Ni una sola semana del 2020 la delincuencia dio tregua a los juarenses. Han matado a más de mil 600 personas en el año, a un promedio de 145 cada 30 días. Son los muertos de la administración de Javier Corral.
Desde el inicio de la administración estatal, en 2016, la cifra anual de homicidios marcó tendencia al alza.
Cuando se empezó a observar que las cifras no bajaban, el gobernador Javier Corral dijo a la prensa que el problema venía de antes.
La administración de César Duarte ocultó homicidios y hubo subregistro de víctimas de asesinato.
«Las desaparecieron en decenas de fosas clandestinas», fue su explicación.
Los muertos de Corral: Los números no mienten
Pero los números son duros y elocuentes por sí mismos.
En 2017 fueron 771, en 2018 mil 245 y en 2019, mil 494 asesinatos en esta frontera.
Todavía no acaba el 2020 y ya van mil 617.
Apenas en los últimos tres meses hubo una contención que en la Fiscalía se ha tomado con optimismo.
Bajar a 97 asesinatos en un mes se ha celebrado como si significara un remanso de tranquilidad.
La realidad es que aún no se vislumbra una tendencia sostenida a la baja.
Octubre con 137, septiembre con 114, agosto con 162, julio con 166, junio con 169, mayo con 137, abril con 174, marzo con 159, febrero con 115 y enero con 120 crímenes no son números para presumir.
Lo que reflejan las estadísticas es que los grupos de delincuencia organizada siguen disputándose la plaza.
Hace un año eran siete organizaciones establecidas en esta frontera, de acuerdo con el estudio «La seguridad en Chihuahua: retos y estrategias«, presentado por Javier Corral en el Colegio de México.
Además del delito de homicidio los fronterizos debieron lidiar este año, solo hasta noviembre, con 2 mil 216 robos de vehículos, de los cuales el 80 por ciento se cometió con violencia.
En el mismo lapso se perpetraron mil 173 robos a establecimientos comerciales, más de la mitad con violencia.
En casas fueron 409 atracos, en 23 de los cuales los ladrones amenazaron a sus víctimas.
Todas son cifras oficiales proporcionadas por la Fiscalía de Distrito zona norte, que deben leerse con la reserva que impone la cifra negra.
Por los delitos que no se denuncian se deduce que la realidad en los hogares juarenses es mucho más violenta.
Descoordinados
Contrastando con la constante acción criminal los Gobiernos de los tres órdenes no han podido salvar las diferencias políticas para trabajar coordinados.
Desde la entrada de Corral en 2016 hubo diferencias.
Al inicio con el alcalde Armando Cabada, por designar como jefe de la policía primero al exfiscal Jorge González Nicolás y luego al exfiscal zona centro Sergio Almaraz.
Después le siguió el diferendo con la autoridad federal.
Javier Corral tuvo desavenencias con los secretarios de gobernación Miguel Angel Osorio y Arturo Navarrete Prida y con el titular de la PGR Alfredo Elías Beltrán.
La operación Justicia para Chihuahua, enfocada a perseguir enemigos políticos, le cerró las puertas de las instancias federales.
Los juarenses la pagaron con balaceras en la vía pública cada fin de semana.
Fue el cobro que le endosaron desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto por sus acciones justicieras en contra del exgobernador César Duarte y sus cómplices.
Desaire a las mesas de paz
Al llegar el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le plantearon las mesas para la construcción de paz como alternativa para bajar la violencia.
Corral desairó las reuniones y fue exhibido por ser de los más faltistas a los cónclaves tempraneros donde se definen las estrategias de combate al crimen.
Ciertamente era una idea del nuevo presidente con la que el gobernador de Chihuahua no quiso alinearse.
Luego vino una supuesta tregua con el Plan Especial Juárez presentado en mayo de 2019.
A más de año y medio de distancia, el plan tiene poco que informar.
Hoy la brecha entre el Gobierno estatal y el federal es cada vez más ancha.
El secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fernando Ávila González se ha confrontado por declaraciones con el gobernador.
Igual ocurrió con el exdelegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa que terminó expulsado de la mesa de construcción de paz estatal.
En ese escenario, y con la elección de 2021 a la vuelta de unos meses, no parece haber mucha posibilidad de que recomponer el rumbo.
En las últimas semanas empresarios que se habían mantenido al margen del conflicto -como el presidente de Coparmex Eduardo Ramos- la hacen de intermediarios.
Tratan de que ambos Gobiernos regresen a la mesa
“También tenemos preocupación por la mala coordinación en la mesa de seguridad”, lamentaba Ramos Morán en una rueda de prensa virtual reciente con prensa juarense.
Ahí revelaba que la ha estado haciendo de gestor para que la nueva delegada federal Bertha Alcalde regrese de nuevo a la Mesa estatal de construcción de paz.
Aquella de la que fue expulsado su antecesor.
También han hecho contacto con David Pérez Esparza, secretario ejecutivo del Centro Nacional de Información, y con el secretario técnico de Seguridad federal en el Estado, Fernando Ávila González.
“Nos ofrecimos para ser enlace y que de manera institucional se reanuden esas coordinaciones”, expresaba Ramos.
