Los tres órdenes de Gobierno deben trabajar con urgencia el plan de contención sobre el impacto que, específicamente en Ciudad Juárez, podrían tener las acciones que Donald Trump amaga con implementar en materia de migración, economía y combate a los cárteles de la droga.

Simplemente hay que prepararse, y hay que hacerlo rápido, para el peor escenario posible. El tiempo apremia, porque Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero, en apenas 38 días, y amenaza con mostrar su poder y dar la sacudida desde el primer momento.

Una deportación masiva que coloque esta frontera como punto principal de retorno, el cierre total a los cruces indocumentados y a los programas de asilo, aplicar aranceles a las exportaciones y atacar en territorio mexicanos a los cabecillas de los grupos criminales, son acciones que, juntas o por separado, traerían efectos devastadores para la ciudad y gran parte de sus habitantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que estaría en Ciudad Juárez el próximo fin de semana para revisar precisamente el tema migratorio, ante los amagos del presidente electo. Trae plan de recorrer las principales plazas de la frontera norte.

Los juarenses esperan que se concrete la visita anunciada desde una de sus conferencias mañaneras, para que sea el Gobierno federal quien lleve la batuta en un asunto que reclama la conjunción de esfuerzos de distintas instancias, incluyendo las estatales y municipales.

La idea es realizar aquí una mesa de trabajo. Sheinbaum dijo que ella y la gobernadora Maru Campos, con sus respectivos equipos, analizarán el escenario ante la asunción de Trump, como ya se ha hecho en otras entidades fronterizas. Lo más lógico es que se incluyan las instituciones municipales y participe también el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Se supone que el encuentro en esta ciudad se realizará después de que la presidenta atienda una agenda de restitución de tierras para el Pueblo Rarámuri en plena Sierra Tarahumara.

Localmente, ante una relación fracturada entre el Gobierno estatal panista y el Gobierno Municipal bajo las siglas de Morena, la comunicación y la coordinación interinstitucional no fluye como debería.

De hecho, ni siquiera se había planteado institucionalmente el análisis sobre los impactos de la probable andanada trumpista, pese a que aquí ya se han sufrido las crisis humanitarias que generan las políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos.

Ante esos antecedentes de descoordinación, el que se anuncie desde la Presidencia de la República la intención de tomar previsiones y articular una respuesta en conjunto, representa, en principio, un buen augurio.

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Donald Trump y sus colaboradores ya anunciaron la operación de deportaciones más grande en la historia de Estados Unidos.

“Déjenme ser claro: va a haber deportaciones masivas porque acabamos de pasar por una crisis de migración ilegal en la frontera. Cualquiera verá que nueve de cada diez personas que soliciten asilo, terminarán con una orden de deportación”, advirtió el futuro zar fronterizo, Tom Homan.

Desde que Trump anunció la designación de Homan, se encendieron las alertas por los antecedentes que quien fuera, en su primera primera gestión presidencial, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Fue él quien concibió la idea de separar a niños de sus padres, con el argumento de que sería una forma efectiva de desincentivar los cruces de la frontera por parte de personas sin papeles, como parte de una política migratoria denominada “tolerancia cero”.

Hoy, igual que Donald Trump, Homan parece venir recargado. Además de abanderar políticas de mano dura, también ha hecho comentarios controvertidos sobre inmigración. Sugirió en el Congreso que los inmigrantes indocumentados “deberían tener miedo” a la deportación, una afirmación que suscitó un debate sobre la ética de la política de inmigración y su aplicación.

Cuando fue cuestionado si existe una forma de hacer deportación masiva sin separar familias, respondió: “Claro, podemos deportarlos a todos juntos”.

El propio Trump ya declaró ahora que esa es una opción viable. “Bueno, de esa manera se mantiene la… bueno, no quiero separar a las familias, así que la única manera de no separar a la familia es mantenerlos juntos y enviarlos de regreso a todos”, dijo el republicano, en una entrevista con NBC hace cinco días.

En esa misma transmisión, también reafirmó su promesa de acabar con la ciudadanía por nacimiento en ese país, desde el primer día de su mandato.

Aparte, Trump ya se decantó por un halcón, el excoronel Ronald Johnson, con más de una década de experiencia en las Fuerzas Armadas y 20 años en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para que sea el próximo embajador de Estados Unidos en México.

