Antonio Tarín García, excolaborador de César Duarte Jáquez en el gobierno de Chihuahua, deberá pagar 5 millones de pesos de garantía económica que le fue impuesta por un juez de control dentro del proceso penal que se le sigue por el delito de peculado relacionado con el desvío de 250 millones de pesos.
Así lo determinó un Tribunal federal al confirmar la resolución de un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, quien le impuso dicha medida al exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua en el sexenio 2010-2016.
Tras ganar un amparo en 2019, luego de ser vinculado a proceso por el delito de peculado en 2018, un juez federal dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva contra Tarín García dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, Chihuahua y le impuso las medidas cautelares consistentes en firma semanal ante el órgano jurisdiccional, exhibición de una garantía económica por 50 millones de pesos, que después se bajó a 5 millones de pesos, prohibición de salir del país sin autorización judicial, prohibición de acercarse a testigos y la colocación de un brazalete electrónico.
En diciembre de 2020, salió del Centro de Reinserción Social Número 1 de Aquiles Serdán, en Chihuahua, al haber sido modificada la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Al apelar la garantía económica de 50 millones de pesos, un juez resolvió modificarla y la redujo a 5 cinco millones de pesos, en tanto que las diversas medidas cautelares quedaron intocadas.
Sin embargo, la defensa del excolaborador de César Duarte Jáquez interpuso recurso de apelación ante un Tribunal federal para que revisara si el monto económico fijado era acorde, tomando en cuenta las demás medidas cautelares impuestas para evitar la sustracción de la justicia del imputado.
La defensa de Tarín García argumentó que no podía cubrir los 5 millones de pesos, porque “su situación era difícil, la exposición mediática que tuvo, el señalamiento de la sociedad fue cruel con él y con sus familiares, derivado de la exposición excesiva no había quien quisiera contratarlo a distancia en casa”.
Incluso, señaló que “recurrió a otras cuestiones, que no le daba pena vender comida, pan o hacer una serie de actividades para sacar adelante los gastos de su esposa, su hija y su casa”.
No obstante, el órgano jurisdiccional consideró infundados los agravios del excolaborador del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, al determinar que no aportó datos de prueba sobre que su capacidad económica se vio mermada con motivo de que estuvo detenido aproximadamente cinco años.
Además, puntualizó que el monto de la garantía es necesaria, idónea y proporcional, ya que Tarín García cuenta con capacidad económica para cubrir el monto, además de que hay riesgo de que se sustraiga de la justicia, y de que obstaculice el desarrollo de la investigación, ya que, al haberse desempeñado como servidor público, existe la posibilidad de que pueda influir en quienes vayan a declarar en el eventual juicio.
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