Hay divisiones que nacen por diferencias de fondo y hay otras que simplemente responden a la necesidad de controlarlo todo, dar el manotazo y demostrar quién manda. La que acaba de consumarse entre los organismos empresariales de Ciudad Juárez se parece más al segundo caso: un grupo de inconformes se levantó de la mesa y decidió armar su propio club.

A Mirone le cuentan que el otrora temido Consejo Coordinador Empresarial de Juárez, capaz de sentar a cualquier alcalde, gobernador o funcionario federal con solo convocar a una reunión, tuvo que hacerse más pequeño, no por estrategia, sino por incapacidad para convivir.

Los inconformes —la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Asociación de Hoteles y Moteles, — abandonaron el selecto club del CCE y decidieron formar su propio frente, todavía con el rótulo pendiente.

¿Qué irá a ser? ¿Una especie de CCE genérico, donde ofrezcan lo mismo, pero más barato?

Por lo visto, los líderes del empresariado juarense prefirieron partir cobijas, hacerlas más pequeñas y cubrir a menos de sus representados. Bonita elección, justo cuando más se necesita una representación sólida del sector productivo fronterizo.

El resultado es digno de la política mexicana: cuando un grupo pierde una votación, en vez de disputar la siguiente, funda su propio partido. Luego crea su “corriente democrática”, arma su propia tribu y termina haciendo exactamente lo mismo —o peor— que aquello de lo que renegaba.

Aquí será igual, pero con empresarios.

Después de casi dos horas de desayuno, discursos y buenas intenciones, la conclusión fue tan sencilla como paradójica: el Consejo Coordinador Empresarial ya no representa a algunos de quienes decidieron abandonar el propio Consejo Coordinador Empresarial.

¿Y qué tenemos ahora? Una organización nueva, nacida de la otra por una especie de bipartición, pero con otro presidente, otra mesa directiva y, por supuesto, la promesa de hablar con una sola voz.

Nada nuevo, pues.

Para ese chiste, mejor se hubieran quedado donde estaban.

No crearon nada distinto; simplemente se tomaron una especie de “chiquitolina” empresarial. Ya no medirán lo mismo, ni pesarán igual, ni tendrán la misma capacidad de interlocución.

Y si algo faltaba para condimentar la historia, apareció el elefante en el desayuno.

El encuentro tuvo como anfitrión al empresario conocido como El Violento Ramos, personaje expulsado precisamente del Consejo Coordinador Empresarial tras el altercado físico con Gilberto Cueva, episodio que terminó en una denuncia penal y en la decisión del organismo de impedirle volver a representar a cualquiera de sus cámaras.

No es un detalle menor.

Si quien financia la reunión es alguien que salió por la puerta de atrás del organismo que ahora pretende sustituirse, resulta inevitable preguntarse si el proyecto busca fortalecer la representación empresarial… o simplemente cobrar viejas facturas.

En política suele decirse que no hay casualidades. En la grilla empresarial, tampoco.

Y eso explica por qué, más que nacer un nuevo organismo empresarial, lo que parece haber surgido es un nuevo frente en la disputa por el control de la representación privada.

La pregunta que queda flotando es sencilla: ¿Ciudad Juárez necesitaba otra voz empresarial, “igual, pero diferente”?  ¿Para qué?

Si algo urgía en este momento era una acción conjunta de todos los frentes productivos para defenderse de los embates que llegan desde todos lados.

Difícil hacerlo cuando los egos, los protagonismos y los intereses personales pesan más que los intereses de cámara, los intereses gremiales y las grandes necesidades de Juárez y de quienes aquí vivimos.

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Ahí estuvo al lado de Rogelio, el muy activo e inquieto líder de la Canaco local, Iván Pérez, así como el presidente de Desarrollo Económico de Juárez, César Ochoa, además de la representación de la Cámara de la Industria Restaurantera, la Canirac, organismos todos, como el de los hoteleros, que terminaron dejando en distintos momentos al Consejo Coordinador Empresarial.

También se vio a Alejandro Sandoval del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; al presidente de la asociación Líderes por Juárez, José Luis Mauricio; a la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Ángela Zavala y al presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, Gilberto Contreras.

Hubo representación de la poderosa Cámara Nacional de los Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), de la asociación de contadores y de los ejecutivos de ventas, entre otros gremios.

Supo Mirone que se volverán a reunir pronto para concretar algún acuerdo que permita formalizar la unión de esfuerzos. A ver en qué queda y si en verdad es de beneficio para la ciudad.

