Investigación
El Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, asegura que hubo complicaciones jurídicas en la integración de las carpetas
Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, sostiene que “no es un tema que necesariamente esté en completa impunidad”
Un año después persisten varias de las situaciones que dieron origen a la evasión
Mientras haya impunidad, seguirá el autogobierno y la corrupción en el penal, advierte el criminólogo Oscar Máynez
Teófilo Alvarado | 1 enero, 2024
Al cumplirse un año del asalto violento al Centro de Readaptación Social #3 de Ciudad Juárez, por parte de un grupo criminal liderado por Ernesto Piñón de la Cruz (a) El Neto, donde se registró el homicidio de 10 custodios y 7 internos, que luego terminó en la fuga más grande y violenta en la historia del penal, el caso permanece impune.
A doce meses de la fuga masiva no hay órdenes de aprehensión contra los que habrían permitido privilegios de reos, incluida la entrada de armas, drogas y personas ajenas al penal.
Los funcionarios de primer nivel que encabezaban las áreas relacionadas con la operación de los Ceresos, incluido el número 3 donde se registró la gran fuga, permanecen libres, sin que se haya informado si los han incluido siquiera en alguna carpeta de investigación o si los han llamado a declarar en torno a los hechos.
César Jáuregui Moreno, titular de la FGE en la entidad, quien fue nombrado emergentemente por la gobernadora María Eugenia Campos tras destituir a Roberto Fierro Duarte, admitió a Norte Digital que en el caso “ha habido complicaciones jurídicas”.
En una apresurada y casi obligada entrevista banquetera (no quiso recibir al medio para una entrevista pormenorizada), fue la frase que utilizó para justificar que no hay detenidos por la evasión de presos y por las acciones u omisiones de funcionarios que generaron el ambiente para que ocurriera la introducción de armas de fuego y se cometieran los homicidios así como las lesiones de ese 1 de enero de 2023.
El funcionario no precisó de qué tipo de complicaciones jurídicas se trata, pero lo cierto es que Fierro Duarte, así como Alejandro Alvarado Téllez, quien fungía como director, solamente fueron removidos de sus puestos en aquel entonces.
Apenas alcanzó para algunos ceses y remociones
El día 3 de enero que se anunció la salida de Alvarado Téllez, la FGE informó que “de la misma manera, personal operativo, administrativo y de otras áreas del Cereso están sujetos a investigación, con el objeto de establecer quién o quiénes están involucrados en el ingreso de objetos prohibidos, omisiones como autoridad penitenciaria y autorizar actos que están fuera de la Ley”.
Al no haber resultados de dicha investigación, se advierte que el tema solo quedó en anuncio y unas cuantas remociones.
A nivel estatal, el director general del sistema penitenciario, Luis Alfonso Harris Arrondo, fue cesado a su vez el día 11 de enero. No se le detuvo ni se ha informado que lo estén investigado actualmente, a 365 días de la masacre y fuga.
En el caso del exfiscal Roberto Fierro Duarte, tras su destitución, fue protegido en la Secretaría Particular de Gobierno Estatal y el pasado 2 de noviembre fue premiado con otro cargo en Gobierno del Estado, al ser designado como director jurídico de la Secretaría de Hacienda, a dos meses de que se cumpliera el primer aniversario la tragedia del Cereso de Ciudad Juárez.
No ha sido fácil: Jáuregui
César Jáuregui Moreno mencionó que no ha sido fácil la integración de la averiguación, sin embargo, se tomaron más de 100 medidas relacionadas luego de los hechos.
Acerca de los reos evadidos, señaló que sí se les han fincado nuevos cargos, porque la evasión en sí es un delito que no tenían.
Dijo que no es la primera evasión pero reconoció que la de El Neto y secuaces marca un antes y un después en el sistema penitenciario, por la magnitud de los hechos.
