ENCERRADOS Y SIN SENTENCIA LOS DETENIDOS POR EL 27M

Agregarán delito de daños a los nueve detenidos por la muerte de 40 migrantes y las lesiones de otros 27; exfuncionario federal acusado se encuentra evadido de la justicia

Teófilo Alvarado | 27 marzo, 2024

A un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde resultaron 40 migrantes muertos y 27 lesionados, nueve personas permanecen presas en el penal de Ciudad Juárez, bajo cargos de homicidio. A todas ellas se les ampliará la acción penal, agregándoles el delito de daños; uno más lleva el proceso en libertad y un segundo está sustraído de la acción de la justicia.

De los nueve detenidos, seis son empleados del Instituto Nacional de Migración, uno es guardia de seguridad de la empresa Camsa y dos son migrantes, ambos originarios de Venezuela, acusados de ser los iniciadores del fuego.

Los otros dos, Francisco Garduño Yáñez, comisionado nacional de Migración, enfrenta su proceso fuera de la cárcel, mientras que Antonio Molina Díaz, exdirector de Control y Verificación (INM central), otro de los señalados, se encuentra sustraído de la justicia, ya que lleva meses sin presentarse a firmar. Molina, también enfrenta una orden de aprehensión por actos de corrupción que presuntamente cometió durante la gestión de Genaro García Luna, cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Los detenidos por el incendio en la estación migratoria, permanecen en la incertidumbre respecto a su situación jurídica, ya que los procesos se han extendido y según sus abogados, hay una especie de “limbo legal” que los mantiene encerrados tras los barrotes, sin fecha para que puedan salir.

Todos conviven en una misma área del Cereso 3, aislados del resto de los presos detenidos por otros motivos.

Ahí se encuentran los dos venezolanos acusados de haber iniciado el incendio ese fatídico 27 de marzo de 2023. Ellos son Jeison Daniel C.R. y Carlos Eduardo C.R.

También el guardia Alan Omar P.V. de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, S.A. de C.V., a quien se acusó inicialmente de haber proporcionado, aparentemente, el encendedor a quien comenzó el fuego.

Bajo la causa penal 216/2023, se encuentran encarcelados Rodolfo C. de la T., Gloria Liliana R.G y Daniel G.Y. En dicha causa penal está Jeison D.C.R. Se les acusa por el delito de homicidio, pero la Fiscalía General de la República les formuló nuevos cargos por los delitos de lesiones y daños.

Además, por la causa penal 235/2023 están detenidos el contraalmirante Salvador G.G., Juan Carlos M. C., coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes; así como Eduardo A.M., titular del Departamento de Recursos Materiales. Los delitos que se atribuyen son por ejercicio ilícito del servicio público, homicidio y lesiones.

Asimismo, por la causa penal 237/2023 se encuentra vinculado a proceso Francisco Garduño, comisionado del Instituto nacional de Migración (INM), quien lleva su proceso en libertad, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

Por la causa penal 236/2023 se encuentra vinculado a proceso Antonio M.D., exdirector general de Control y Verificación Migratoria, por el delito de uso indebido de la función pública. También se encuentra en libertad.

Sin investigación pretenden ampliar los cargos: Vázquez Campbell

Jorge Vázquez Campbell, abogado de Jeison Daniel C.R., señala que a 365 días de la tragedia, no se ha avanzado gran cosa, porque no se ha hecho investigación ni nada, la única novedad es que quieren ampliar los cargos.

Explica que tal vez están considerando el tema de los daños, sin embargo, no lo hicieron desde un inicio y ahora quieren agregarlo.

El abogado cuestiona el hecho de que solamente les hayan fincado el cargo de homicidio y que se hayan esperado un año para agregar el delito de daños al edificio donde estaban resguardados.

Es muy posible que la aseguradora haya frenado la entrega completa de la indemnización a los familiares de las víctimas y por eso ahora están reconsiderando la acusación, dice.

Asegura que el Gobierno federal de México no ha dado justicia pareja a los detenidos, razón por lo que se estarían violando algunos derechos. Los detenidos permanecen tras la rejas y los juicios de amparo que han tramitado no son resueltos, al grado de que las fechas de audiencia se posponen una y otra vez.

Menciona que en el caso de Jeison Daniel C.R., quien tenía fecha para un amparo en el Noveno Juzgado de Distrito, en cuatro ocasiones le difirieron las audiencias y finalmente el titular se declaró incompetente y lo mandó al Juzgado Séptimo, donde están concentrando todos los amparos del caso del incendio en la estación migratoria.

Un nuevo delito... cortinas de humo

Será hasta agosto próximo que volverán a ejercer acción penal contra los acusados; les fincarán más delitos, concretamente el delito de daño en propiedad ajena, explica.

Vázquez Campbell considera que el Gobierno de México lo que busca es publicitarse a nivel mundial como si estuviera protegiendo los derechos de los migrantes extranjeros, sin embargo, a la vez está lastimando, al obstaculizar el pago de las indemnizaciones, de tal forma que las acciones son puras cortinas de humo.

