Una muy buena grilla se traen en los Colegios de Bachilleres por la renovación de direcciones.
Este año vence el periodo (2021-2025) para el que fueron designados los nombramientos con función directiva o de supervisión, y algunos directores se movieron para ver si les pega una renovación de nombramiento.
Resulta que hay un acuerdo que considera algunos criterios “orientadores” sobre el mecanismo para la posibilidad de la renovación y a él se querían apegar un grupo de directores, para poder seguir en el puesto y que no les digan adiós en agosto de este año.

Lo que sabe este Don es que desde Palacio se bajó la instrucción al director general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, Humberto de las Casas Muñoz, para que dijera nanay a quienes le entraron políticamente a ese movimiento.
Hasta petición por escrito hubo, donde se le pidió la intervención al secretario de Educación, Hugo Gutiérrez Dávila, para que las autoridades del Cobach tuvieran esa reconsideración, con base en algunos lineamientos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Lgscmm).
Reclamaron que se les reconociera el derecho de ser considerados para la renovación por un periodo más (otros cuatro años), conforme al artículo 69 de la ley comentada. Hay además reglas secundarias que se plasmaron en un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública de junio de 2024.
Sin embargo, ya los batearon y la dirección general del Cobach notificó que todas las direcciones de los colegios en el estado, quedarán vacantes. Se argumentó que los directivos que ahora dejarán el cargo, tienen oportunidad de buscar nuevamente el puesto, pero hasta que pase un año de estar frente a grupo, nuevamente. Así que hay inquietud entre diversos actores internos.
Por eso hablamos también de grilla, porque se están cruzando ya cuestiones políticas. Resulta que algunos directores andan en distintas plazas, como la de Ciudad Juárez, cargados hacia las autoridades municipales de la 4T.
No es extraño, pues, que les hayan dicho que no, sobre todo ahora que en las estrategias políticas rumbo al 2027, nadie quiere dejar cabos sueltos y todos los espacios, incluyendo los que tienen que ver con cuestiones educativas, se ven con alta carga electoral o partidista.
Por cierto, quienes firmaron el documento enviado al secretario de Educación fueron los directores del Plantel 6, Raúl Gilberto Félix Irigoyen, así como el subdirector Jesús Felipe Poblano; Érika Aidé Enríquez Rodríguez del Plantel 11 y las subdirectoras Mayra Alejandro Alvarado y Alicia Alejandra González. También la directora del Plantel 19, Melba Idalia Beltrán, junto con las subdirectoras, Laura Ivonne Treviño y María Isabel Fierro.
Además, firmaron la petición Elva Espinoza Domínguez, directora del Plantel 26 y Elva Yuridia Ayala, directora del Plantel 28.
A ver en qué queda el tema, porque los solicitantes han insistido en la reconsideración, alegando que tienen ese derecho que se les debe de respetar.
Se enteró Mirone que su reclamo ya llegó también al representante de la gobernadora, Oscar Ibáñez, a quien le pidieron interceder a su favor en Palacio de Gobierno.
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No acaba la grilla en la Canaco. En la sesión extraordinaria del lunes, se le puso freno a la intención de la actual directiva de renovar o ampliar los estatutos en materia de elecciones internas, pero resulta que se retomará el punto y se repondrá el proceso.
No se sometió a votación el cambio porque llegaron dos escritos o solicitudes que Elizabeth Villalobos y su equipo debieron atender.
Uno fue de la Comisión de Honor y Justicia y otro de Raymundo Domínguez, el exvicepresidente de Canaco que terminó peleado con la presidenta y ahora le anda poniendo piedritas en el camino.
El primer escrito lo presentó Gilberto Cueva, el mismo que se llevó el puñetazo de Rogelio Ramos el año pasado. En el documento se recomendó suspender la votación, considerando que no se habían atendido los estatutos que indican que la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria tiene que pasar por la aprobación del Consejo.
En el segundo, el que llevó Domínguez, se argumentaba que no se cumplió con el tiempo estatutario de mínimo 10 días para hacer una convocatoria y que no hubo tiempo suficiente para analizar los cambios.
En el primer caso, la directiva actual consideró que los propios estatutos validan la convocatoria a la asamblea extraordinaria por parte de la presidencia y en el segundo también decían haber cubierto los requisitos legales, pero ya no entraron a la polémica y aceptaron la recomendación de la Comisión de Honor y Justicia.
Así que para atrás los fielders. Se canceló la asamblea, aunque ya se anunció que simplemente se repondrá el proceso y para la próxima sesión del Consejo (al parecer el lunes 27 de enero) se someterá a aprobación la convocatoria a la asamblea, lo que ocurría 10 días hábiles después. O sea que por allá del martes 11 de febrero será cuando se decida si se cambian los estatutos de la Canaco, o se quedan igual.
