Los instrumentos que se dispusieron para generar mejoras de la infraestructura urbana en la ciudad no han dado los frutos esperados pese a que ya se han dispuesto millones de pesos de los recursos para tal efecto.
La estrategia, que daría respuesta al histórico atraso en infraestructura, y que sustituiría al programa “Todos Somos Juárez” implementado para el rescate de la ciudad durante la época reciente de mayor violencia, está por cumplir tres años de estancamiento.
En la deficiente administración de los recursos han participado actores políticos de los gobiernos en turno así como representantes de la iniciativa privada que una vez más, influyen para privilegiar proyectos de obra que no son prioritarios para la comunidad, sino más bien para los intereses del grupo, así como lo han hecho en otros fideicomisos como el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), o el Fideicomiso para el Centro de Convenciones cuyo común denominador es la opacidad y el mal manejo de los recursos públicos.
Mientras ello ocurre, el rezago en obra pública se agudiza. Juárez tiene alrededor de 1,700 calles sin pavimentar o el 40 por ciento de sus vialidad están inservibles; falta alumbrado público en el 40 por ciento de la ciudad; la mayor parte del drenaje pluvial cumplió su vida útil y el sistema de transporte urbano no cumple con las expectativas de movilidad de una frontera como la nuestra.
El Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua que fue creado en 2016, recauda en promedio un millón de pesos diariamente y cuenta con el aval del Congreso del Estado de Chihuahua para contratar deuda hasta por 2 mil millones de pesos para el cumplimiento de su único objetivo: dotar a Juárez de infraestructura.
Sin embargo, el objetivo de darle a la ciudad mejores servicios ha sido incumplido.
Bajo la actual gestión del gobernador Javier Corral Jurado, la administración del Fideicomiso de los Puentes Internacionales mantiene un largo ayuno de obras que no han sido materializadas.
Hasta este momento no ha ejercido el permiso que tiene para llevar a cabo las obras de infraestructura que demanda la ciudad, aún cuando los ingresos por peaje se han ido acumulando desde el 1o. de enero de 2016 a la fecha.
De los 2 mil millones de pesos que se han recaudado por dicho concepto, únicamente se han invertido en trabajos urbanos 159 millones 737 mil pesos para repavimentar calles, así como 23.4 millones para el mantenimiento de los puentes, y el finiquito a la empresa Promofront por un monto cercano a los 500 millones.
El actual secretario de Obras Públicas del Estado, Gustavo Elizondo Aguilar y extitular del Fideicomiso, confirmó que de la línea de inversión del “Fondo Juárez”, con el que se construiría infraestructura, no ha sido ejercida sino a partir de 2019 cuando empezarán a canalizarse los recursos para diversos proyectos.
Los antecedentes
Luego de casi dos años y medio del ascenso de Enrique Peña Nieto como presidente de México, un grupo de empresarios locales se inconformaron contra la Reforma Hacendaria y el incremento del IVA en la frontera de 11 a 16 por ciento, y cuando la sociedad cuestionaba el largo vacío de inversión social dedicada durante el sexenio panista a través del programa “Todos Somos Juárez”, el gobierno de la República emanado del PAN y el PRI, dio señales de de vida al responder a las demandas y presiones de la sociedad juarense.
Hasta 2015 no se habían concretado apoyos extraordinarios del gobierno federal para Juárez después de la inversión de 3 mil millones de pesos del gobierno anterior de Felipe Calderón.
Un año después de la entrada en vigor de la Reforma Hacendaria y la nueva tasa impositiva del IVA, la cual trajo una reacción en cadena de nuevos impuestos gravando así las ganancias de las empresas y profesionistas, representantes de los sectores productivo y comercial de esta frontera, respaldados por el gobierno municipal, presionaron y obtuvieron el compromiso de la federación de generar una fuente segura de ingresos, para el financiamiento de los proyectos de inversión reclamados mediante la instalación de la “Mesa de Interinstitucional de Recuperación Económica de Juárez”.
Tras largos meses de negociaciones, el 4 de febrero de 2016, el presidente Peña Nieto puso en marcha el “Fondo Ciudad Juárez”, financiado con recursos de los puentes internacionales para proyectos sociales y económicos.
Nace un nuevo fideicomiso
El Congreso del Estado aprobó el 15 de agosto de 2016, un decreto mediante el cual fue formalizada la figura del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua, una concesión que el gobierno federal cedió al gobierno del estado para que durante 30 años opere, recaude y aproveche los ingresos generados por los tres cruces fronterizos de cobro: Zaragoza-Ysleta, Córdova-De las Américas, y el Paso del Norte de la avenida Juárez.
