El exgobernador César Duarte respaldó a través de un notario público el pago de extorsiones por 172 millones de pesos que realizó con recursos del Gobierno del Estado entre 2014 y 2016. La Fiscalía General del Estado considera estos documentos dentro de la extensa investigación por de actos de corrupción de los llamados Expedientes X.
Recientemente la Secretaría de la Función Pública dio a conocer cuenta con 470 recibos de pago por 172 millones de pesos a 34 personajes. Se les investiga luego de presuntamente recibir, en distintas entregas, los recursos de origen público como pago de extorsiones por parte del anterior mandatario estatal.
En relación con el caso, este jueves El Heraldo de Chihuahua publicó algunos de esos recibos en los que se implica a Maru Campos Galván. Su secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, supuestamente también está involucrado.
Tanto Maru como Jáuregui se les vincula a la nómina secreta de Duarte. Supuestamente la alcaldesa de Chihuahua habría recibido alrededor de 7 millones de pesos y Jáuregui, más de 2 millones.
Los recibos de la nómina secreta de Duarte, certificados ante notario
De acuerdo con la publicación de El Heraldo, los recibos cuentan con una certificación notarial que dice: «El licenciado Raúl Flores Sáenz, notario público número 4, hace constar y certifica que la copia que antecede consta de una foja útil, la cual concuerda físicamente con su respectivo original«.
Los recibos obtenidos por el medio impreso, 34 en total, son pagos por cantidades que oscilan entre los 100 mil y los 400 mil pesos mensuales. El concepto de los pagos es de “apoyos extraordinarios” a nombre de María Eugenia Campos Galván, con su firma. Además, hay otros recibos en favor de César Jáuregui Moreno, con fechas de cuando ambos se desempeñaron como diputados locales.
Al respecto, Maru Campos ha declarado que la rúbrica que aparece en dichos documentos no es suya. De acuerdo con ella, se trata de pruebas fabricadas en su contra.
En la llamada nómina secreta del exgobernador Duarte, actualmente preso en Estados Unidos en espera de la audiencia para su extradición, se considera también la entrega de pagos como sobornos o extorsiones a políticos, empresarios, funcionarios públicos, religiosos, periodistas y líderes de partidos políticos.
El pasado 5 de enero, la secretaria de la Función Pública estatal, Mónica Vargas, reveló que el monto de recursos públicos que se desviaron para la nómina secreta fue de 172 millones 633 mil pesos.
Actualmente hay abiertos procesos judiciales contra 14 exfuncionarios, quienes fingieron haber sido receptores o emisores de pagos por un monto que alcanza los 45 millones. Algunos incluso devolvieron el dinero para evitar que los llevaran a juicio.
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