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El Cereso 3 y la deuda del Estado: 17 muertos sin justicia, a tres años del ataque al penal

Tres años después, no hay responsables procesados por homicidio, mientras persisten señalamientos de corrupción, omisiones y fallas institucionales que mantienen abierta una deuda del Estado con las víctimas y sus familias

Por Teófilo Alvarado | Norte Digital | 7:30 am 1 enero, 2026

El 1 de enero de 2023, un ataque armado al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) estatal número 3 de Ciudad Juárez derivó en la fuga de 30 personas privadas de la libertad y dejó un saldo de 17 muertos. A tres años de esos hechos, ninguno de los homicidios cometidos dentro del penal ha sido castigado.

Ese día, las puertas del penal se abrieron para permitir la evasión de Ernesto Piñón, alias El Neto, junto con otros 29 integrantes del grupo criminal Los Mexicles, en uno de los episodios más graves del sistema penitenciario de Chihuahua.

Desde entonces, la mayoría de los evadidos fue recapturada; otros murieron en distintas circunstancias y dos permanecen prófugos: Jorge Arturo Meléndez Alvídrez y Esteban Ramón Ruiz Pérez, alias El Clavos.

Durante el ataque fueron asesinados 10 custodios, presuntamente a manos de integrantes de Los Mexicles. Sin embargo, ninguno de los posibles responsables ha sido llevado a juicio por el delito de homicidio.


Ataque y fuga del Cereso 3

  • 1 de enero de 2023: ataque armado y toma de control del penal.
  • Ese mismo día: fuga de Ernesto Piñón, alias El Neto, y otros 29 internos.
  • Saldo: 17 personas asesinadas.
  • Días posteriores: operativos de recaptura; algunos evadidos mueren.
  • Situación actual: dos prófugos y ninguna sentencia por homicidio.

Tampoco exdirectivos del Cereso 3, del sistema penitenciario estatal, ni mandos de la Fiscalía General del Estado (FGE) —de la cual dependía el penal— han sido procesados por esta fuga masiva, pese a que persisten irregularidades graves sobre la forma en que las personas privadas de la libertad (ppl) lograron acumular armas largas y cortas dentro del penal, con las cuales tomaron el control del inmueble y facilitaron la evasión.

Instancias como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) han señalado que la corrupción permitió el autogobierno dentro del Cereso. No obstante, hasta ahora no se ha castigado a los responsables de acciones delincuenciales u omisiones que facilitaron que los líderes de esa pandilla consolidaran su poder al interior del penal.


Víctimas del ataque al Cereso 3

Personas privadas de la libertadCustodios asesinados
Juan Carlos Nurias GómezÉdgar Omar Hernández García
José Luis Oliván GarcíaGuadalupe Gámez Galán
Edgar Echeverría RodríguezJaime Arciniega Alvarado
Mario Enrique Falcón HerreraCarlos Ernesto Salinas Bañuelos
Jorge César Lares NicolsAbel Juárez Hernández
Cristian Reyes NavarroCarlos Santiago Padilla Silva
César Vega Muñoz, alias “El Chilín”Manuel Rodríguez Soria
Víctor Hugo Rivera Meraz
José Ausencio Pérez Puentes
Domingo Trejo Serrano

 

Demandas sin sentencia

Sobre el asesinato de los 10 custodios del Cereso 3, el abogado de las familias, Raúl Esparza Silva, informó que la demanda por daño moral continúa en curso y que aún no se ha dictado sentencia, aunque confían en que esto ocurra próximamente.

Explicó que inicialmente los expedientes se tramitaban por separado, pero que el juez correspondiente ha comenzado a concentrarlos para resolverlos de manera conjunta.

“Estamos en espera de que en enero de 2026 nos otorguen un término de cinco días hábiles para presentar alegatos; después se cerrará el periodo probatorio y el Tribunal deberá emitir la sentencia definitiva”, indicó.

Agregó que a la representación del Cereso 3 le han sido desechadas todas las pruebas presentadas, por lo que confían en que el próximo año se emita una resolución favorable para las familias.

A un año de la fuga en el penal, la justicia sigue prófuga

La responsabilidad del Estado

En la demanda contra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) se solicitan 30 millones de pesos por daño moral, cifra respaldada por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de 10 millones de pesos por daño o afectación al proyecto de vida.

De cubrirse la indemnización en los casos de los 10 custodios asesinados, el monto total podría alcanzar hasta 400 millones de pesos.

“Como los custodios eran el sustento económico de sus familias, existe una figura legal que establece que cuando una persona fallece por un hecho atribuible al Estado, se puede reclamar una indemnización por daño al proyecto de vida”, explicó el litigante del despacho Lex Iusta.

Esparza Silva precisó que en algunos casos los beneficiarios son esposas e hijos, mientras que en otros son distintos familiares quienes sobrevivieron a las víctimas.

El especialista en Derecho aclaró que no es posible establecer una fecha exacta para la sentencia; sin embargo, estimó que, si el proceso avanza sin contratiempos, podría resolverse hacia finales de 2025, dependiendo de la carga de trabajo del Tribunal.

Sobrevivientes y secuelas

Además de las demandas relacionadas con los custodios asesinados, otros cuatro sobrevivientes presentaron demandas por daño psicológico. De ellos, tres aceptaron reincorporarse a sus labores y desistieron de la acción legal.

Uno más continuó con la demanda, al haber sufrido una afectación psicológica severa.

“Quedó muy afectado, porque presenció la muerte de sus compañeros; estuvo ahí y, por destino o por un milagro, a él no le ocurrió lo mismo”, relató Esparza Silva.


Omisiones y fallas señaladas tras el ataque al Cereso 3

Organismos de derechos humanos identificaron fallas estructurales y omisiones que permitieron el ataque y la fuga masiva:

  • Autogobierno tolerado al interior del penal.
  • Ingreso y acumulación de armas de alto poder.
  • Deficiencias en controles de seguridad y supervisión.
  • Fallas en la cadena de mando penitenciaria.
  • Ausencia de sanciones penales y administrativas.
  • Falta de atención a alertas previas sobre control criminal..

Tres años después, el saldo permanece intacto: 17 muertos, ninguna sentencia penal por homicidio y una deuda del Estado que sigue abierta.

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