El decreto ordena que los recursos deben ser destinados para la “rehabilitación y desarrollo de proyectos de infraestructura en beneficio de Juárez”, así como para el equipamiento de los puentes.
Cuando el Poder Legislativo estatal autorizó por unanimidad de votos el decreto presentado por el gobernador Cesar Duarte, también lo dotó de facultades meses después, para que contratara una línea de crédito hasta por 2 mil millones de pesos, de los cuales ya se dispusieron una parte, casi 400 millones para finiquitar por adelantado a la empresa privada Promofront, operadora del puente Zaragoza.
¿Quién controla los recursos?
Funcionarios estatales a petición de la élite empresarial deciden los proyectos que recibirán el apoyo económico para ser desarrollados
Ciudadanos y funcionarios municipales son relegados de esa selección
El Comité Técnico
Con base en las disposiciones del nuevo Fideicomiso, representado por el Gobierno del Estado a través de su Secretaría de Hacienda, fue instalada la figura del Comité Técnico como fideicomisario, responsable de la cristalización de los objetivos para los que fue creado.
El Comité Técnico es el organismo más importante del Fideicomiso ya que está a cargo de la recaudación y del buen ejercicio de los recursos.
Actualmente es presidido por un presidente: Federico Bausauri, el tercer presidente en dos años, un abogado que litiga en la ciudad de Chihuahua para grandes empresas.
Está también el abogado panista Sergio Madero Villanueva, quien funge como director del organismo.
Bausauri y Madero, fueron designados por el gobernador Javier Corral.
También integran el comité, un representante de las secretarías de Hacienda, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, los secretarios del gobierno del estado Arturo Fuentez Vélez, de Hacienda; Gustavo Elizondo Aguilar, de Comunicaciones y Obras Públicas; y Alejandra de la Vega Arizpe, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.
Cuatro diputados del Congreso del Estado participan en el mismo: Benjamín Carrera y Misael Máynez, los dos de Morena, Alejandro Gloria y Marisela Terrazas.
En representación del gobierno municipal, participan el alcalde Armando Cabada y el director de Obras Públicas, Francisco Javier Arroyos Salgado.
Los empresarios Miguel Fernández Iturriza y Manuel Sotelo son los representantes de la sociedad civil a propuesta de la iniciativa privada, con la designación directa del gobernador.
Los representantes del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y el Fondo Nacional de Desarrollo de Infraestructura (Fondadin) tienen un asiento en el Comité Técnico como fiduciarias, pues son con quien convinieron la contratación del millonario crédito.
De acuerdo con la reglamentación, los acuerdos del comité se toman por mayoría de votos y el presidente tiene voto de calidad en caso de empate. El director del organismo, Sergio Madero, sólo tiene derecho a voz.
Entre otras de sus funciones, además de la aportación para el manejo de los recursos para infraestructura, el Comité Técnico determina los proyectos de inversión.
Es la máxima autoridad del Fideicomiso y sus acuerdos son inobjetables, incluso para decidir la contratación de deuda y tiene bajo su responsabilidad la adjudicación de los contratos de obra pública.
El Comité de Inversión
• El Fideicomiso funciona con la integración de un Comité de Inversión, sobre el cual pesa la decisión de priorizar los proyectos antes de que el Comité Técnico los evalúe y determine fondearlos.
• Es presidido por el presidente municipal en turno, por los representantes empresariales Juan Carlos Sapién, director de la asociación civil empresarial Desarrollo Económico, Juan Carlos Talavera directivo del equipo de futbol profesional Bravos FC, la empresaria Guadalupe de la Vega, hermana de Alejandra, y el representante del Consejo Coordinador Empresarial en turno.
El Comité de Vigilancia
• Tiene la función de supervisar el cumplimiento de los objetivos de la concesión. Es dirigido por Mario Dena Torres, representante del gobernador en Juárez y un integrante de la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC).
El empresario Mario Dena Torres, antes de que recibiera la encomienda de representar a Javier Corral en Juárez, llegó al Comité de Vigilancia del fideicomiso, como integrante de la sociedad, también por recomendación de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, y hasta la fecha ostenta la misma representación social, siendo ahora funcionario estatal de primer nivel, convirtiendo su participación en juez y parte. Dena ha colaborado con la secretaria De la Vega en proyectos empresariales y no gubernamentales, y ambos han sido parte o tenido influencia en otros fideicomisos (Ficosec y Paso del Norte del centro de convenciones) y señalados en recientes investigaciones de NORTE por su conflicto de interés.
