Simulación política y falta de presupuesto ante el feminicidio

Simulación de políticas públicas, incumplimiento de la ley, creación de instituciones sin presupuesto, fallas operativas en el aparato de procuración de justicia, intervenciones tardías y omisiones en la prevención, además de la desatención de los déficits estructurales en zonas de marginación, son factores que inciden en la permanencia del feminicidio en Ciudad Juárez.

Con tres décadas de historia feminicida y de luchas sociales paralelas que han impulsado cambios legales e institucionales para erradicar la violencia de género desde hace casi 20 años, el fenómeno persiste y coloca a Juárez en el primer lugar nacional de los feminicidios.

Por ello, activistas y académicos denuncian qué ha fallado en este andamiaje institucional que debería de arrojar resultados concretos en la prevención, atención y sanción de las distintas violencias contras las mujeres.

“Una se pregunta qué se ha hecho mal o qué no se ha hecho, pues es que esto puede entenderse hasta este momento, 2022, con una política en lo municipal, en lo estatal y en lo federal, que en su gran mayoría es una política de simulación”, denuncia la coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo.

La abogada y derechohumanista dice que, para los informes oficiales, se generan documentos donde se señala qué se hace desde cada dependencia para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, pero si se acude a campo, a revisar la realidad, se confirma que las mujeres y niñas en esos lugares, siguen estando inseguras.

“Creo que ahora ha mejorado un poquito. Las dependencias lo que hacían era más bien avisar o decir qué estaban haciendo que se parece a eso. Algo como que suene a eso y no pensando cuál es la manera en la que pueden generar una eficaz atención, rápida, expedita y con resultados al momento de que haya un asesinato, para atender a las familias de las víctimas o en su caso también para generar una acción inmediata persecutoria del delito cometido”, señala Marrufo.

Hacer leyes para incumplirlas, es otra constante, considera la activista, quien lleva ya cerca de veinte años documentando el feminicidio e impulsando acciones para frenarlo, desde una perspectiva de derechos humanos.

Un claro ejemplo es la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en Chihuahua el 2007. Lo mismo ha ocurrido con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Hacer leyes para incumplirlas, es otra constante, considera la activista Imelda Marrufo. Un claro ejemplo es la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Este andamiaje es una base estructural. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las acciones específicas concretas. Qué tiene que hacer el funcionario, desde el más alto nivel hasta el más bajo, en una estructura de política pública de Gobierno, pueda tener como una base que sustente su accionar”, señala activista y defensora de derechos humanos.

Esa base legal permite además a ciudadanas y ciudadanos, generar una exigencia a partir de lo que el funcionariado está obligado a hacer.

Sin embargo, cuando la Red Mesa de Mujeres ha revisado qué ha pasado con esas obligaciones, particularmente en Ciudad Juárez, se ha topado con el incumplimiento de la ley.

“Clarísimo te puedo decir que se estaban incumpliendo totalmente cuando nosotras hicimos esa evaluación, vimos claramente que se estaba incumpliendo la ley estatal y yo te diría que se estaba simulando que se cumplía, no en mi opinión, en el análisis de la información”, afirma Marrufo.

Asignar presupuesto es obligación legal

Una de las principales omisiones es la presupuestal. Aunque la ley lo estipula, no se garantizan presupuestos para las instituciones que deben atender tanto la prevención, como la sanción por medio de los aparatos de persecución del delito y procuración de justicia.

El Artículo 2 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece claramente que el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La norma agrega que el Estado y los Municipios podrán coordinarse con la Federación para garantizar ese derecho.

“Al reunirte con los operadores de esos lugares nos encontramos con que no pueden ocultar esto, que no tienen recursos, ni humanos ni materiales, para poder actuar. Y eso no lo pueden ocultar, aunque traten de repente de defender a sus jefes y mantener sus puestos”, explica la coordinadora de la Red.

Un ejemplo de esa omisión se vivió con la creación del Instituto Municipal de las Mujeres, que se presupuestó en ceros para 2014, su primer año de operación. Casi para finalizar ese año se le asignaron 200 mil pesos y desde entonces la lucha ha sido permanente para que crezca su presupuesto.

