Ahora que Ciudad Juárez celebra los 365 años de su fundación, es buen momento para revisar cómo se ha construido su historia urbanística y ubicar hacia el futuro los mayores desafíos en materia de desarrollo urbano y económico.

El expansionismo y la dispersión marcaron a la ciudad desde finales del siglo pasado y ese crecimiento desordenado, de la mano del modelo maquilador que ponderó sobre todo la mano de obra intensiva y barata, está hoy en el centro de los males que la aquejan.

De tener en 1990 un área de 14 mil 049.30 hectáreas, pasó a 34 mil 642.37 en 2020, de acuerdo con el diagnóstico que contiene el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) aprobado este año.

En 1950, esta frontera contaba con una población total de 122 mil 566 habitantes y una superficie de 909.22 hectáreas. Entonces, se consideraba una ciudad compacta al tener una densidad poblacional de 134.80 habitantes por hectárea (hab/ha).

Según los datos censales de 2020, la densidad ahora es apenas de 43.34 habitantes por hectárea y la ciudad no deja de expandirse, principalmente hacia el suroriente.

En su voluminosa mancha urbana, la ciudad concentra el 40.42 por ciento del total de la población estatal.

Por su ubicación fronteriza estratégica, cobijó el modelo de la industria maquiladora de exportación y se convirtió en polo de desarrollo e imán para las personas migrantes, ya sea para quienes buscan la oportunidad laboral o para quienes proyectan una mera escala en busca del sueño americano.

Uno de cada 3 habitantes dentro del municipio de Juárez es inmigrante.

Sin embargo, su condición de polo de atracción con empleo pleno (pese a que coyunturas políticas o conclusiones de ciclos marcan pérdidas temporales, como ocurre actualmente), más que condiciones óptimas, ha generado precariedad laboral, ya que la competitividad del mercado se ha logrado mediante la contención salarial, según el PDUS elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

Aunque los salarios mínimos crecieron en toda la frontera por las políticas distributivas implementadas en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, Juárez se mantiene abajo en el ranking nacional.

No deja de ser una ciudad con mucho circulante, pero de grandes carencias. Los negocios de la comida y la cerveza, las tiendas de conveniencia y los supermercados, florecen a costa del salario de los miles de trabajadores de las naves industriales, que viven en zonas carentes de infraestructura y buenos servicios públicos.

Para el último trimestre del 2022, el 42.88 por ciento de la población ocupada recibía entre 1 y 2 salarios mínimos, el 31.75 por ciento percibía hasta un salario mínimo, y solo el 0.67 por ciento recibía más de cinco salarios.

Dentro de la zona fronteriza norte, Juárez ocupó en 2022 la penúltima posición en relación al nivel salarial, con 17 mil 240 pesos mensuales en promedio. Los municipios con mayor nivel fueron Nogales y Mexicali con 20 mil 655 y 20 mil 034 pesos, respectivamente.

“Cabe señalar que el tipo de industria que se ha establecido en el municipio de Juárez se ha caracterizado por requerir mano de obra barata, conformando una población de trabajadores de maquila altamente vulnerables por la estructura de propiedad que tiene la industria, ya que la mayoría de las empresas son de capital extranjero, principalmente de Estados Unidos, por lo que las crisis económicas internacionales afectan directamente el comportamiento del empleo”, detalla el IMIP en su diagnóstico.

Hoy vemos justamente ese impacto directo en la pérdida de empleos por la alta dependencia a la industria manufacturera de importación.

Se calculan en 48 mil los empleos perdidos de junio de 2023 a la fecha. Y eso, sin considerar lo que podría pasar si se hacen realidad los amagos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a aplicar aranceles a todas las exportaciones de México, lo que impactaría directamente a la industria asentada en esta ciudad.

En Juárez, únicamente el 1.95 por ciento de los insumos consumidos por la industria manufacturera son nacionales, lo que implica que la proveeduría deja escasa derrama económica. No se ha conseguido dar el brinco, como ocurrió en Nuevo Laredo con 12.29 por ciento y Mexicali, con 9.85 por ciento de insumos nacionales. Ahí está otro de los más grandes retos: incrementar la cadena de proveeduría local para que aquí se quede una mayor cantidad de recursos.

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Como lo plantea el investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Andreu Marfull Pujadas, en el libro ‘Agenda Juárez, Marginalidad, Vulnerabilidad y Suburbanización del Capital’, el desarrollo urbanístico de Juárez ha creado problemas de exclusión y vulnerabilidad social, lo que fomenta la inseguridad urbana, en sentido contrario a lo que debe de promover a Nueva Agenda Urbana.

Esa nueva agenda pasa forzosamente por la planeación urbana y su gestión para lograr un desarrollo sostenible, que promueva ciudades y asentamientos humanos enfocados en la inclusión, la seguridad y la resiliencia.

Dentro de esa agenda y según los criterios de ONU-Hábitat para todas las urbes, el principal reto en Juárez es la gestión del suelo para construir sobre él una ciudad más justa y racional.