Tras buscar la versión de la Fiscalía del Estado zona Norte, se informó que los funcionarios presuntamente involucrados en los hechos del 1 de enero de 2023, se encuentran en proceso de apelación por diverso delitos cometido durante el denominado “Jueves Negro”, ocurrido el 11 de agosto de 2022.
Sin precisar los nombres, se hizo referencia a Francisco Javier D. S., quien fungía como director del penal antes del “Jueves Negro”, así como a Enrique G. V., quien era coordinador operativo. También a William L. H., otro de los exservidores públicos que laboraba en el Cereso tres.
Sin embargo, quedan pendientes eventuales procesos contra Alejandro Alvarado Téllez y Alejandro Alavés Reyes, los que estaban como director y primer comandante de custodios específicamente el 1 de enero de 2023.
El pasado 8 de diciembre, el fiscal de la zona Norte Carlos Manuel Salas, sobre el tema del 1 de enero de 2023, dijo a la prensa que se seguía trabajando y que era una tarea no concluida.
Una tarea no concluida: Salas
Tras buscar la versión del fiscal de la zona Norte Carlos Manuel Salas para actualizar la información de las carpetas, el pasado 8 de diciembre, dijo que se seguía trabajando y que era una tarea no concluida.
“Sigue abierta la investigación, se siguen fincando responsabilidades, se siguen solicitando órdenes de aprehensión y creo que nunca debemos descansar hasta cerrar totalmente esto”, indicó.
Gilberto Loya, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, señaló respecto a la impartición de justicia, que se ha avanzado en la captura de reos evadidos y que se ha detenido a personas que colaboraron desde el exterior del Cereso, para facilitar la huida.
“Entonces no es un tema que necesariamente esté con completa impunidad, se está trabajando en ello y creo que hemos avanzado mucho, lo he platicado mucho con el fiscal”, anotó.
Agregó que se mantienen abiertas las carpetas sobre la posible omisión o complicidad que pudiese haber existido por parte de personal que trabajó o que en algún momento está suspendido por parte de la autoridad penitenciaria, pero no hay fechas para que se den los avances y no ha querido ser invasivo con las facultades de la autoridad investigadora, para no generar “algún malentendido”.
Avances a medias
No obstante, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo una recomendación –132/2023– a las autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua para atender las causas que generaron la fuga de reos encabezados por El Neto el 1 de enero de 2023, a la fecha se advierte que persisten varias de las situaciones que dieron origen a la evasión, a la par que sigue pendiente la justicia.
Para empezar, en el documento fechado el 31 de julio de 2023, se solicita que se inicien las investigaciones pertinentes que lleven a aplicar las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate, respecto de una conducta irregular cometida por personas servidoras públicas en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley.
En la práctica no se ha detenido a nadie ni se ha informado sobre liberación de órdenes de aprehensión a exdirectivos o empleados del Cereso Estatal 3 que habrían facilitado el ingreso de armas, el autogobierno, los privilegios y el ingreso de objetos y personas ajenas al penal.
En la recomendación 132, se hace énfasis en la sobrepoblación y hacinamiento, donde se establece que estaba documentado hasta 40 por ciento más de los presos que debían estar encerrados en el edificio.
A la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que tiene bajo su conducción el sistema penitenciario, refiere que sigue en el mismo porcentaje de exceso de internos. Por ahora hay unos mil reos de sobrepoblación. La capacidad es para 3 mil 047 y en lugar de eso hay 4 mil 100.
De igual manera la SSPE informa que actualmente esperan atender el problema con la contratación de personal de seguridad y custodia, donde se estima que hay un déficit de entre 35 y 40 por ciento.
La CNDH subrayó que hay una deficiente separación entre población procesada y sentenciada, así como una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, lo que favorece el agrupamiento de personas que antagonizan entre sí al interior del Cereso.
La respuesta ante esto por parte de la SSPE es que continúan aplicando los mismos criterios de siempre, donde se privilegia la pertenencia a las pandillas para tenerlos separados.