Falta voluntad política y compromiso de autoridades

“Las políticas públicas pueden estar en un corpus muy bien delineado, pero si no hay presupuesto para esas políticas, no hay mucha utilidad. Y si tampoco hay voluntad política para darle el seguimiento, tampoco habrá utilidad”, dice Martha Dena, doctora en Ciencias Sociales y profesora de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Para la también académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Olivia Aguirre, es evidente que falta compromiso por parte de las autoridades, cuando se argumenta que no hay presupuesto.

“¿Qué se debe de hacer? Pues buscar recursos. Quizás la austeridad en ciertas áreas para buscar un mayor índice de recursos en este tema, que es un tema que nos ha dolido y nos sigue doliendo a la comunidad juarense”, sugiere Aguirre.

La doctora en Derechos Humanos considera que claramente se ve esa falta de compromiso, por ejemplo, cuando se sufren las carencias de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM).

“Si no hay una atención oportuna y eficiente en la procuración, pues hay impunidad definitivamente. Si no hay compromiso en apostarle, en aumentar el presupuesto, pues también hay impunidad”, agrega.

Falla debida diligencia por insuficiencia presupuestal

El coordinador ciudadano de la Mesa de Seguridad y Justicia, Guillermo Asiain, advierte que hay un tema de urgente resolución en la Fiscalía Especializada, que es claro ejemplo de ausencia de la debida diligencia en la atención a las víctimas.

En el nuevo edificio de la FEM de la zona de Salvárcar no se cuenta con área médica equipada para atender los casos de violencia sexual y generar los respectivos reportes médicos.

“Imagina el transitar de una mujer que primero recibió gritos y luego fue empujada y luego fue violentada sexualmente. Y llega a la Fiscalía General y le dicen, no, tiene que ir a la FEM y va a hasta Salvárcar. Pero ahí le dicen es que no pueden hacer el parte médico, entonces tiene que ir a la otra, la de Santa Rosa”, narra Asiain.

La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, considera que más allá del nuevo edificio que se construyó en la pasada administración, no se ve hoy una base económica de incremento para la FEM que se queda igual, tanto en personal como en tema de compensaciones, lo que también debería de considerarse.

“Yo creo que el gran reto es una política de fortalecimiento a la FEM por parte del Gobierno de Maru, eso me parece importante, y una política integral en materia de investigaciones contra los feminicidios o los homicidios dolosos. Lo planteo así, porque acuérdate que

Imelda Marrufo cree que es un acierto darle continuidad a la fiscal Wendy Chávez al frente de la FEM. Pero también asegura que no basta el compromiso y un buen perfil, si no hay un blindaje y un ropaje desde la gobernadora y desde el fiscal general para que pueda contarse con una política integral de investigaciones.

Eso, dice la abogada, no lo alcanza a ver todavía.

Mucha retórica en campañas, pero sin apoyo real

“Me he encontrado en varias de las campañas y compromisos mucha retórica. Al momento en que ya les empiezas a decir cómo va el programa, resulta que todo mundo te dice que no hay recursos”, lamenta la abogada Marrufo.

Lo que ocurrió este 2022 con el Fondo de Ayuda, asistencia y reparación a víctimas del estado de Chihuahua, también es ejemplo de políticas públicas que se debilitan en lugar de fortalecerse, por insuficiencia presupuestal.

El Gobierno del Estado propuso únicamente cinco millones de presupuesto, la mitad de lo establecido para 2021 y una décima parte de lo que llegó a tener en años anteriores. El recorte lo mantuvieron los diputados, que tienen facultades para hacer reasignaciones y no lo hicieron pese a que se planteaba que requería al menos 22 millones para poder operar.

La legislación también establece que los presupuestos en materia de atención de derechos humanos deben de ser progresivos, nunca regresivos. Es decir, deben aumentar, no disminuir, año con año.

Fallas en metodología de investigación

Desde la Mesa de Mujeres también se detectaron fallas en la metodología de investigación del feminicidio, ya que en general se utiliza una metodología aislada, no articulada.

Marrufo señala que durante la anterior administración se logró la creación del Grupo Valle, donde se pidió aplicar ese modelo colombiano, para investigaciones más especializadas, como las que se relacionaron con el caso del Arroyo del Navajo.

“Lo que nosotros planteábamos era: no investiguen los casos de manera aislada, porque puede haber una relación, en aquellos casos donde la investigación no te arroje un asesinato de mujer en un ámbito familiar”, expone.

