El juez federal Nelsson Pedraza Sotelo dictó ayer una sentencia de cincuenta años a Juan Carlos Moreno Ochoa alias “el Larry” por el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, perpetrado el 23 de marzo de 2017.
Aún con lo que significa la resolución judicial en favor de abatir la impunidad en crímenes contra periodistas, familiares de la reportera y organizaciones defensoras de la libertad de expresión coincidieron en señalar una actuación deficiente de la autoridad estatal por obstaculizar el acceso de la familia a la investigación y proteger a funcionarios del gobierno implicados.
“Hubo que luchar aún en contra de las propias autoridades para que no cerraran el caso, después para que nos dieran acceso al expediente, interponer amparos para que nos reconocieran como víctimas, para lograr que el caso fuera atraído por la FEADLE”.
“Y después esperar largos tres años para que se diera la primera sentencia de los involucrados”, expresó en un mensaje de audio una de las hermanas de la periodista.
“Tenemos claro -dijo- que es solo un avance en el logro de la justicia para nuestra hermana Miroslava”.
“Que aún quedan implicados en el campo de la política y de la delincuencia organizada para ser llamados, rendir cuentas a la justicia”, agregó.
En ese sentido las organizaciones Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras emitieron un comunicado en el que advirtieron que durante el juicio contra “el Larry” testigos especialistas en investigación criminal expusieron cómo opera la narcopolítica en la Sierra de Chihuahua.
Y lo más grave: el posible involucramiento de políticos del actual Gobierno local en el crimen, lo cual calificaron como “un eslabón pendiente en esta investigación”.
“Sabemos que estamos luchando con tentáculos gigantescos de la política, del narco, del crimen organizado; saber que integrantes de estos sectores aún no son llamados a la justicia te llena de impotencia, de coraje”, refirió la hermana de la periodista.
“No estaremos satisfechos como hermanas y como hermano de Miroslava, hasta que todos los involucrados sean llevados a los tribunales y juzgados”, remató.
Propuesta Cívica, que llevó la representación legal de la familia y fue coadyuvante de la Fiscalía, indicó que el fallo condenatorio contra Moreno Ochoa se dictó el 18 de marzo de 2020.
En 31 días de juicio oral se desahogaron 50 testigos de cargo y seis testigos de la defensa.
Entre estos últimos se encontraban políticos del PRI de Chínipas que mintieron para proteger al inculpado y aún así siguen impunes.
En el mismo despacho de prensa se indicó que el Juez Pedraza Sotelo estableció que se comprobó que Miroslava fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas.
También que se había logrado identificar como autor intelectual del crimen, a un líder del narcotráfico con nexos políticos.
Se trata de José Crispín Salazar Zamorano, contra el que, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía, existe también una orden de aprehensión dictada por un juez federal.
Eso explica por qué las organizaciones firmantes del comunicado hicieron un exhorto a esa instancia federal para que “amplíe y perfeccione su plan de investigación y persecución contra el autor intelectual del homicidio”.
Hace apenas un mes el propio gobernador Javier Corral se reunió en Chínipas en un evento público con el alcalde Salomé Ramos Salmón, del PRI, quien tiene lazos familiares con el señalado líder criminal.
Otra de las exigencias fue que la misma Fiscalía especialice sus líneas de investigación a fin de esclarecer la posible participación y tipo de responsabilidad penal de los servidores públicos que se vieron involucrados a lo largo de la investigación.
El comunicado no los menciona por sus nombres pero ha sido de público conocimiento que entre dichos empleados del gobierno se encuentra el que fungió como secretario particular de Corral, José Luévano Rodríguez.
El que era vocero del PAN y luego lo contrataron los diputados del mismo partido, Alfredo Piñera Guevara; y el ex alcalde de Chínipas y luego funcionario de la Secretaría de Educación, Hugo Amed Schultz Alcaraz.
Los tres directamente implicados en la grabación que junto con su trabajo periodístico le costó la vida a la periodista.
De acuerdo con Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras los asesinos de Miroslava Breach, no solo mataron a la madre de dos hijos, también mataron a una mujer que fue de las voces más críticas del Gobierno y mutilaron al periodismo de investigación valiente y veraz.
“Como sociedad nos arrancaron el derecho a seguir conociendo sus investigaciones que exhibían y cuestionaban la narcopolítica que opera en Chihuahua”, denunciaron.
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