La élite de siempre marca las prioridades
Hombres y mujeres de negocios, integrados en la asociación civil Desarrollo Económico deciden a nombre de los juarenses lo que es prioritario para la ciudad
Es esa misma clase empresarial la que tiene el control sobre otros fideicomisos como el del Centro de Convenciones y Ficosec
La integración de los comités habla por sí sola de los intereses alineados de los gobiernos de diferentes partidos políticos con los hombres y mujeres de negocios más acaudalados de la ciudad, integrados en la asociaciación civil Desarrollo Económico al frente, tomando las decisiones de lo que es prioritario para la ciudad en materia de infraestructura.
Es esa clase empresarial que tiene el poder sobre otros fideicomisos como el del Centro de Convenciones y Ficosec, es la que determina los proyectos que serán financiados con los recursos públicos generados por el peaje de los puentes internacionales.
Los personajes que determinan y sugieren al Comité Técnico fondear las obras son los que integran el Comité de Inversión: Juan Carlos Sapién, director de Desarrollo Economico A. C. (organismo que maneja y ha sido beneficiado con fondos públicos de Ficosec); Juan Carlos Talavera, directivo del equipo de futbol Bravos propiedad de la secretaria de Innovación Alejandra de la Vega y la empresaria Guadalupe de la Vega, hermana de Alejandra.
Excluyen a los ciudadanos
Los ingresos de los cruces internacionales de esta ciudad fronteriza fueron cedidos por el gobierno federal bajo la promesa de que las inversiones se decidirían de la mano con la sociedad, aunque desde un principio sólo reconocieron a la élite empresarial de la ciudad como los únicos interlocutores de la sociedad civil de Juárez.
Otros actores de la sociedad tales como activistas sociales, dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, gremios de profesionistas e instituciones académicas también con visiones e intereses diversos, no fueron escuchados ni vistos en esta estrategia que el gobierno federal prometió como un “modelo nacional” de participación y transparencia.
La conformación del Fidecomiso de los Puentes fue cuestionada desde un inicio porque sus mecanismos de toma de decisiones estaban concentrados, como lo están ahora, en la esfera del Gobierno del Estado que además, por conducto del gobernador, tiene la potestad de nombrar a los dos únicos representantes de la sociedad civil cuya designación recayó también en empresarios: Miguel Fernández Iturriza y Manuel Sotelo.
Ellos no viven en Juárez pero toman decisiones
El alcalde Armando Cabada ha sido insistente en modificar las reglas de operación del fideicomiso bajo el argumento de que no se toman las decisiones con la celeridad requerida, y que éstas deberían correr a cargo de personajes que radiquen en Juárez y que conozcan su compleja problemática, en lugar del grupo de 12 funcionarios estatales y federales en el que hay solo dos personajes que representan los intereses de todos los juarenses.
La administración del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua se creó como un traje a la medida para que los funcionarios estatales tuvieran mayoría en la toma de decisiones, esto durante el mandato de Cesar Duarte, aunque se asegura que su sólida reglamentación impidió que el exmandatario, prófugo de la justicia, dispusiera de inmediato de los recursos con grandes márgenes de discrecionalidad.
El alcalde Cabada y su director de Obras Públicas ocupan un lugar en el Comité de Inversiones del Fideicomiso, pero no forman parte del Comité Técnico donde se resuelve el financiamiento de los proyectos.
Es por tal motivo que existe un punto de acuerdo votado por el Cabildo, solicitando a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que se incluya en el Fideicomiso por lo menos a dos funcionarios municipales más en su estructura.
Desacuerdo entre Estado y Municipio
La desconfianza generada porque las obras de pavimentación sean orientadas a favor de intereses particulares por encima de los intereses generales de la ciudad y la creencia de que los recursos del peaje de los puentes corran el riesgo de ser utilizados con propósitos electorales, se cuentan entre los motivos de este desacuerdo entre el Estado y el Municipio, que se advierten entorno al aprovechamiento de los millonarios recursos.
Las mismas autoridades municipales que tras su reelección están empezando el segundo periodo de gobierno 2018-2021, por conducto del alcalde Cabada, desacreditaron los estudios de transporte que a finales de 2015 fueron diseñados a través del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) con un costo de 26 millones de pesos, una de las obras que se mencionan como prioritarias para la administración estatal.
Cabada ha señalado que prefiere la construcción y reconstrucción de 400 vialidades, por lo que rechazó el trazo de la ruta troncal sin más análisis de su creencia de que la avenida Tecnológico, la principal vialidad de la ciudad, se congestionaría de tráfico al reducir un carril de ida y vuelta, según el proyecto.