Agrega que además las organizaciones han insistido en la identificación de contexto para las investigaciones, lo que sí atendió la Procuraduría General de la República y creó una unidad de contextos para investigaciones como parte de su equipo de investigación.

“Sí se ha requerido una revisión de cómo se hacen las investigaciones aquí en Chihuahua. Se tiene que tener una unidad de contexto para las investigaciones. El tema es ¿existe o no existe?”, cuestiona la activista.

Antes de una modificación de estructura, la Unidad integrada por dos especialistas reportaba directamente a la FEM para hacer análisis criminal y responder inmediatamente requerimientos de los agentes del Ministerio Público a cargo de las carpetas de investigación.

Sin embargo, retiraron la Unidad para dejarla en la estructura de la Fiscalía General y se perdieron la inmediatez y el contacto directo con los investigadores y los agentes del MP.

“Ahora depende de alguien más y qué pasa, pues de aquí a que tienen la información, de aquí a no sé cuánto, ya pasó un mes, ya se borró la información. Hay decisiones que se han tomado que creo yo que no ha ayudado, como en este caso, a una investigación efectiva, rápida y eficiente. Ese tipo de cosas de la estructura interna”, detalla Marrufo.

Investigadores que no dependen de la FEM

Otro problema estructural está en la dependencia de los agentes de investigación de los feminicidios a la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación y no de la propia FEM en Juárez.

“Esta persona de la Fiscalía General decide a diestra y siniestra cuándo se va un policía de investigación que coadyuva en una investigación del Ministerio Público, sin consultarle a la Fiscal especial”, agrega.

La titular de la FEM no tiene el mando o el poder para decidir sobre eso, o para que se le consulte o se le tome en cuenta.

Así, lo que ocurre es que se dan reasignaciones que afectan las investigaciones, lo que se suma a las ausencias por capacitación, por enfermedad, por vacaciones e incluso por comisión, una práctica común de apoyo con agentes para otras áreas o regiones.

La activista sintetiza: eso es lo que está detrás, que hace que esto no avance.

Viene reingeniería con fiscalía virtual

La titular de la FEM en Juárez, Diana Morales, asegura que uno de los proyectos de reingeniería institucional para hacer frente a distintos rezagos y mejorar la atención, es la creación de una fiscalía virtual.

“Es lo que está impulsando el fiscal general para que todos los ciudadanos puedan poner una denuncia sin necesidad de que vengan hasta acá, sino a través de su móvil, o que haya un espacio en donde puedan entrar y hacer su denuncia”, dice la fiscal.

Considera que eso ayudaría para que la denuncia se lleve de manera mucho más rápida y se dé una mejor atención a víctimas o a familiares en el seguimiento de los casos.

El modelo –señala Morales– ya se aplica en Monterrey, Nuevo León y se trata de que la Fiscalía se acerque a la gente, y no al revés.

“No significa a que las víctimas que vengan acá no se les atienda. No, lo que se busca es que si hay una víctima que está lejos, pueda en cualquier momento poner una denuncia de manera virtual”, explica.

Agrega que se pueden habilitar centros comunitarios para que la víctima se acerque y sea atendida y grabada por un agente del Ministerio Público.

“Se denuncian los problemas de violencia y a partir de eso se aplican una serie de protocolos para atender esa gente de manera más rápida”, agrega la funcionaria.

“Vamos tarde, siempre”

El coordinador ciudadano de la Mesa de Seguridad y Justicia, Guillermo Asiain, ejemplifica cómo la perspectiva de género y la atención prioritaria contra la violencia de género se rezagan en todos los ámbitos: en su propia organización, que desde hace 11 años analiza la incidencia delictiva, apenas hace año y medio se conformó el Comité de Violencia basada en género.

“Es que sí es una realidad, que como comunidad vamos tarde, como Mesa vamos tarde, como gobernantes y servidores públicos, vamos tarde. En el discurso lo empezamos a manejar, pero en la realidad todavía no”, señala Asiain.

El representante ciudadano tampoco había participado en una reunión donde estuvieran al mismo tiempo, analizando el tema, funcionarias y funcionarios de la FEM y del Poder Judicial. Eso acaba de ocurrir al inicio del 2022.