Entre los organismos que se quedaron en el reducido CCE la queja en contra de los representantes que se separaron es que siempre fueron demasiado entreguistas al poder público y que obedecían también a intereses grupales políticos y económicos de algunas familias, como los De la Vega, que siempre intentaron tener todo el control del gremio y la interlocución con las instancias de gobierno.

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Un verdadero madruguete se aventaron en el Poder Judicial, con el cambio de adscripciones de las salas regionales de Hidalgo del Parral, hacia la capital del estado.

Se supone que el acuerdo se tomó en sesión ordinaria privada del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del lunes 13 de julio, aunque ese día Mirone conoció que esa fecha nomás se había planteado para análisis posterior.

Sin embargo, ya circula el acuerdo oficial, en el que el secretario del OAJ, la instancia que la reforma judicial creó como otro poder que casi le compite al Tribunal Superior, envió a su homólogo Tribunal, con fecha de recibido el 14 de julio, donde se informa de la decisión tomada.

Se readscribió al Distrito Morelos con cabecera en la ciudad de Chihuahua, a la magistrada de la Sala Penal Regional, María Elizabeth Macías Márquez, y al magistrado de la Sala Civil y Familiar Regional, Yamil Athié Gómez. Fue un cambio de sede de las salas y la consecuente readscripción de los titulares.

Y aunque se acordó también que en Parral se mantendrá la operación de una Oficialía de Partes de segunda instancia y que tanto Athié como Macías fungirán como enlaces del Poder Judicial con la Región Sur y mantendrán en Parral presencia física periódica y personal, claro que el gremio de los abogados la pegó de gritos por lo que implica perder la cercanía con la segunda instancia.

Desde la primera vez que escuchó Mirone sobre la jugada que impulsó el magistrado Yamil para quedarse en Chihuahua, sonaba polémica la propuesta porque iba en contra de la tendencia descentralizadora de la justicia y del supuesto interés del Poder Judicial de estar más cerca a la gente.

Pero por lo visto, se le cumplió el capricho al magistrado al que no le gustaba nadita la idea de presidir al Tribunal Superior desde la vieja capital de la plata y no desde la capital política del estado.

No hay que olvidar que el abogado que fue impulsado por el duartismo y apareció en acordeones guindas y azules, obtuvo la segunda más alta votación de la elección judicial de 2025 y por lo tanto le corresponde el segundo periodo de dos años en las presidencias rotativas del Tribunal. El próximo año suplirá a Marcela Herrera.

El caso es que al interior del propio Poder Judicial no hubo discusión de fondo sobre lo que implicaba el cambio y en el pleno o en reuniones formales del Tribunal Superior, ni de pasadita se planteó.

La viabilidad jurídica y el análisis quedó en manos de la Dirección General Jurídica, área perteneciente a la Presidencia del Tribunal Superior, donde se elaboró el dictamen que se supone que valoró el Pleno del Órgano de Administración.

Los argumentos que se han utilizado para justificar el cambio es que la atención a los usuarios y justiciables mejorará por el sistema digitalizado (la tecnología suplirá la presencia física), que se distribuirán mejor las cargas laborales, que la calidad de la impartición de justicia mejorará por la diversidad de criterios de segunda instancia (en Parral con una sola magistratura por materia el criterio era unipersonal) y que además se quitarán presiones indebidas y riesgos de seguridad por lo expuesto y ubicables que están las magistraturas.

La inquietud en el tema de seguridad ya lo había planteado la magistrada Macías y debe de tener mucho de razón en cuanto a que es muy riesgoso el convertirse en foco único de atención o ataque.

Lo de la tecnología y la cuestión digital dará mucho de qué hablar porque es una asignatura pendiente del Poder Judicial en varias de sus sedes. Los programas, sistemas y equipo son obsoletos y fallan regularmente.

El tema da para mucho, pero parece que precisamente que no se discutió lo suficiente. Tan es así, que ya se aprobó la reubicación, pero en el edificio judicial de la capital no hay espacio para nadie más.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tardó seis años en informar, de manera oficial, que proyecta construir un hospital en el estado de Chihuahua, pero que no ha iniciado la obra porque no cuenta con un terreno disponible.

Así de increíble: en la entidad más extensa del país, ese organismo —uno de los más grandes del sector público nacional— no ha encontrado dónde comenzar a cavar zanjas y echar ladrillos para levantar el hospital que tanto urge a la población.