Desgraciadamente, tal como lo señala Marfull, actualmente, en la ciudad no se dispone de suficientes competencias técnicas y legales para planificar de un modo adecuado.

Además, ni el Plan de Desarrollo Urbano, ni los planes parciales, incorporan el diseño del suelo de dominio público ni la política de vivienda, por lo que se quedan cortos en la incidencia o en la rectoría de los elementos que constituyen las propias bases de la ciudad.

Por si fuera poco, y en Juárez ha quedado más que comprobado, la planeación urbana se ha supeditado siempre a los intereses políticos y económicos de unos cuantos actores en lo local, que a su vez se alinean a lo que se define en el esquema global del mercado y el capital.

El escenario es complicado porque no únicamente hablamos de factores locales en cuanto a políticas públicas, estrategias, intereses y voluntad de actuar para aplicar leyes y planes.

Dentro del mismo planteamiento de Marfull, la posibilidad de ponerle remedio a la gestión del suelo que genera marginalidad y vulnerabilidad, entra en conflicto con un problema estructural, ya que la plusvalía de la tierra y el lucro privado son parte del sistema económico y geopolítico transnacional.

El investigador considera que difícilmente puede incidirse en las desigualdades sociales, cuando la raíz es estructural y pertenece a los sistemas político, económico y social.

“Y esta subordinación es, a su vez, un fenómeno intrínseco al rol del sistema global de ciudades y a la desigual relación de fuerzas a escala transnacional que lo condicionan”, explica.

Por ello, en el trabajo coordinado por el investigador, se insiste en explorar una mejora del derecho internacional “que ponga freno a la capacidad desestabilizadora del régimen económico globalizado que construye ciudades sin orden ni control”.

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Han sido precisamente los requerimientos del modelo económico de la manufactura de exportación, con su uso intensivo de mano de obra, los que han moldeado espacialmente a la ciudad en sus usos de suelo industrial y residencial.

El fenómeno no cesa, ni siquiera por la contracción temporal que ya se reflejó en la caída de empleos. Aquí se mostró claramente con el boom constructor de naves industriales que se inició el año pasado vinculado a la tendencia del nearshoring o relocalización de empresas.

Nada más cuatro gigantes taiwaneses: Inventec, Foxconn, Wistron y Pegatron, construyeron entre 2022 y 2023 ampliaciones y nuevas plantas para dar cabida hasta 28 mil plazas laborales.

Incluso, por primera vez, se edificaron grandes naves de varios niveles, para duplicar o hasta triplicar su capacidad instalada, siguiendo los esquemas asiáticos ante el encarecimiento de la tierra para cualquier uso productivo.

Aquí se puede comprobar cómo se impone la dinámica del capital transnacional sin importar criterios de sustentabilidad y sostenibilidad, ya que los nuevos desarrollos agudizan los rezagos en infraestructura y deterioran las condiciones de vida de gran parte de los habitantes de Juárez, sin que autoridad alguna se atreva a decir no a las inversiones.

No importa que haya fraccionamientos que no tienen agua, falten escuelas, hospitales y parques. Que el transporte público no llegue, falten patrullas o policías para atender los llamados de emergencia o que, en general, los servicios públicos se queden cortos.

La ciudad continúa desdoblándose, aunque eso no haga más que multiplicar el déficit y los recursos públicos no alcancen ni para atender las viejas colonias.

Marfull Pujadas concluye en su última investigación que, en Ciudad Juárez, el capital inversor internacional no beneficia a la ciudad, en contra de lo proclamado por la idea paradigmática que afirma que esa inversión hace más prósperas a las ciudades.

“La exigencia de la dinámica productiva ha condicionado su crecimiento urbano con un patrón que resultó nocivo: los parques industriales dispersos en la estructura de la ciudad han provocado un fenómeno migratorio complejo de intensidad variable que demanda espacio, vivienda, infraestructura, educación, salud y servicios siempre insatisfechos”, explica el académico de la UACJ.

También cuestiona la manera en que, bajo artilugios legales, la producción maquiladora está libre de cargas impositivas en la ciudad, y por lo tanto, su beneficio no se declara en Ciudad Juárez.

“Pese a la magnitud del capital inversor, este no implica una Hacienda pública con recursos suficientes para cubrir las necesidades financieras para planificar, administrar y edificar correctamente la ciudad, ni para la gestión del desarrollo urbano, ni para mantener su funcionamiento”, agrega.

Junto con el doctor Miguel Ángel Argomedo Casas, Marfull considera en el libro ‘Agenda Juárez’, que urge crear un proyecto universal supervisado por las Naciones Unidas en el que el Estado mexicano participe con un nuevo contrato urbanístico para conducir las ciudades.

Ese nuevo orden debe optar por una descentralización controlada en su planificación y diseño, basada en nuevas leyes sociales, económicas y medioambientales “que incluya la visión cultural y patrimonial y que haga del derecho universal a la vida su razón última”.

Son 365 años de desarrollo caótico. Y cada año que pasa la ciudad se deteriora en lugar de volverse más amigable. Como que ya es hora de ordenar el territorio y establecer un paradigma urbano más sustentable.