El presidente electo destacó su amplia experiencia como “boina verde” y su paso por la CIA, donde estuvo involucrado en tareas de inteligencia para combatir el narcotráfico y el terrorismo, incluso con misiones en Irak y Afganistán.

Johnson confirma una política de mano dura frente a la crisis migratoria y el combate al tráfico de fentanilo.

Con el nombramiento de Marco Rubio como su próximo secretario de Estado y Christopher Landau (embajador en México durante la primera presidencia de Trump) como subsecretario, el presidente electo completó un equipo de funcionarios dedicados a endurecer la política migratoria y las acciones de Estados Unidos en la guerra contra las drogas.

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“El 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25 por ciento sobre

TODOS los productos que entren a Estados Unidos, y sus ridículas Fronteras Abiertas” resumió Trump en otro de sus preocupantes amagos.

Así que las previsiones deben tomarse en distintas pistas al mismo tiempo. Cada tema, el migratorio, el económico y el de seguridad, deberían derivar en una específica mesa de trabajo para delinear, con todo el apoyo federal, pero con enfoque local, las posibles respuestas.

Sería omiso e irresponsable esperar a que las crisis estallen.

En materia migratoria, la ciudad ha sido rebasada en distintos momentos, cuando la frontera se cierra prácticamente de sur a norte, se restringen los programas de asilo y se privilegia la ciudad para los distintos tipos de repatriaciones y deportaciones.

Ahí está el fenómeno de 2018, cuando la capacidad instalada para la atención de personas en condición de movilidad fue completamente rebasada.

La crisis humanitaria se replicó, con otros matices en el 2023. El flujo migratorio incesante se conjuntó con manifestaciones xenofóbicas que de alguna manera condujeron a la tragedia del 27 de marzo. Ese día, 40 extranjeros murieron como consecuencia de un incendio en la Estación Migratoria donde operaba una celda, saturada por los operativos para detener a quienes esperaban una oportunidad de cruzar el río y entregarse a las autoridades estadounidenses en petición de asilo.

Además, el fenómeno migratorio ha alimentado otra vertiente del crimen organizado y los grupos criminales se han afianzado en el negocio del tráfico de personas porque no ha habido autoridad que prevenga y combata eficazmente ese delito. Ha fracasado ahí toda coordinación interinstitucional.

Las ganancias se multiplican para el crimen organizado porque no únicamente controla la derrama por el trasiego de las personas, sino que por medio del secuestro se apropia de todos sus recursos y los de sus familias.

De acuerdo con proyecciones de la Fiscalía General del Estado, el tráfico de personas le genera al crimen organizado cerca de 100 millones de dólares mensuales, nada más en el corredor de Chihuahua hacia esta frontera.

Es un gran foco rojo que todavía no se atiende a cabalidad y cuyos impactos podrían crecer cuando las medidas antiinmigrantes de Trump concentren aquí los flujos de sur a norte y de norte a sur.

Los fenómenos de migración y seguridad se traslapan y su atención requiere como nunca un enfoque integral, pero también muy específico. Con más razón si en los distintos planos territoriales prevalece la pugna entre los grupos criminales.

La eventual intervención extranjera para anular a jefes de los cárteles representaría una variable que más bien podría traducirse en una mayor escalada de violencia.

Como nunca, deberán ser precisos los trabajos de inteligencia policial y de coordinación entre corporaciones para diseñar la estrategia común de contención y recuperación de cualquier territorio que sea capturado por los delincuentes.

Por si fuera poco, también se posan hoy sobre Juárez los nubarrones de una crisis económica si avanza más la contracción en la industria manufacturera de exportación, que justo está en la mira arancelaria de Donald Trump.

¿Qué hacer si los corporativos cierran aquí sus plantas y se pierden los miles de empleos que soportan la economía juarense?

Así, en cada uno de los rubros, surgen interrogantes que deben ser contestadas a tiempo. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como la gobernadora Maru Campos han mostrado voluntad política para coordinar esfuerzos. Lo que procede es integrar a la autoridad municipal y poner a trabajar a los equipos para confeccionar el plan especial que defina todas las estrategias y acciones.