Insiste en que el Gobierno federal se burla. Detener a personal operativo del INM, resulta algo incongruente, porque solo cumplían con su trabajo y con los recursos con que contaban, y a pesar de que mandaron escritos, oficios y protestas durante el desempeño de sus funciones en la estación migratoria, no les hicieron caso.

Refiere que en su momento reclamaron que necesitaban extinguidores y cuentan con esa evidencia documental, sin embargo, los superiores nunca los atendieron.

Algunos de los defensores han dicho ante el juez, que al no contar con las herramientas necesarias, tampoco pudieron en su momento cubrir con su salario dichas deficiencias, dice Vázquez.

No pueden liberarlos, el caso se ha politizado: Lara Ferreira

Luego de que un juez le fijara una fianza de 2 millones de pesos al empleado del Instituto Nacional de Migración (INM) Juan Carlos Meza Cumplido, en lugar de 20 millones, la familia se ha dedicado a realizar actividades para recolectar fondos para sacarlo de la cárcel y que lleve su proceso en libertad. Tienen la seguridad de que él es inocente.

Leonardo Lara Ferreira, abogado de quien fungía como jefe del Grupo Beta en Ciudad Juárez, reitera que su cliente es inocente.

Explica que el proceso de la investigación complementaria está suspendido, debido a que otros abogados o la Comisión de Víctimas, promovieron un amparo.

“Ahorita estamos como en el limbo, digamos, hasta que no se resuelva ese amparo; entonces se suspendió el plazo que en su momento fue de cuatro meses”, dice.

Explica que en el caso de Juan Carlos Meza Cumplido, se promovió un incidente porque el juez de Control le había impuesto una garantía económica de 20 millones de pesos y luego aceptó que debía ser menos, por lo cual se la dejó en 2 millones.

Dice que se solicitó también que le permitan usar un brazalete electrónico y están detenidos porque la familia está batallando para conseguir el recurso, a través de venta de comida, entre otras actividades.

La familia no cuenta con un bien libre de gravámenes que cubra los requisitos de una afianzadora, agrega.

El litigante explica que como no ha fenecido la investigación complementaria, no se puede determinar la fecha en que pudiera quedar libre, aunque la familia pudiera reunir ya los recursos para el pago de una fianza.

El caso en que se han visto involucrados los ahora detenidos, es un tema muy politizado y por eso el curso de las cosas no ha sido el común, tanto que hasta las afianzadoras tienen temor de que pudieran perder los recursos debido a esa situación, señala.

Comenta que es importante que el juez le otorgue la libertad a su defendido, con la certeza de que tiene fuerte arraigo en la ciudad, empezando porque aquí está su familia que incluye esposa e hijos y no pensaría jamás en huir.

Las cosas se han quedado en suspenso: Oropeza Valles

Los defensores del empleado del Instituto Nacional de Migración (INM), Rodolfo Collazo, lamentaron que ya se cumple un año de iniciado el proceso y su cliente aún permanece en prisión, cuando él ni siquiera estuvo en la estación migratoria donde sucedió el brutal siniestro ese 27 de marzo de 2023.

El abogado Manuel Efraín Oropeza Valles, explica que las funciones de Collazo eran de tipo administrativo, que nada tenían que ver con la seguridad de los migrantes.

Subraya que ha quedado expuesto que ese día de la tragedia en el edificio de Rivas Guillén y Heroico Colegio Militar, el empleado estaba comisionado a la entrega de niños extranjeros en las instalaciones de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en otro lugar, por lo que nada tuvo que ver con los hechos donde fallecieron 40 personas y resultaron 27 lesionadas.

Agrega que debido a lo mediático del tema y a la cantidad de personas que han imputado, así como lo grueso de las carpetas, el juicio se ha alargado; incluso confirma lo dicho por otros defensores, de que el caso se ha quedado en suspenso, en lo que se resuelven recursos legales o amparos que otros han interpuesto.

No hay fecha para que se reanude el juicio y fácilmente podrían pasar más meses, mientras su defendido sigue encarcelado por un crimen que no cometió.

El litigante recuerda que su defendido, pese a no estar siquiera en el lugar del incendio, se acercó a tratar de ayudar, lo cual puede confirmarse a través de videos y testimoniales.

Oropeza Valles explica que la intención de algunos defensores es que se lleve un mismo juicio por todos los detenidos, sin embargo, en su caso no les conviene, porque tienen forma de comprobar la inocencia de Rodolfo y está convencido de que podrían avanzar más por separado.

Dice que otros van por la estrategia de solicitud de cambio de medida cautelar de sus defendidos y también han tramitado amparos.

Aclara que el caso sigue en periodo de investigación y recopilación de pruebas y hasta después seguramente se citará a declarar a todas las personas que tengan relación con las causas, incluidos los testigos. Por lo pronto, no hay fecha para la audiencia intermedia.

Dice que tanto su defendido como la familia están muy afectados, porque nadie tuvo la intención de que ocurriera un incendio, sin embargo, lo detuvieron a pesar de que no tuvo responsabilidad.

“Están afectando la libertad de una persona muy íntegra y no es justo que esté ahí. Está tranquilo porque sabe que él no lo cometió (el incendio), pero está lo tardado del proceso, agrega.

Insiste en que se trató de un accidente y que está pagando gente que realmente no tendría que estar ahí.