En su reporte del 7 de enero, sobre los 10 riesgos que en el 2022 pueden afectar el buen desarrollo de los negocios y la gobernabilidad del país, la empresa consultora Integralia destaca, en tercer lugar, con muy altas probabilidades, que el crimen organizado pueda interferir activamente en el proceso electoral de este año.

La empresa del investigador del CIDE, Luis Carlos Ugalde, quien también fue presidente del entonces Instituto Federal Electoral, determina en su informe que “esta situación aumenta los riesgos de incertidumbre jurídica e inseguridad pública y a mediano plazo, es una de las amenazas más graves para la gobernabilidad de México”.  

El análisis de Integralia precisa que en el 2021 se observó una mayor injerencia del crimen organizado en las elecciones, incluyendo 239 actos de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular.

De acuerdo con los datos recabados por el equipo de la consultora, en el 64 por ciento de los municipios donde hubo asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de elección popular para ayuntamientos, el partido de las víctimas perdió la elección.

Es decir, esa información sugiere que la violencia política fue un factor relevante en diversas contiendas electorales, además de que en algunos estados triunfaron candidatos con presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

A su vez, sostienen que la violencia política es solo uno de los mecanismos que las organizaciones criminales utilizan para incidir en los resultados electorales, pues también participan en el financiamiento de campañas, interfieren en los procesos de selección de candidatos y cometen actos de intimidación.

Esta situación se presentó en el 2016 en el estado de Chihuahua, cuando la delincuencia organizada impuso candidatos en municipios de la sierra, que hasta la fecha tienen bajo su control.

Si en el proceso electoral de 2022 se disputarán puestos de elección popular en entidades relevantes para las operaciones del crimen organizado, ya sea por las rutas de siembra, cosecha y trasiego de drogas, como lo son Tamaulipas y Durango, la consultora advierte muchas probabilidades de que, nuevamente, los grupos criminales busquen influir en las elecciones para garantizar el triunfo de políticos a modo.

La funesta experiencia que ha vivido Chihuahua en los municipios del noroeste de la entidad, colindantes con los estados de Sonora y Sinaloa, y los del sur que tienen frontera con Durango, es un claro ejemplo del futuro que tienen municipios gobernados por el narco, que se convierten en tierras sin ley, en donde la población es sometida por la fuerza del miedo y el plomo.

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Autoridades estatales y municipales cumplen ya cuatro meses en el poder. Vamos ya en el undécimo día del  año, por lo que ya es hora de dejar de lado la milonga por las fiestas decembrinas. Simplemente se acabó el periodo de gracia para empezar a dar resultados, sobre todo en un área tan sensible como la seguridad pública.

Lo ocurrido el fin de semana en materia de homicidios dolosos es de terror. Un total de 19 asesinatos en tres días son más que suficientes para encender todas las alarmas, pero, sobre todo, para ponerse a trabajar sin dilación ni pretexto alguno.

Por eso, para Mirone resulta inconcebible e inadmisible que, ni siquiera ante ese baño de sangre, la Mesa de Seguridad de este lunes haya contado con la presencia de todos los jefes, designados justamente para combatir la criminalidad.

Lord Carrasco, nuestro ya no tan flamante fiscal de la Zona Norte, la volvió a hacer y dejó su silla vacía. Igual ocurrió, nuevamente, con el comandante de la guarnición militar Francisco Antonio Enríquez Rojas. ¿Pues que no tendrán superiores que los puedan meter al redil? ¿O a poco se mandan solos?

Claro que con juntitis y mesas interinstitucionales no se resuelve en automático la problemática de las calles, pero es un hecho que las estrategias deben de partir de la misma información de inteligencia, de la coordinación efectiva y de la suma de esfuerzos operativos.

Sin análisis, sin tecnología, sin mayor fuerza operativa y sin una real coordinación, es un hecho que la violencia vinculada al crimen organizado mantendrá a Juárez en la cima de las ciudades más peligrosas del mundo.

Al ritmo con el que inició el 2021, Juárez fácilmente puede ocupar, de nueva cuenta, el nada honroso primer lugar mundial por su incidencia superior a los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Lo dicho, ya se terminaron las pachangas de temporada y viene siendo hora de que se reporte de nuevo la Guardia Nacional, ahora sí con objetivos específicos para trabajar en zonas de verdadero riesgo, y no nomás para dejarse ver por transitadas vialidades.