Apenas el miércoles pasado, Julio Mercado Castruita, el delegado del IMSS que rara vez da la cara, salió a escena a través de las redes sociales para explicar por qué no se ha construido el hospital que desde hace años le prometieron a Chihuahua, a sus derechohabientes y, por supuesto, al sector patronal que puntualmente realiza sus aportaciones.

Bonita cosa: seis años de espera para que nos digan no cuándo estará listo el hospital, sino por qué ni siquiera han empezado a comprar los sacos de cemento.

Ahora entendemos por qué se tardan tanto en atender a sus pacientes.

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En su exposición, el lugarteniente del IMSS hizo una relatoría de por qué no ha conseguido el terreno para la clínica que anunciaron con toda la pompa y circunstancia: primero, el Municipio de Chihuahua les ofreció un predio que resultó inviable; luego, otro que ya tenía dueño; después, uno que invadía terrenos ejidales y, por último, uno que parecía ideal, con 200 hectáreas… pero ubicado cerca de una estación de gas.

Como quien dice, el doctor Mercado Castruita vino a decirnos que el organismo que recauda miles de millones de pesos al año en cuotas de obreros y patrones anda pidiendo kórima para el terreno y que, por eso, mantiene a sus derechohabientes apeñuscados en hospitales vetustos, insuficientes y carentes de equipo y medicamentos.

¡Una limosnita para este pobre IMSS que tanto sufre!

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El proyecto ahí está, según nos mandó decir la institución por conducto de su representante en Chihuahua.

“Póngannos un terreno adecuado y le entramos”, parece ser el mensaje.

Solo les faltó decirnos, con pelos y señales, de qué tipo de hospital estamos hablando.

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A este Mirone busca bulla, le vinieron a contar que el mentado proyecto del IMSS sigue siendo un absoluto misterio del que únicamente se sabe que no tiene dónde comenzar.

Los sectores interesados en el tema se preguntan, por ejemplo, si será un hospital general, uno regional o uno de especialidades.

Nada de eso se ha esclarecido.

Tampoco se sabe cuál será el número de camas censables y no censables ni, más importante aún, cuál será la cartera de especialidades que ofrecerá.

Otro aspecto que sigue sin aclararse es el de la población beneficiaria. No ha quedado claro si el nuevo hospital alcanzará para atender a toda la región centro-sur del estado, si permitirá realizar “intercambios” con el nuevo hospital de Ciudad Juárez o si apenas servirá como paliativo para despresurizar al saturadísimo Hospital General Regional No. 1, mejor conocido como el “Morelos”.

Si ya se aventaron un sexenio para informarnos que no tienen terreno, en una de esas se esperan otro más para decirnos que tampoco hay dinero.

Así las cosas en el IMSS.

Con razón tardan meses en dar una cita.

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Como lo hacen cada año, el Cuerpo de Regidores adelantó la segunda sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de julio, para poder irse de vacaciones.

La del miércoles fue la última sesión, por lo que la mayoría ya desapreció de la Presidencia Municipal y podrán regresar hasta que toque la primera sesión de agosto, durante la primera semana de ese mes.

Tienen en el Presupuesto de Egresos 2026 hasta 60 mil pesos por cabeza en viáticos para cualquier viajecito, pero supo Mirone que debido a la quemada que se llevaron el año pasado con las vacaciones pagadas a Cancún, ahora decidieron quedarse en casa o pagar de su bolsillo la salida.

No faltó quien le movió para ver si volvían a tomar algún curso o seminario, esos que ofrecen agencias especializadas en hacer paquetes con fachada de capacitación y que compran municipios y estados por todo Latinoamérica.

El año pasado catorce regidores acudieron a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para participar en el curso de capacitación denominado “Capital G50: municipalidades emergentes”.

Los gastos del viaje incluyeron transporte aéreo, hospedaje y alimentos. Todo cubierto con recursos que bajaron de la Tesorería Municipal. Las actividades de la “capacitación” se llevaron a cabo en las instalaciones del Wyndham Grand Cancún All Inclusive Resort.

En la anterior administración municipal, ya se había generado otra polémica similar, cuando la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento fueron a dar, con todo pagado, hasta Madrid, para participar en un seminario con temas de urbanismo. Igual habían hecho otro viaje a Puerto Vallarta, anteriormente.

Como varios de los titulares de las regidurías traen proyectos políticos para el 2027, no se arriesgaron a cargar con el costo político y se van a quedar este año con las ganas de conjugar el verbo viaticar en alguna playa.