Los juarenses estamos de fiesta, porque el próximo viernes sesionarán en esta frontera los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad. Todo un suceso para festejar que, con su presencia, la inseguridad y la violencia que genera la delincuencia organizada y también la desorganizada, se esfumará por arte de magia. ¡Si señor!
A Mirone no deja de sorprenderle el tono en que fue anunciada la realización de la Mesa de Seguridad en Juárez, como si una simple reunión de militares, policías y políticos de los tres niveles de Gobierno, fuera a resolver el principal problema que duele y enluta a los fronterizos.
Sería bueno que la reunión la trasladaran en esta ocasión a las cabeceras municipales de Guadalupe o Praxedis, donde los grupos criminales han vuelto para causar terror y muerte entre la gente buena del campo.
De nada sirve que se reúnan para intercambiar mentiras, estadísticas y buenos propósitos, si en las calles de la ciudad y en el Valle de Juárez, los malandros siguen haciendo de las suyas y ya no se asustan con uniformes de ningún color y de ningún rango.
Los hechos del lunes pasado, cuando delincuentes incendiaron una unidad de transporte de personal en Jesús Carranza y rafaguearon una gasolinera y tienda de abarrotes en San Isidro, donde mataron a un humilde despachador, nos hablan del abierto desafío que los criminales están haciendo a las autoridades.
De nada sirve que después de los hechos, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Juárez, César Omar Muñoz, salga a los medios a decir que van a reforzar la vigilancia en el Valle, lo que evidencia que antes de los atentados sus elementos brillaban por su ausencia.
¿Acaso no es esa la obligación de la Policía Municipal, mantener un patrullaje preventivo permanente, para inhibir el delito? ¿A qué se dedican entonces los elementos asignados al Distrito Valle, que se supone deben recorrer todos los días, durante el día y la noche, la carretera Juárez-Porvenir hasta el ejido El Millón?
¿Qué informará Muñoz en la mesa de seguridad sobre este grave problema del Valle de Juárez? Les dirá que la situación está bajo control, como suelen decir siempre todos los jefes policiacos cuando, después de algún hecho violento, llegan solamente a limpiar la escena del crimen, a levantar casquillos y a colocar la banda amarilla.
¿Harán lo mismo que hicieron en Villa Matamoros, donde tuvieron que recurrir a la fuerza del Ejército mexicano para detener al jefe de la Policía Municipal por malandro, o vendrán solamente para la foto, como cuando anunciaron la estrategia de proximidad y vinculación ciudadana con 200 elementos de la Policía Estatal?
Han transcurrido 18 días desde que se cortó el listón, perdón, Mirone se exaltó, desde que se anunció el arranque del operativo de proximidad y vinculación de la Policía Estatal, y aún es fecha en que no dan ningún reporte a la ciudadanía sobre los resultados que ha tenido.
Si anuncian un programa a bombo y platillo, lo justo es que informen periódicamente y con hechos tangibles, no con la clásica numeralia que nadie cree, del éxito o fracaso de las ocurrencias del momento en materia de seguridad. Así debe ser, porque luego les da amnesia.
¿Podremos esperar que después de la reunión emprenderán un operativo especial con todas las fuerzas para limpiar el Valle de Juárez de tanta escoria? Si no quieren batallar y andar buscando casa por casa a los malandros organizados, les recomendamos que pregunten en la prisión de Sonora por Aldo Iván Tocoli, el malandrín exdirector de inteligencia de la Policía Municipal, quien debe tener teléfonos y ubicaciones de todos los criminales a los que les pasaba información en el Valle de Juárez.
Si lo hacen y tienen éxito, romperán el estado de sitio que por años han mantenido los cárteles de la droga en el Valle, donde ya no se produce algodón ni alfalfa como antaño, sino terror y muerte. Pero si esto no sucede, se confirmará todo lo que ha venido escribiendo Mirone, en el sentido de que las mesas de seguridad sirven para dos cosas: para nada y para pura vacilada, por no decir más feo.
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Siguiendo con el tema de seguridad, nos informan que el nuevo fiscal de la Zona Norte, el abogado Jesús Manuel Carrasco Chacón, es alérgico a la prensa y resulta todo un show esperarlo en las puertas de entrada y salida de la Fiscalía para entrevistarlo.
A su equipo de escoltas los trae de mandaderos y, desde que llega, se encierra en su despacho con la instrucción de que no atiende por ningún motivo medios de comunicación. Bueno, eso es lo que dicen los responsables del área, que ya no saben cómo justificar ante los colegas la cerrada actitud del funcionario.
Esa postura solo ha servido para desatar una serie de rumores en el sentido de que el fiscal Carrasco tiene mucho miedo en su nuevo cargo, porque viene de la región de Cuauhtémoc, donde combatió únicamente a los criminales de La Línea, mientras que a los del grupo rival los solapó.
Se sabe que en esta frontera es precisamente La Línea la que mantiene la hegemonía en la plaza, por lo que quizá no tarden los jefes en ponerse en contacto con el nuevo fiscal para decirle de qué lado masca la iguana. Por lo mismo, resulta absurdo que a los reporteros de la fuente los vea como enemigos y los margine, cuando solo están cumpliendo con su labor, le guste o no.
Debe entender don Jesús Manuel, que por esa oficina han pasado muchos fiscales que tarde o temprano han tenido que salir por piernas, despedidos, cesados o hasta perseguidos, como es el caso de su antecesor Jorge Nava López, mientras que los reporteros siguen con su trabajo ininterrumpidamente.
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Si se cumple lo que anunció el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, en el sentido de abrir una investigación contra todos los agentes del Ministerio Público y policías que participaron en la integración de los famosos Expedientes X, a estas alturas ya debe haber un buen montón de vacantes y boletos agotados en las centrales de autobuses.
Fierro Duarte anunció dichas investigaciones a raíz de la publicación hecha por el periódico La Jornada, de que la antigua casa de Ggobierno del Estado en la ciudad de Chihuahua, fue convertida en la administración de Corral en centro de operaciones ministeriales y policiacas, donde se torturaba psicológicamente a exfuncionarios, empresarios y ciudadanos, para que se declararan cómplices de César Duarte o se convirtieran en testigos colaboradores de los Expedientes X.
Aunque hasta ahora el fiscal no ha dado a conocer nombres de los ministeriales involucrados en estos hechos, de las oficinas de la propia dependencia han comenzado a salir nombres, de manera anónima, de los que supuestamente integraban los grupos de localización, captura e interrogatorios.
Muchos de ellos ya renunciaron, pero otros pidieron su traslado a otras áreas y en otras plazas, para hacerse invisibles. En esa lista, sin duda alguna, está el nombre del abogado Maclovio Murillo, quien, en su carácter de consejero jurídico de Javier Corral, desde diciembre de 2016 hasta diciembre de 2018, encabezó todos los trabajos de la Operación Justicia para Chihuahua y fue acusado de extorsión por varios exfuncionarios, entre ellos el exauditor del Estado, Jesús Esparza.
Ahora que se ventilan públicamente los hechos, estos encuadran en el delito de tortura que no prescribe y se persigue de oficio, según la opinión de juristas y defensores de los derechos humanos.
En abril de 2017, el pleno del Senado aprobó por unanimidad la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
De acuerdo con esta ley, los mandos del MP y de la AEI también tienen responsabilidad cuando sus subordinados practican la tortura, por lo que muchos de los que trabajaron para Maclovio y Peniche, ya deben estar poniendo sus barbas a remojar.