Carece de suficiencia presupuestal porque no se formalizó legalmente su integración a la estructura orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aunque ya esté funcionando.

“Imagínate el paso que daríamos y la señal que daríamos hacia atrás si decidimos no mantener un Tribunal Especializado. Qué mensaje estamos dando, en una comunidad en donde tenemos 20 años luchando contra este estigma, porque muchas mujeres no han recibido justicia”, advierte Asiain.

Como muchas de las acciones de política pública y nuevos espacios institucionales, el Tribunal Especializado fue impulsado por la exigencia de la sociedad civil para que se juzgue con perspectiva de género. Desde Ciudad Juárez, organizaciones aglutinadas en la Red Mesa de Mujeres encabezaron esa demanda que, para hacerse realidad, coincidió con un plan piloto del Tribunal de Violencia Familiar.

Urge un desdoblamiento para llegar a las comunidades

“En 30 años de feminicidio documentado, seguimos viendo los mismos escenarios. Quiere decir que algo está mal, que hemos llegado tarde y que no podemos seguir estando tarde en las decisiones de los niveles de Gobierno”, dice Verónica Corchado, vinculada al tema desde hace 20 años y quien fue directora del Instituto Municipal de las Mujeres hasta finales de enero de este 2022.

La activista está convencida de que una reingeniería institucional debe avanzar en la apuesta por el desdoblamiento de la infraestructura, los servicios y los espacios, para acercar la atención a donde la problemática más lo demanda, incluyendo la procuración de justicia.

Eso impulsó en el IMM, con la creación de seis unidades de atención ubicadas en zonas prioritarias de la ciudad, pero reconoce que, ante la dimensión del problema, las acciones tendrían que ser más amplias y generalizadas, además de tener mayor contundencia a la hora de priorizar presupuestos.

“Yo he insistido en estos años que hay que desdoblar los espacios a las comunidades, que todas las dependencias de Gobierno de los tres niveles, se puedan convertir en ventanillas únicas” señala Corchado, respecto a la forma en que se puede atender cualquier tipo de denuncia y además acercar las estructuras de apoyo para las víctimas de la violencia de género.

También considera que el enfoque debe ser más preventivo que punitivo, con un énfasis en la generación de comunidades seguras.

“Los feminicidios son la última expresión de la violencia. En el inter hay mil maneras, de cosas que se pueden hacer, que se deben de hacer para que no suceda. Y yo creo que ahí, los gobiernos, las organizaciones, los empresarios, todos tenemos qué aportarle a la seguridad, con un enfoque de paz, de prevención”, explica la derechohumanista.

“Necesitamos insertar gente en esos espacios y hay que hilvanar fino para reducir los riesgos, las inseguridades, para dialogar y tener menos problemas entre vecinos. Generalmente nos fijamos en lo propio, hay que cambiar el paradigma que significa que todo lo que pase en la comunidad tiene que ver conmigo, aunque no sean mis hijas, aunque no sea mi hijo”, agrega.

La intervención debe ser focalizada

Martha Dena, doctora en Ciencias Sociales y académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, señala que se ha fallado institucionalmente al no abordar la prevención con mayor fuerza, tanto la prevención general, como la que deber ser focalizada.

“Por supuesto que hay que alcanzar investigación y sanción, porque cuando no se logra el punto de la sanción, estamos en un escenario de impunidad. Y la impunidad también puede ser una variable que alimente el propio fenómeno, se convierte en una variable en sí misma”, advierte la investigadora.

Sin embargo, hace énfasis en la prevención focalizada y pone sobre la mesa el trabajo que ha desarrollado la academia a partir de la base de datos que sistematiza la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez, desde 1993.

“Ya tenemos identificadas, edades, género, ocupación de víctimas. Esa parametrización de las características fisionómicas de las víctimas nos dice qué puede estar sucediendo ahí y quiénes pueden ser propensas a esa victimización, entonces ahí hay que focalizar el esquema de la prevención”, explica la profesora-investigadora.

Lamenta que pese a que la doctora Monárrez ha ofrecido la base de datos a distintas instituciones gubernamentales para que sean estas quienes la manejen y le den seguimiento al comportamiento delictivo, no la han tomado.

