A UN AÑO DEL INCENDIO EN MIGRACIÓNVIOLENCIA CONTRA MIGRANTES CONTINÚA

La justicia en el caso de los 40 muertos y 27 lesionados permanece en un compás de espera pues no se advierte el cierre del proceso, ni se ha asegurado la reparación integral del daño a las víctimas ni a sus familias

Teófilo Alvarado | 27 marzo, 2024

Han pasado 365 días de aquella fecha trágica en que 40 migrantes terminaron muertos en un incendio y otros 27 resultaron lesionados, en la Estación Migratoria Lerdo del Instituto Nacional de Migración (INM), sin que haya sentencias a detenidos, reparación integral del daño y tampoco mejoras tangibles en la protección de quienes continúan llegando a esta frontera, perseguidos por el crimen organizado para ser secuestrados y extorsionados.

A la fecha, el caso se mantiene congelado, donde dos venezolanos y un guardia están encerrados por el delito de homicidio, lo mismo que seis empleados federales, mientras dos directivos del INM están bajo libertad, acudiendo solamente a firmar cada 15 días, sin que se advierta el cierre del proceso.

El reporte oficial es que alrededor de un 70 por ciento de las familias de los extranjeros fallecidos aquel 27 de marzo del 2023, han recibido una indemnización de 3.5 millones de pesos por cada uno, mientras se estaba en espera de un acuerdo para entregar indemnizaciones también a 27 de quienes resultaron con lesiones.

La estación provisional se cerró por aquellas fechas y los migrantes que son asegurados en Juárez y sus alrededores, desde entonces, son enviados a la estación Janos a más de 200 kilómetros de distancia, donde pasadas unas horas son liberados en una zona desértica, expuestos a caer en redes de grupos criminales. La nueva estación que se prometió para la localidad sigue pendiente.

De hecho, desde hace unos meses, la Guardia Nacional (GN) intensificó operativos en los ferrocarriles que transitan por los estados del norte del país, con el objetivo de que los migrantes ya no los utilicen para llegar a la frontera de Juárez-El Paso, por lo que estos se ven obligados a caminar durante días igualmente por carretera o terrenos inhóspitos, en dirección al norte, rumbo a la línea divisoria entre México y Estados Unidos.

En el camino, de acuerdo a testimonios, los migrantes son abordados por integrantes de células criminales, quienes los obligan a entregar los recursos monetarios que les quedan y en algunos casos son privados de la libertad, hasta que familiares que se encuentran en Estados Unidos pagan su rescate.

Por otra parte, mientras los abogados de los detenidos no cejan en la lucha porque los liberen, arguyendo que son inocentes, las familias de las víctimas y los propios sobrevivientes esperan que se haga justicia, no únicamente con castigos a quienes los dejaron encerrados bajo el humo y las llamas, sino con las indemnizaciones completas que el Gobierno de México prometió.

Quienes pudieron escapar de aquel infierno, algunos regresaron a sus países y otros cruzaron a Estados Unidos, donde cumplen en parte su “sueño americano”, aunque con heridas emocionales profundas, al recordar lo cerca que estuvieron de la muerte.