Bajo el argumento de la emergencia nacional epidemiológica por el tema del coronavirus, el sistema judicial del estado de Chihuahua quedó suspendido por acuerdo del Poder Judicial de la entidad, y todo el trabajo en los juzgados civiles, penales, mercantiles y familiares ha quedado paralizado, al no ser considerada una “actividad esencial” por lo que miles de juicios y solicitudes de audiencia quedaron condenados a la incertidumbre.
¿Es o no la labor del sistema judicial, una actividad esencial?, ese es el dilema que en este momento debaten abogados e integrantes del sistema judicial, hoy varado.
En el fondo, se trata de un tema que tiene que ver con las garantías de los ciudadanos y su derecho a la justicia, explica a Norte Digital la abogada Mardia Astorga García, de la asociación Abogados Postulantes Independientes que agrupa alrededor de 250 profesionistas en activo en Ciudad Juárez.
Los impactos observados, tienen que ver necesariamente con los derechos humanos.
“¿Equivaldría entonces considerar pues que los derechos de los ciudadanos no son esenciales?”, cuestionó.
“Cuando el pleno del Poder Judicial dispuso el cierre de juzgados, falló en no ofrecer una alternativa efectiva para que el sistema continuara operando a través de una plataforma cibernética para dar seguimiento a los acuerdos. Todo se paralizó, y es aquí en donde surge el conflicto”, menciona la abogada Astorga.
“Únicamente se preocuparon por ellos mismos, en velar para que todos conservaran sus honorarios, e irse a su casa sin ningún tipo de alteración o incomodidad. ¿Y dónde quedamos entonces los ciudadanos que necesariamente necesitamos atender un asunto en los juzgados?”, cuestionó.
“Cada día que transcurre, el rezago de casos se hace aún más exorbitante como por ejemplo expedientes por violencia intrafamiliar, herencias, desahucios, pensiones alimenticias, casos de violación, etc, pero también muy lamentable resulta el caso de aquellas personas que recién fueron detenidas y que esperan su audiencia de vinculación, ¿qué tal si pasan los meses, o hasta el año, y resulta que son inocentes?”, planteó.
Dentro del decreto federal del pasado 30 de marzo, se precisa que la impartición y procuración de justicia son actividades esenciales, así como el de las farmacias, hospitales, de protección civil, comercio, supermercados, actividad financiera, energética, ferretería, servicio de agua, asilos, etc.
No obstante desde el 18 de marzo el pleno del Poder Judicial de Chihuahua ya había ordenado el cierre de juzgados y la suspensión de sus actividades.
“CIERRE DE ACTIVIDAD TRASTOCA LOS DERECHOS HUMANOS”
Para el abogado y derechohumanista Óscar Altamirano, el tema de acceso a la justicia pese al contexto de la emergencia por la pandemia, no debe trastocar los derechos ciudadanos.
“Evidentemente ese derecho se ha visto afectado de forma grave, porque todo el sistema jurisdiccional ha cerrado sus puertas, tanto en el sistema estatal como federal, de manera tal que las personas en este momento no tienen la posibilidad de acceder ordinariamente a la justicia”, expuso a Norte Digital.
“Por ejemplo, aquellas personas que estaban en proceso de divorcio, no pueden hacer nada, mas que esperar a que abran de nueva cuenta los juzgados y acceder al servicio”.
“También se dan casos de empresarios que tienen arrendados sus negocios, y deben resolver si este mes de abril y la parte de marzo, tendrán o no la obligación de cumplir con sus contratos. Hay muchos conflictos cuya base es la economía, y deben ser resueltos”, añadió.
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“Ahora bien, al interior del sistema de justicia, el asunto no es menos grave porque efectivamente se han quedado miles de casos suspendidos, sin que corran los tiempos. Hay una parálisis del proceso, y muchos son los perjudicados”.
“Un derecho de acceso a la justicia implica resolver conflictos de manera rápida. Si se hace lento, es una negación a la justicia”.
Por otro lado mencionó que esta suspensión implica que miles de quejosos, “no ejerzan el derecho de reclamo, como una corrección de acta de nacimiento de alguien que iba a recibir algún beneficio de un juicio testamentario, o un reparto de bienes. Simplemente no va a poder”, expuso Altamirano.
“En el área penal se torna aún más grave, porque si bien hay guardias en los juzgados, solo se realizan algunas audiencias. El resto no se ha programado y lo harán hasta que termine la contingencia por el coronavirus”.
“La falta de actividad en los juzgados afecta gravemente al derecho sustantivo de acceso a la justicia, y que afecta directamente la vida y la dignidad de las personas. El nivel de afectación se podría reflejar por ejemplo en una mujer casada sometida a violencia familiar y que no hay un procedimiento para separarse de su casa. La mujer finalmente lo va a tener que hacer con las consecuencias legales que puedan considerarse, sin ninguna autorización judicial”.
El abogado Altamirano coincidió en que el Poder Judicial pudo haber previsto que en esta suspensión de labores, se tomaran en cuenta otro tipo de herramientas tecnológicas para no caer en la parálisis.
La UACJ tenía un sistema de educación a distancia, y ante una emergencia como esta, echa mano de esos instrumentos y resuelve el problema de clases presenciales con las virtuales. Eso es lo que no ocurrió en los tribunales pues no cuentan con un proyecto activo que permita en alguna medida el trabajo a distancia”, añadió.
“Esta situación genera también otro problema mayor, pues no solo genera el problema a los usuarios, sino que provoca un gravísimo problema de subsistencia a la gran cantidad de abogados que atienden de manera independiente en el Poder Judicial”.
“Hay una gran cantidad de abogados, miles, abogados de oficio e independientes, cuyo trabajo y fuente de ingresos se desarrolla gracias al trabajo que hay en los juzgados, ahí está su única fuente de ingresos”, mencionó.
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“EL PODER JUDICIAL NO ESTÁ PREPARADO PARA UNA EMERGENCIA”
Para el también abogado Héctor Molinar, “la experiencia que nos deja esta contingencia de salud, es que el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado, carecen de preparación ante una medida de emergencia, para afrontar al menos lo mínimo para evitar actos delictuosos, así como las medidas de protección que requieren las personas vulnerables, cuya impartición de justicia debe ser expedita como lo establece la Constitución”.
Explicó que la Mesa de Trabajo de Litigantes, en la que participan los representantes de los distintos colegios de abogadas y abogados de la ciudad, se dispone a formular una petición al Consejo de la Judicatura representado en Juárez por el magistrado Roberto Siqueiros, para que los juicios que ya estaban en proceso en los distintos juzgados, no tengan que retrasarse más y se lleven a cabo las audiencias presenciales en formato de videoconferencias o a través de cualquier otro medio de alta tecnología.
“El Poder Judicial debió prever que los juzgados cuenten con las herramientas que tenemos de alta tecnología, como la consulta remota, el internet, correos electrónicos, grabaciones de audio y video, que son útiles para continuar los juicios, y no lo hicieron”, dijo el abogado Molinar.
Ante el cierre de juzgados federales y estatales, “quedamos los ciudadanos en un estado de indefensión, sobre todo en aquellas personas que requieren algún tipo de amparo donde intervenga la justicia federal para detener actos de autoridad o abusos”, agregó.
“La emergencia ha descubierto todas las deficiencias que aún tenemos en el Poder Judicial, pese a que hay herramientas importantes como el internet. Es un hecho que los juzgados no cuentan con la infraestructura para enfrentar este tipo de crisis”, abundó.
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