estos temas son de atención federal”, recordó González.
Hizo énfasis en que aunque otro tipo de delitos como robo a comercio, extorsión y secuestro van a la baja, los homicidios tienen el efecto de desmotivar a las personas a salir de sus casas, y dejan un alto grado de estrés en el entorno.
A la larga el impacto negativo se pasa también a la economía porque ya nadie quiere salir a divertirse o a pasear, refirió.
Dijo que a pesar de la implementación del Plan Especial Juárez, acordado por el gobernador Corral con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño, la Fiscalía, el Ejército y la Presidencia municipal, los índices delictivos no se han visto reducidos.
“El documento suscrito por los integrantes del Grupo de Coordinación Chihuahua pretende una mejor coordinación para el combate a la delincuencia organizada, (pero) a pesar de las estrategias legales, de inteligencia, de equipamiento, y demás, todavía no es posible ver resultados positivos”, reprochó.
Sin evaluación social
La coordinadora de la red Mesa de Mujeres, Cecilia Espinoza, criticó que para la implementación del plan no se haya convocado la participación de organizaciones de la sociedad, porque no se trata solo de que los tres gobiernos se coordinen.
“Esos planes de atención a la situación de violencia, debe haber una coordinación con los tres niveles pero también convocar a la participación ciudadana para generar estrategias efectivas que lleven acciones preventivas, disuasivas y de atención”, expresó Espinoza.
“Por eso es indispensable que el Plan se vea de manera integral porque de lo contrario queda muy débil o muy enfocado a unas áreas y descuidando otras”.
“Lo que hemos podido ubicar es que se enfocan en atender lo inmediato pero no la prevención, incluso en los presupuestos, para garantizar medidas de no repetición de estos hechos”, refirió.
En cuanto a que el Gobierno haya optado por no compartir la información del documento, afirmó que la participación de la ciudadanía es indispensable porque solo así se puede garantizar que el cambio de estafeta política no va a detener los avances.
Aclaró que no se trata de que revelen sus tácticas, sino de que rindan cuentas y sean evaluados por entes ajenos al propio Gobierno.
“Que expliquen en qué consiste, sin estropear las tácticas, pero sí deben rendir cuentas a la ciudadania para que los evaluemos, sobre todo en cuanto a los resultados de disminución de la violencia”, asentó.
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