El juez penal Manuel J.T. fue vinculado a proceso, pero obtuvo una suspensión condicional por un periodo de 12 meses, bajo una serie de condiciones que incluyen renunciar a su cargo como juzgador.
Durante la audiencia de este viernes, la autoridad judicial determinó vincularlo formalmente a proceso penal y posteriormente concederle la suspensión condicional del procedimiento.
A Manuel J.T. lo detuvieron agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua por su probable responsabilidad en el delito de prevaricación agravada, derivado de una resolución mediante la cual presuntamente favoreció a una de las partes dentro de un proceso penal.
Una de las condiciones más relevantes que se le impusieron establece que deberá renunciar a su actual cargo de servidor público como juzgador en un plazo máximo de cinco días hábiles.
En ese mismo periodo tendrá que desistirse de todos los recursos y juicios de amparo derivados del asunto por el cual se le procesa.
El juez también deberá residir en un lugar determinado, evitar acercarse o frecuentar a las personas afectadas y mantener un trabajo lícito.
Además, tendrá que presentarse mensualmente ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio, con la posibilidad de hacerlo en la sede correspondiente al distrito judicial donde resida.
El cumplimiento de estas condiciones lo supervisará esa misma institución durante los 12 meses establecidos para la suspensión condicional.
El caso contra Manuel J.T. se desprende de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que lo acusa de haber otorgado presuntamente una ventaja procesal indebida durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.
Según la acusación, otra juzgadora impuso prisión preventiva justificada a un imputado, medida que posteriormente modificó Manuel J.T.
La Fiscalía sostiene además que existe una relación de amistad entre el juzgador y el abogado defensor que solicitó aquella audiencia.
Con la resolución de este viernes, el proceso queda suspendido durante 12 meses, condicionado al cumplimiento de las obligaciones fijadas por la autoridad judicial.
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