Villalobos y su equipo insistirán en convencer a los socios de que así debe de ser, Iván Pérez y sus apoyadores seguirán cuestionando el cambio que, lo han denunciado, pretende descarrilar su proyecto por la presidencia. Raymundo Domínguez también seguirá haciendo su lucha para quedarse con el control de la Cámara.
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Como se había anticipado, dentro de la carrera contra el tiempo que traen en el Congreso del Estado, avanzó ayer con la aprobación en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el dictamen que crea la Ley Electoral para Elegir Personas Juzgadoras.
Sí o sí, habrá elecciones por voto popular el 1 de junio, tanto de magistrados como de jueces de primera instancia, por lo que será este miércoles cuando la iniciativa se suba al pleno del Congreso para su aprobación.
Ya hemos comentado aquí que finalmente todas las fuerzas políticas le entraron al tema y decidieron no quedarse fuera del proceso de crear las leyes secundarias, luego del primer acuerdo para reformar la Constitución estatal, en el que fueron de la mano el PAN y Morena.
Así que el dictamen en comisión obtuvo ayer ocho votos a favor y ninguno en contra. Nada más hubo una abstención, la del diputado coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez.
Sánchez tuvo varias observaciones en la discusión del dictamen que no consideró respondidas debidamente por los promotores de la iniciativa y la Secretaría Técnica que armonizó todas las propuestas. Seguramente por eso se abstuvo, aunque sin hacer mucho ruido. El diputado naranja también estuvo bastante colaborativo, ya que la legislación electoral es una de sus especialidades.
Una de las inquietudes de Sánchez es que la propuesta no consideró la representación de los candidatos a jueces o magistrados, en los centros de votación, lo que podría dejar en la indefensión a los actores en caso de recurrir a medios de impugnación, luego de la jornada electoral.
También puso en duda el tema de la demarcación territorial para jueces menores o de primera instancia, así como el mecanismo faltante para asignar en los distritos judiciales a quienes buscarán ser magistrados y por lo tanto competirán en una elección estatal.
Igualmente, señaló la poca claridad o falta de un régimen de licencias para definir cómo deben de ser las separaciones de quienes son servidores públicos y pretendan entrar al proceso de elección de personas juzgadoras.
El legislador naranja también dejó constancia de su inquietud por la no omisión de considerar un marco legal para establecer el Programa de Resultados Preliminares (PREP).
El coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada, de alguna manera respondió a esas inquietudes, argumentando que no necesariamente se tenía que pensar en todas las figuras y recursos que sí considera la ley en elección de representantes populares, porque hay una naturaleza distinta de los cargos.
Algunas cuestiones serían prácticamente inviables para homologar, como lo es el tema de los representantes de los candidatos en las casillas, cuando puede haber decenas o hasta cientos de candidatos a un cargo.
Total, se votó ya el dictamen, aunque seguramente surgirán después y sobre la marcha, muchas más complicaciones.
Antes de su votación se acordó una importante modificación en asunto de plazos, ya que se fijó el 21 de febrero como la fecha límite para la definición que deberán tomar los actuales juzgadores, respecto a si compiten o no, y por lo tanto se incluyen o no sus nombres en las boletas electorales.
Como quien dice, se les dio chance para que se definan, a partir de que se resuelva la reforma pendiente que clarificará cómo se pueden pensionar o jubilar si ya no le quieren seguir en su carrera judicial. En este punto, el panista Alfredo Chávez se pronunció por blindar de alguna manera sus derechos laborales.
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A quien le llueve sobre mojado es al regidor morenista de la capital del estado, Miguel Riggs.
Desde la semana pasada está en el ojo del huracán porque mostró su lado violentador y misógino, al lanzarle un “pendeja” a la síndica panista, Olivia Franco.
En sesión de Cabildo y con micrófono abierto, aunque parece que no se dio cuenta de ello, fue cuando soltó el comentario que ahora lo trae en problemas.
Hubo denuncia formal contra él por violencia en razón de género y por lo pronto actuó ya el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento.
La titular, Carmen Hidalgo, informó que el regidor que antes fue panista y luego anduvo en Movimiento Ciudadano, no podrá acercarse ni dirigirle la palabra a la síndica municipal.
Frente a las palabras que de manera despectiva realizó Riggs, el amigo del exgobernador Javier Corral, y al darle seguimiento a la denuncia, Hidalgo, activó los protocolos para la protección de las personas que sufren de violencia política en razón de género.
El caso también ha resonado fuerte en el Congreso del Estado, donde las legisladoras panistas se le fueron a la yugular a Riggs. Se armó el zipizape de acusaciones, ya que las morenistas no se quedaron atrás y cuestionaron que las panistas no hayan dicho nada cuando la diputada guinda, Brenda Ríos, acusó al alcalde Marco Bonilla de ejercer en contra de ella violencia política, precisamente a través de sus expresiones de carácter despectivo.