El gobernador Javier Corral reconoció que a pesar de la existencia de diferencias políticas e ideológicas con el Gobierno de México, “debe prevalecer la coordinación en seguridad y el respeto a la soberanía de Chihuahua”.
“Tenemos diferencias políticas, ideológicas y de concepción democrática, pero en el terreno de la seguridad pública no las deseamos ni las debemos tener”, señaló.
“Lo que se quiere es que el Gobierno federal cumpla sus propios compromisos en los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Pública”.
En dichos lineamientos se especifica el funcionamiento de las mesas de seguridad. Se establece que las debe convocar el gobernador del Estado y no la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, abundó.
“Sin renunciar a nuestras convicciones –agregó– estamos en la búsqueda de un encuentro con el presidente”.
En oficio fechado el 25 de febrero de 2021, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, convocó a Corral a reunión de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad. El mandatario estatal calificó la invitación como «una burla«.
“Esa fue la respuesta a la orden de la Suprema Corte de Justicia que concedió al Gobierno de Chihuahua una suspensión provisional”, argumentó. “Se supone que las cosas regresarían al estado en que se encontraban”.
Es decir, las cosas regresarían al mecanismo que se aplicó antes del conflicto que se presentó en septiembre. En ese entonces, los funcionarios federales participaban en las reuniones convocadas por el gobernador en Palacio de Gobierno, no al revés.
Descoordinación en seguridad: antecedentes
- El 22 de septiembre, el Gobierno del Estado expulsó de las reuniones al entonces delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa.
El rompimiento se da en medio de una crisis política entre Estado y Federación por el conflicto del agua en la región centro-sur de la entidad.
- Un día después, el 23 de septiembre, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, anunció de manera unilateral que daba por terminada la coordinación con las autoridades de Chihuahua. Reconoció que la decisión se derivó por el conflicto del agua.
- Ello desencadenó una manifestación de productores nogaleros. Resultó muerta Yessica Silva, y lesionado su esposo Jaime Torres, por parte de elementos de la Guardia Nacional.
- La coordinación en materia de seguridad pública entre los estados y la Federación es una obligación constitucional y legal.
- En noviembre de 2020, el gobernador Corral promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la determinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de terminar la coordinación con el estado en el ámbito de la seguridad.
- El 24 de febrero de 2021, la Suprema Corte ordenó a la Federación que regrese a las mesas de coordinación de seguridad en Chihuahua.
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