La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua formuló imputación en contra de un exdirector administrativo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), por su probable responsabilidad en el delito de peculado agravado, relacionado con el manejo irregular de más de 31.5 millones de pesos en recursos públicos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado, identificado como F. M. S., celebró en 2020 un contrato plurianual para el arrendamiento de vehículos, con vigencia para los años 2020, 2021 y 2022.
El monto total asciende a 31 millones 570 mil 451.46 pesos, recursos de la institución que, según la investigación, se desviaron de su objeto original, ya que el arrendamiento de vehículos no estaba contemplado en el plan anual de ese ejercicio fiscal.
La indagatoria establece que durante la pasada administración de la UACH se autorizaron y ejecutaron erogaciones no previstas en el presupuesto aprobado, específicamente mediante el arrendamiento de 42 vehículos con la empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM ENR.
Estas operaciones se realizaron a través del contrato número UACH-DA-A140501-2020-P, el cual, de acuerdo con los datos de prueba expuestos, presenta irregularidades en su ejecución.
El caso se originó a partir de la revisión de la cuenta pública, en el informe individual de auditoría correspondiente a diciembre de 2021, donde se detectaron posibles irregularidades en las observaciones 4 y 5.
Derivado de estos hallazgos, el Ministerio Público Anticorrupción solicitó información a la UACH y, posteriormente, la propia universidad presentó la denuncia formal, lo que dio inicio a la investigación que actualmente se encuentra en etapa de judicialización.
Uno de los elementos centrales de la acusación es que el presupuesto autorizado para la adquisición de activo fijo en 2020 contemplaba únicamente 8.5 millones de pesos, y no incluía el arrendamiento de vehículos.
Esta diferencia, según la Fiscalía, evidencia una desviación significativa de recursos públicos hacia una finalidad no prioritaria, lo que habría afectado la capacidad financiera y el patrimonio de la institución.
La conducta se clasificó conforme al artículo 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece el delito de peculado, sancionado con penas de entre 4 y 12 años de prisión, además de multas de 500 a 2 mil días.
La audiencia inicial de imputación se extendió por seis horas, y será el próximo lunes 27 de abril a las 8:00 de la mañana cuando se lleve a cabo la continuación del proceso en la etapa de vinculación.
La Fiscalía Anticorrupción reiteró que continuará con la investigación y persecución de actos que vulneren el uso correcto de los recursos públicos, en apego a la legalidad y en defensa del patrimonio de las y los chihuahuenses.
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