“La academia documenta, sistematiza, ordena y genera los resultados que siempre se ofrecen a manera de recomendaciones para que el Gobierno pueda visualizarlos y diagnosticar. Entonces, el Gobierno tiene esos insumos, hay que utilizarlos, la academia lo hace y hay que conectarlo con el trabajo gubernamental para que le sirva”, señala la doctora.

Se desaprovecha información académica en la prevención

Luis Cervera, investigador del Colegio de Chihuahua (antes lo fue del Colef) fue pionero en georreferenciar la información del feminicidio a partir de esa misma base de datos y destaca que:

“Ya marcaba el mapa preventivo, con técnicas y estadísticas, que el problema se pasaba al suroriente y Riberas del Bravo. Hubo todos los elementos para hacer prevención por parte de la autoridad. Sí tuvieron oportunidad de utilizar esos resultados para acciones preventivas con estrategias mejor definidas, acordes a como está distribuido el problema de la ciudad”, recuerda Cervera.

El académico considera que se genera un desfase institucional cuando no hay la vinculación deseada entre la academia y el sector público, y los tomadores de decisiones se tardan en aceptar las aportaciones teóricas que ayudan a entender problemáticas como el feminicidio.

“Esto marca mucho un desfase en la tarea por parte de todos los niveles de Gobierno, desde la aceptación misma del fenómeno. Si no se acepta de inicio, pues es difícil que se empiecen a tomar acciones para pararlo”, dice Cervera. Recuerda cómo se llegó tarde a la tipificación del feminicidio y a la aceptación del concepto por parte de los funcionarios públicos.

El doctor en Investigación continúa utilizando la georreferenciación para definir patrones espaciales en torno a la desaparición de mujeres. Por eso, concluye que este fenómeno tiene una innegable conexión con el feminicidio y la trata de personas, otro hallazgo poco tomado en cuenta por las instituciones responsables de la persecución del delito.

“El Centro Histórico resultó ser un lugar muy importante. Si hacemos un mapa del último lugar en donde se vieron a las víctimas, el Centro Histórico es referencia a analizar para la aplicación de acciones para prevención”, agrega el especialista en Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota.

Asegura que, en cuanto al feminicidio, hay amplios sectores de la ciudad que no presentan el problema, por lo que las acciones deben dirigirse a aquellas zonas problemáticas.

Si el fenómeno sigue –indica– quiere decir que han fallado las estrategias, quiere decir que quienes controlan la violencia, siguen activos y promoviendo este tipo de violencias en nuestras comunidades, no nada más en Juárez, sino a nivel nacional.

Persiste desatención a zonas de mayor vulnerabilidad

Cervera también señala que no podría pensarse en frenar la violencia feminicida únicamente con las estrategias de focalización de acciones preventivas específicas para posibles víctimas, o la persecución eficaz del delito.

“La otra falla es el no cambiar las condiciones estructurales de nuestra comunidad. Los lugares de alta pobreza, las zonas marginadas, las zonas periurbanas que siguen sin equipamiento”, advierte el investigador.

Ese mismo sentido de focalización de las intervenciones es señalado como urgente por Verónica Corchado, quien dice que la reingeniería institucional se tiene que aplicar para que la atención llegue a las zonas de mayor vulnerabilidad, de deterioro urbano o de lejanía, donde ocurren más delitos de alto impacto.

“Hay muchos factores que te indican que, por ejemplo, el Centro Histórico, que es un espacio tan pequeñito, el 1 por ciento de la tierra de toda la ciudad, sin embargo, concentra el 8 por ciento de la delincuencia”, señala, respecto a la prioridad que debe de tener en materia preventiva.

Recordó que muchas de las niñas y mujeres, víctimas históricas del feminicidio, fueron sustraídas en esa zona y sus cuerpos encontrados en lugares como el Lote Bravo, Campo Algodonero, Arroyo del Navajo o en el Valle de Juárez.

“Entonces se le debe a la ciudad, se le debe al Centro Histórico, se le debe a las familias muchas cosas. Porque ese acto de repetición de la violencia, hace que muchas otras mujeres tengan miedo, naciente, creciente y perpetuo en su corazón”, concluye la activista que recibió el doctorado honoris causa de la Universidad en Desarrollo Humano y Liderazgo.

Bajo su gestión, el IMM colocó 13 botones de pánico en la Zona Centro. Pero la historia se repite: las acciones llegan tarde y se quedan cortas.

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