El organismo derechohumanista, criticó el hecho de que prevalecía la libre entrada de objetos prohibidos, incluso armas de fuego.
Por ahora, la SSPE ha presumido que todo artículo que ingresa es autorizado debidamente, sin embargo, hace unos días se realizó el aseguramiento de dos pistolas, un arma larga y dos granadas de fragmentación, en un módulo donde están recluidos integrantes de la pandilla Artistas Asesinos. La justificación fue que los objetos bélicos tendrían más de un año al interior.
La misma SSPE informó que actualmente cada vez que una persona intenta ingresar dinero o drogas, es turnado ante el Ministerio Público.
La CNDH hizo énfasis en la entrada de 15 mujeres ajenas al Cereso 3 para participar en una fiesta entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, las cuales “no pudieron pasar inadvertidas para las autoridades encargadas”.
En total, ese 1 de enero cuando se retomó el control del penal, egresaron un total de 66 personas ajenas al penal (57 mujeres adultas y 9 niños y/o niñas, siendo que alrededor de 20 mujeres portaban vestimenta diversa a la establecida en el Reglamento para visitas. De esas 20 mujeres, 15 son las que portaban las grandes cantidades de dinero.
Esas 15 personas que traían consigo importantes cantidades de dinero, una de ellas alrededor de un millón de pesos, fueron liberadas al no comprobarles delito.
Ya no hay privilegios: SSPE
Debido a que la CNDH pidió que se erradique la presencia de autogobierno, cogobierno y de actividades ilícitas en el interior del Cereso 3 de Ciudad Juárez, la autoridad estatal presumió que ya no tienen que pedirle permiso a los reos para ingresar a sus módulos, como antes se hacía, y que ahora pueden entrar a donde sea.
Entre 2020 y 2022, la CNDH documentó la existencia de zonas de privilegio, con baños equipados con tina de hidromasaje, pantallas, camas matrimoniales, equipos de aire acondicionado y adecuaciones arquitectónicas realizadas por las propias personas privadas de la libertad.
La SSPE asegura que esos privilegios ya no existen.
Respecto a la reparación de daños ocasionados por el deceso de 17 personas durante los hechos ocurridos, así como para las personas que resultaron ser víctimas indirectas, “a quienes se deberá otorgar una compensación apropiada y atención psicológica y tanatológica especializada, en caso de requerirla”, según la petición de la CNDH, la SSPE informó que se dio una reparación a los familiares de 10 custodios victimados, sin embargo, a la denuncia que interpusieron dichas familias para una mayor compensación como parte de la responsabilidad civil del Estado, se le ha desestimado.
También se hizo el señalamiento de la escasa o insuficiente colocación de cámaras de vigilancia en el penal.
En respuesta, la SSPE refiere que no solo se habilitaron más cámaras, sino que se les conectó a Plataforma Centinela, para que no solamente monitoreen los empleados del Cereso, sino que lo puedan hacer otros empleados estatales desde el centro de mando localizado en otra parte de la ciudad.
“Apuestan al olvido para no hacer justicia”
Al retrasar las investigaciones o no hacerlas en el caso de la fuga del Cereso y la violencia que dejó 17 homicidios adentro, lo que hace el Gobierno es apostarle al olvido para no hacer justicia, consideró el criminólogo Óscar Máynez.
Mencionó que hay casos emblemáticos en la ciudad o el país, porque ilustran todo lo que ocurre en el sistema, tal como habría ocurrido en el Campo Algodonero, donde las irregularidades, abusos e indolencia de las autoridades y la politización de la tragedia quedaron de manifiesto.
Comparó el tema con lo ocurrido en el Cereso Estatal 3, al considerar que en ambos asuntos hubo protección de las autoridades por acción u omisión.
“Refleja cómo responde el Estado mexicano en este caso de todos los niveles ante una tragedia para tapar, para negar, para cerrar, para que pase al olvido”, señaló.