¿Y las necesidades de la ciudad?
Obras seleccionadas responden a intereses de grupo
Decreto establece que los dineros deben dirigirse a proyectos de infraestructura en “beneficio de Juárez”
La Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, ha liderarado los proyectos que tienen prioridad para recibir recursos
El decreto del Congreso ordena que los recursos del fideicomiso deberán ser destinados para la “rehabilitación y desarrollo de proyectos de infraestructura en beneficio de Juárez” y para el equipamiento de los puentes.
No obstante, las obras que se han priorizado responden a los intereses del grupo de empresarios que maneja los fideicomisos en esta ciudad y no necesariamente a las prioridades más elementales de la ciudad.
Por citar un ejemplo, entre las prioridades de este grupo destaca el proyecto del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), mismo que es impulsado desde siempre por Desarrollo Económico de Juárez. El proyecto fue adoptado inmediatamente por el Fideicomiso de los Puentes Fronterizos controlado en su mayoría por funcionarios estatales afines a la cúpula empresarial juarense.
Los promotores no necesitaron presentar estudios ni proyecto ejecutivo para conseguir el inmediato acceso a los recursos del peaje de los puentes.
El proyecto de inversión de 240 millones de pesos, desde 2016 tiene etiquetados 80 millones de pesos para el inicio de los trabajos que no han empezado y otro monto similar de 80 millones de pesos, comprometido para el ejercicio del 2018 del mismo fideicomiso.
El saldo que completa el total de la inversión también está resuelto desde el año pasado pero el Gobierno del Estado, sólo tiene puesta la primera piedra y recientemente el gobernador llevó a cabo “una inauguración virtual” de sus instalaciones. Es importante no olvidar que la actual secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, ha sido la primera en liderar dicho proyecto.
De la Vega impulsó el plan desde su participación en la Mesa Interinstitucional, a través del organismo empresarial Desarrollo Económico de Juárez A.C., donde también su participación es preponderante y sus vínculos alcanzan a los representantes de los comités de Inversión y Vigilancia del mismo Fideicomiso, como ya se expuso.
En el discurso se insiste que el proyecto promete ser un parteaguas para el desarrollo económico de Juárez, un antes y un después, gracias a la suma de recursos y voluntades de los sectores público, privado y académico.
Pero a la fecha ningún empresario de los participantes ha cumplido con su ofrecimiento de aportar recursos propios, sino por el contrario, sus promotores han tocado puertas en diferentes esferas de gobierno para que se los patrocinen.
Corral cambia sus prioridades
Mientras tanto, la ciudad sigue acentuando el déficit de infraestructura. Apenas en junio de 2017 el gobernador también reconoció en el foro de consulta “Desarrollo Urbano Sustentable con Vivienda Asequible” que Juárez padecía de un déficit de pavimentación, transporte e infraestructura pluvial.
Incluso mencionó que esos retos tendrían que irse superando “a partir de establecer prioridades”, sin embargo esos objetivos pasaron a segundo plano y se posicionó la agenda de los empresarios.
Corral mencionó en diciembre de 2017, que Juárez requiere al menos de 100 mil millones de pesos para atender su histórico rezago en infraestructura.
Con los cambios políticos en el estado de Chihuahua a partir de 2016, cuando Corral llegó al poder, un grupo de empresarios, promotores del CIITA, asumieron puestos importantes en el gobierno panista de la entidad y en el propio fideicomiso donde participan como juez y parte, desde prominentes puestos públicos.
La asociación civil Desarrollo Económico de Juárez posicionó el proyecto, consensuado con funcionarios y políticos locales y nacionales del más alto nivel; mientras que otros proyectos prioritarios que suponen la protección de vidas y patrimonio de las familias, como el desarrollo de obras de control pluvial, drenaje y hospitales, rara vez son mencionados y reconocidos por la misma élite de funcionarios que participa en la toma decisiones en el fideicomiso.
Las hermanas mandan
Esa élite empresarial, aglutinada desde sus inicios como la Mesa Interinstitucional, es encabezada por las hermanas Alejandra y Guadalupe De la Vega Arizpe junto a otros actores del sector, quienes propusieron 21 proyectos “prioritarios” para Juárez.
Entre esas prioridades se mencionan: el Centro de Convenciones que lleva 14 años sin ser construido pese a que en ese mismo periodo se ha cobrado la sobre tasa del predial a 11 mil contribuyentes juarenses. También la revitalización del centro histórico, la homologación de tarifas eléctricas con El Paso, Texas, el seguimiento al tambaleante proyecto de transporte público, la conclusión del hospital de tercer nivel del IMSS y del hospital de especialidades y de cancerología.