Sin embargo, también dejaba ver una preocupación.
“Nos preocupa que índices de inseguridad se mantienen altos. No han bajado”, afirmaba.
Falta de coordinación pulveriza a fuerzas del Estado: Peniche
De acuerdo con el fiscal estatal César Augusto Peniche Espejel, para atajar al crimen organizado la coordinación es básica.
Especialmente porque son las instancias locales las que mayor información de campo tienen.
Si esa información no es compartida con las instancias federales, es como si tuvieran que enfrentar un enemigo a ciegas.
“Las acciones coordinadas son esenciales en la implementación de estrategias de seguridad”.
“Son una garantía de legalidad y de eficacia para la ciudadanía”, opina el jefe del Ministerio Público.
De otra manera -afirma- las fuerzas del Estado Mexicano se pulverizan y se corre el resigo de “encimarse”, de “duplicarse”.
Incluso de ser incompletas, cuando cada quien tiene una parte de la información de inteligencia, añade.
Particularmente esto aplica para la lucha contra el crimen organizado que se ha erigido como la principal amenaza social, expone Peniche.
Sin embargo, deja claro que en esa lucha el Estado solo es colaborador porque se trata de delitos federales.
“La coordinación en ese rubro tiene por objeto apoyar a la Federación en sus acciones contra esa forma de criminalidad”, deslinda.
Sin embargo, también reconoce que si no se coordinan (los tres órdenes de Gobierno) poco podrán hacer.
Lo anterior porque la información que captan y logran las instancias del fuero común, son un elemento indispensable para las tareas de investigación.
Los muertos de Corral: El narco es la causa
El fiscal estatal César Peniche Espejel advirtió en entrevista con Norte Digital que, en Ciudad Juárez, el narco sigue siendo la principal causa de las agresiones que derivan en homicidios dolosos.
Más de mil 600 muertos en lo que va del año y más de 5 mil 600 en lo que va del quinquenio de Corral.
“La riqueza que genera el narcomenudeo es el atractivo, el aliciente, para que los jóvenes, primordialmente, se involucren en esta actividad aún conociendo los riesgos”, explicó.
Se trata de un problema aspiracional asociado a la descomposición social y a la debilidad de las estructuras básicas como son la familia y la escuela, detalló.
Para Peniche la solución está en un nivel de intervención mayor por parte de la autoridad que debiera darse en dos vertientes:
Una, desde el ámbito de la seguridad pública con mayor despliegue y contención; y otra desde el ámbito social con empleo, salud y educación.
El pronóstico del fiscal es que la cifra de homicidios se contendrá al cierre de año “y seguramente 2021 habrá una reducción como efecto de un ciclo”.
Pero -aclaró- este “ciclo” no se habrá de romper mientras no existan acciones de mayor envergadura.
Los muertos de Corral: pudo ser peor
Aunque los números siguen jugando en contra de sus buenos deseos, el titular de la Fiscalía Estatal hace un balance optimista de lo “logrado” en los cuatro años que cumplió la administración estatal el pasado mes de octubre.
“Se logró contener el crecimiento. Si bien la cifra es más alta en los años que preceden, no menos cierto es que pudo ser mucho mayor”, apreció.
En su opinión, bastaría hacer una proyección de lo que pudo ocurrir, basada en número de armas aseguradas, detenidos y células de sicarios desarticuladas.
Por ejemplo, de enero a noviembre de 2020 en la zona norte la Agencia Estatal de Investigación aseguró 175 armas, 102 cortas y 73 largas.
La Comisión Estatal de Seguridad decomisó 183 armas, 148 cortas y 35 largas.
En total las corporaciones estatales retiraron de las calles 358 armas, 108 largas y 250 cortas.
De acuerdo con Peniche, cada uno de esos decomisos significó disminuir la capacidad de fuerza de células del crimen organizado.
Informó también que de octubre de 2016 a la fecha -en todo el quinquenio- detuvieron a 725 personas por el delito de homicidio.
Eso da un promedio de 180 sicarios por año que pudieron cometer más crímenes si siguieran en la calle, advirtió.
En su análisis, el fiscal añadió que en el 86 por ciento de los casos -equivalente a 628 detenidos- la captura fue resultado de una orden de aprehensión dictada por juez.
Lo cual significa -expuso- que fue resultado de una investigación.
“Es la parte que no se ve. Pero indudablemente la autoridad ha puesto de su parte”, expresó.
En la estadística proporcionada no se incluyen los decomisos y detenciones realizadas por otros órdenes de Gobierno, aclaró.
«No veo un fracaso»
“No veo yo de ninguna manera un fracaso en la atención del delito de homicidio, tampoco un ‘triunfo’”.
“Simplemente veo que se cumplió con la responsabilidad de atender este fenómeno con acciones de seguridad y detenciones”, expresó el fiscal César Peniche en entrevista.
Planteó que hace falta mayor “impulso social” para ayudar a revertir el número de homicidios.
Que como sociedad se rechace con mayor énfasis el consumo de drogas, que se eduque a los hijos, se genere más empleo y se mejoren los salarios, concluyó.
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