El análisis de este caso refleja todas las fallas, huecos, irregularidades que persisten en el sistema de procuración de justicia en México, señaló.
Lo ocurrido en el penal de Juárez es un microcosmos de lo que está ocurriendo afuera, donde se advierten las alianzas, enemistades, el poder y nivel de colaboración que tienen los delincuentes de parte de las autoridades.
“Más o menos te das cuenta de lo que está pasando afuera cuando ves la dinámica interna en el Cereso”, subrayó.
Puso en tela de juicio que las autoridades en turno no supieran sobre las prácticas y privilegios que existían en el penal, porque lo común es que se hagan diagnósticos al comenzar las administraciones en las áreas de seguridad.
“Lo que estaba ocurriendo en el Cereso era más que evidente, entonces ahí se abrió una gran omisión… claro que sabían, obviamente no es políticamente correcto que lo admitan”, indicó el criminólogo.
Consideró que los hechos del 1 de enero de 2023 difícilmente van a ser un parteaguas en el sistema penitenciario de la ciudad o del estado, como lo señaló el fiscal César Jáuregui, porque para eso sería necesario que hubiera castigos a los responsables y la realidad es que no los hay.
Dijo que la única forma de corregir lo que ocurre en el Cereso local, con las prácticas de privilegios, corrupción y autogobierno, es sancionando a las autoridades involucradas que permitieron este tipo de eventos.
“Insisto, se le siguen dando largas, se espera al olvido y al rato vuelve a pasar otra cosa, otra tragedia y volvemos a la misma”, enfatizó.
“No va a haber justicia, no va a haber”
Las historias de los deudos de las víctimas
Mal equipados, con horarios que se extendían por hasta dos días sin descansar, muchos con un segundo trabajo para sostenerse dignamente, así es como vivían los 10 custodios asesinados durante el motín del Cereso 3 el primero de enero del 2023.
Aunque afirman que se les ha cubierto la pensión y el seguro de vida correspondiente, los deudos de los custodios declaran que no hay dinero suficiente para compensar la pérdida de sus padres, hermanos o esposos y están seguros de que no va a haber justicia suficiente que pague por esas vidas perdidas.
Nada que hagan ahora va a poder remediar lo que hicieron: Carlos, hijo de Guadalupe Gámez
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Durante meses, Los Mexicles ingresaron armas de fuego al Cereso Estatal 03, con la aparente complacencia de las autoridades penitenciarias, para preparar la fuga de su líder Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz alias El Neto y aliados, la cual se concretó el 1 de enero de 2023, cuando un grupo de al menos 25 hombres abandonó el penal a sangre y fuego.
El 31 de diciembre, para despedir el año, Los Mexicles que abarcaban las áreas 4 y 5, participaron de una fiesta a la que acudieron no solo presos, sino decenas de personas externas a la cárcel, principalmente mujeres.
El día de la fuga del Cereso 3, El Neto se despidió con una gran masacre, ya que ordenó el asesinato de 10 custodios y siete internos, según la información oficial.
No fue necesario comando armado, adentro tenían las armas
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Las armas y la droga siguen adentro
Las autoridades reconocen avances, aunque también se dicen limitados. Aseguran que no se ha frenado el ingreso de drogas, principalmente, porque los familiares de los reos las meten, varios han sido consignados por ese motivo. Recientemente encontraron armas al interior del penal.
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Reto: que no se vuelva a repetir una fuga
“NO VA A HABER JUSTICIA, NO VA A HABER”
Nada que hagan ahora va a poder remediar lo que hicieron: Carlos, hijo de Guadalupe Gámez
Hugo ChávezCarlos Gámez cumplió 23 años el sábado 9 de diciembre, y ese día platicó sobre lo que vivió ese fatídico primero de enero de 2023 cuando perdió a su padre Guadalupe Gámez de 52 años, quien fue el primero de los 10 custodios asesinados por un comando armado durante el motín ocurrido en el Cereso Estatal 3 ese día.