Además la ampliación del bulevar Juan Pablo II, infraestructura pluvial y pavimentación en las colonias, la construcción del nuevo puente Carlos Villarreal e infraestructura logística para comercio exterior.
También la edificación de un centro multimodal de exportación, un museo de la maquila en las instalaciones del exhipódromo, construcción de tres puentes para mejorar movilidad, la edificación de gimnasios y hasta un nuevo estadio de futbol.
Mención aparte merece la intención de colocar a Juárez en línea con el programa de atracción de inversiones “Site Selection de Proméxico” y la instalación de una armadora de autos, proyectos seleccionados para “impulsar el crecimiento económico”.
Mientras tanto la promesa de Corral en campaña, de que los proyectos que se financiarían con los recursos del Fideicomiso de los Puentes Internacionales serían los de “mayor impacto social”, sigue sin ser cumplida.
Transparencia: Apartados de la realidad
Pese a que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, ofreció que el destino de los recursos de los puentes sería determinado de la mano de la sociedad como parte de un modelo de transparencia a nivel nacional en materia de toma de decisiones, las cosas no ocurrieron así.
La transparencia, rendición de cuentas, consulta y socialización de los proyectos de inversión, son prácticas ausentes en el Fidecomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua.
Desde la primera reunión con el representante presidencial, Pedro Joaquin Coldwell, secretario de Energía, desde enero de 2015 los representantes empresariales de la Mesa Interinstitucional se reunieron a puerta cerrada y después con la integración del Fideicomiso, las reuniones de seguimiento y toma de decisiones continúan desarrollándose en secrecía, entre la élite empresarial que define las prioridades para la ciudad y que atiende a sus intereses de grupo.
El Fideicomiso cuenta con una pagina electrónica en la Web que sólo informa y ofrece a sus usuarios un espacio de retroalimentación, exclusivamente para los servicios relacionados con la operación de los cruces internacionales.
El extitular del fideicomiso, Gustavo Elizondo, señaló que el fideicomiso de los puentes es uno de los organismos del gobierno estatal más transparentes.
Sin embargo, cualquier persona puede constatar que cumplen de manera muy limitada con la Ley de Transparencia y omiten información relevante y actualizada.
Son rigurosos en convocar y documentar a los integrantes del Comité Técnico, con información sobre el seguimiento de los acuerdos autorizados y concretados.
Los órganos del Fideicomiso cumplen con sus funciones conforme a la sólida reglamentación que los rige, de acuerdo con consultas y entrevistas realizadas a sus miembros, aunque la opacidad y la ausencia de transparencia, violentan a la propia ley en materia de acceso a información pública, explicó el exdirector del fideicomiso
Reprocha el Congreso por obras atoradas pese a que hay recursos
La representación de Morena en el Congreso del Estado, acusó que el Fideicomiso de los Puentes Internacionales cayó en un subejercicio de 500 millones de pesos, pese a que el propio Poder Legislativo autorizó una deuda hasta por 2 mil millones de pesos para trabajos de infraestructura urbana en Ciudad Juárez.
El exdirector y fiduciario del fideicomiso, Gustavo Elizondo (actual secretario de Obras Públicas del gobierno del estado), compareció a mediados de octubre ante diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, quienes ante reclamos y fuertes alegatos evidenciaron la mala administración de los recursos que tiene disponibles el fideicomiso.
El diputado Misael Máynez (PES) reclamó el subejercicio y exigió a la Auditoría Superior que investigue la fraudulenta adquisición de vialetones a un sobreprecio de 17 mil 500 pesos cada uno, cuando en el mercado tienen un costo de 4 mil pesos.
El legislador juarense aseguró que la comparecencia de Elizondo sirvió para confirmar que en el estado no hay liderazgo, a quien calificó de mentiroso por su informe presentado.
En entrevista con NORTE, el diputado Máynez aseguró que el fideicomiso tiene congelados 500 millones de pesos de obra que no han sido invertidos.
“La creación del fideicomiso fue para que sus recursos sean invertidos en Juárez donde observamos que las calles están en pésimo estado y sumamente descuidadas, para eso se creó el fondo. Lo que demandamos es que el recurso no debe estar en los bancos si no que deben aplicarse en la ciudad”, señaló.
Desde su creación, el organismo ha invertido 70 millones de pesos anuales en promedio.
“Si recaudan alrededor de 365 millones de pesos y se aprovechan sólo 70 millones, entonces no se están cumpliendo con los objetivos de la constitución del fondo”, aseguró.
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