El fiscal anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, acusó al juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez de actuar “de manera furtiva e ilegal” al asumir la competencia del caso penal que se sigue contra el exgobernador Javier Corral Jurado, su exsecretario de Hacienda Arturo F. V. y un empresario particular, por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos del erario estatal.
En conferencia de prensa, Valenzuela informó que un juzgado federal concedió al Gobierno de Chihuahua la continuación de la causa penal 3050/24, en la que los tres señalados están acusados de peculado por el presunto desvío de recursos destinados a la contratación de servicios para la reestructuración de la deuda pública estatal.
El fiscal señaló que el fiscal especializado en Asuntos Relevantes de la FGR intentó atraer el caso “de manera ligera”, cuando dicha facultad corresponde exclusivamente al titular de la Fiscalía General de la República.
Denunció además que la audiencia donde se determinó la atracción del caso se realizó sin notificar ni permitir la participación de la Fiscalía Anticorrupción ni de la Secretaría de Hacienda estatal, reconocida como víctima en el proceso.
“La audiencia se llevó a cabo de manera furtiva. Se violaron las garantías de audiencia y acceso a la justicia. Pretenden obsequiar un pase de salida al hoy imputado Javier Corral”, declaró Valenzuela.
El fiscal sostuvo que la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) carece de fundamento legal, pues no existe un acuerdo formal de atracción emitido por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, como exige la ley. Afirmó que la FGR busca sustraer el caso del ámbito estatal sin tener competencia ni denuncia federal que lo justifique.
Explicó que los recursos involucrados en el presunto peculado corresponden a participaciones federales ya ministradas al Estado, por lo que adquirieron naturaleza estatal.
“El peculado afecta única y exclusivamente al patrimonio de Chihuahua. La competencia es del juez local del Distrito Judicial Morelos, no del ámbito federal”, recalcó.
La Secretaría de Hacienda estatal promovió un juicio de amparo contra la resolución del juez federal, al considerar que se violó su derecho de audiencia, mientras que el juez local presentó un conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para definir qué instancia deberá continuar con el proceso.
Valenzuela añadió que una jueza federal otorgó la suspensión definitiva del amparo promovido por Corral, lo que impide entregar la carpeta de investigación a la FGR.
“No vamos a descansar hasta que los 98.6 millones de pesos desviados sean devueltos a los chihuahuenses. La justicia no puede ser objeto de arreglos o maniobras políticas”, afirmó.
Finalmente, el fiscal subrayó que la defensa de la jurisdicción estatal no representa una confrontación política con la Federación, sino un ejercicio de soberanía y respeto al pacto federal.
“Es alentador constatar que aún existen jueces que mantienen su independencia. Contra la verdad y la ley, no hay maniobra que valga”, concluyó.
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