Relató que su madre resultó lesionada después de caer del techo de su casa un día antes, el 31 de diciembre y que para la tarde ya se recuperaba en el hogar bajo los cuidados de su hijo.
“La mañana del día primero nos dimos cuenta de la noticia del motín en el periódico porque del Cereso no nos avisaron nada. Vino un tío y ya como a las ocho de la noche fuimos. No nos dejaron entrar hasta que les enseñamos una identificación de mi papá y es como pudimos entrar, y ya adentro nos confirmaron que había fallecido”, recordó.
Los mantuvieron encerrados durante más de una hora y en ese lapso es cuando salieron las unidades del Semefo con los cuerpos de los fallecidos pero solo para encontrarse a las afueras del penal con las manifestaciones de protesta de los otros familiares de las víctimas, mientras que Gámez y su tío permanecieron encerrados en la caseta del reclusorio hasta que un amigo de su padre les consiguió la manera de salir.
Al día siguiente Carlos se dio a la difícil y dolorosa tarea de ir a identificar el cuerpo de Guadalupe, su padre.
“Lo primero que pensé fue en mi madre que estaba enferma. Llamé a su familia y les conté para ver si podían venir a apoyarnos. Ellos son de Casas Grandes”, mencionó el joven de 23 años.
No han cumplido con la justicia
Dijo que hasta ahora por parte de la autoridad estatal lo único que han recibido es el seguro de vida junto con la pensión por viudez y por orfandad para él como hijo único.
“No me parece justo ni correcto cómo se han llevado las cosas y con el impacto que esto ha tenido en nuestras vidas, no creo que con esto se vayan a solucionar las cosas… No, no creo que más dinero vaya a solucionar la cosa. En ese aspecto que ya no tenemos que preocuparnos por el dinero si podría ser que haya sido justo, pero en justicia no nos han dado ningún informe ni nada”, reclamó.
“Nada, absolutamente nada. No nos han dicho nada, si se detectó un culpable específico, si están condenando debidamente. Nada nos han informado, solamente han hablado en dos ocasiones de personas que están llevando amparo para deslindarse de este suceso”, declaró.
Recalcó nuevamente que los recursos que le han dado a su familia son insuficientes para compensar la pérdida tan grande de ya no tener a su padre.
Él estaba en un lugar seguro
“A mi papá siempre le gustaron ese tipo de trabajos. Él fue soldado y después escolta, y siempre le gustó ese tipo de trabajos. Cuando supe del motín no pensé que a él le pasara nada porque estaba en una torre de vigilancia, apartado de todo esto. Nunca se me ocurrió que le pasara algo porque en otros incidentes antes él había estado ahí seguro”, confió.
“Nos han contado que ese día llegó a la caseta para registrarse y se puso a platicar con los compañeros, cuando llegaron los del comando armado que los agarrraron y los encuartelaron, y únicamente mataron a mi papá ahí”, dijo Carlos mientras desviaba la mirada hacia abajo.
Otros compañeros contaron que se escondieron adentro, pero dijeron que solamente le dispararon a él en ese momento… los demás no salieron por miedo”, agregó, lamentando enseguida que a su padre le hubiera tocado laborar ese primer día del año.
“No tengo nada qué decirles a los asesinos. Nada que hagan va a poder remediar lo que hicieron, solo que se haga la justicia debida (…) esto ha sido un gran impacto en nuestras vidas y sí nos afectó y nos cambió todo”, manifestó mientras sus ojos se llenaron de lágrimas.
No nos han dicho nada, si se detectó un culpable específico, si están condenando debidamente (...) solamente han hablado en dos ocasiones de personas que están llevando amparo para deslindarse de este suceso”
CARLOS GAMEZ Hijo de Guadalupe Gámez Custodio asesinado en el cereso 3