También es hora de que la Fiscalía General de la República haga su chamba en cuanto a la persecución de los delincuentes. Resulta increíble que, en todo el año pasado, apenas haya integrado un puñado de carpetas de investigación por delincuencia organizada, cuando aquí la mayoría de los homicidios están vinculados a otras actividades criminales.

Además de tráfico de drogas, el tráfico de armas y de personas está a todo lo que da. En general, el contrabando de todo tipo sigue siendo la marca de esta frontera, por lo que resulta inaceptable que, en los hechos, la FGR valga aquí menos que un cero a la izquierda.

Por el lado estatal, hasta ahora ha quedado en mera declaración aquel anuncio del programa de proximidad que al arranque de la administración hicieron a bombo y platillo, tanto el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, como la propia gobernadora Maru Campos.

Frente a la inseguridad, que el fin de semana mostró el peor de los rostros en Ciudad Juárez, no debe haber cabida para ningún tipo de simulación.

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En el tiro mediático que se están dando los alcaldes de Juárez y de Cuauhtémoc, Cruz Pérez Cuéllar y Beto Pérez Mendoza, este Mirone no entrará en defensa de ninguno de los colmilludos políticos, porque además no la necesitan, pero sí resulta pertinente hacer algunas precisiones sobre la postura de Beto, a raíz de la detención que toleró de una regidora morenista cuauhtemense.

Resulta que Beto le pidió a Cruz que se retracte de la acusación de misoginia que le hizo y que considera irresponsable, porque dice que lo ofende, pero se olvidó que fue su propio equipo el que le endilgó ese calificativo, cuando en septiembre del año pasado subió la foto de su gabinete, integrado por 18 varones y ninguna mujer, ignorando las disposiciones legales de paridad de género.

Si la definición de misoginia hace alusión a la aversión hacia las mujeres y la falta de confianza en su género, el alcalde de Cuauhtémoc ha demostrado esta conducta hacia el sexo opuesto una y otra vez.

Desde el inicio de su tercer trienio como alcalde de Cuauhtémoc, fue objeto de crítica y señalamientos en medios locales, estatales y hasta nacionales. Ahora no puede hacerse el sorprendido porque un colega lo llame misógino, cuando por un incidente vial sus policías detuvieron a una regidora con uso excesivo de fuerza, solo porque no es del color de su partido.

La conducta policiaca, digna de mejores causas, es solo una imitación y consecuencia de la postura de macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado, bragueta piteada y tono matón del Beto Pérez y su club de Tobi. Por lo mismo, no debe extrañarle que organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres ya le estén armando un expediente para llevarlo a las comisiones pertinentes del congreso del Estado y de la Unión.

En el remate de su carta a Cruz, Pérez Mendoza no se midió al decirle que “si en algo le sirven las acciones que se están implementando en Cuauhtémoc para el rescate de la paz y la tranquilidad, con gusto se las compartimos”.

Se olvida Beto que desde que fue jefe de la Policía de aquel municipio serrano (1992-1995), los cartelotes, cartelitos y cartelones del crimen organizado se paseaban impunemente por las calles de la ciudad, sin que nadie los molestara. A cuáles acciones para el rescate de la paz se referirá, cuando toda la población de Cuauhtémoc sabe que en el municipio mandan los narcos, como mandaron también en sus dos anteriores periodos como alcalde.

No puede presumir lo que debería darle vergüenza, simplemente por ser una mentira, y menos tener cara para pretender hacer recomendaciones o compartir experiencias con una comunidad que, una y otra vez, se ha recuperado de las crisis por la fortaleza y resiliencia de su gente, no por sus gobiernos.

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Muy buena rebatiña se armó con la visita de Dolores Padierna, la delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para los gobiernos municipales, a chihuahuitas tierras, el pasado fin de semana.

Y es que luego de la balconeada que la esposa del “Señor de las ligas” le dio a su compañero de partido, el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, el dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz, tocó tambores de guerra para armar una denuncia por peculado electoral.

La clave está en el audio que se filtró de la encerrona con militantes. Dolores Padierna respondió a una queja por el activismo de Loera en cuanto a armar comités de Morena sin quitarse su cachucha de funcionario público, cuando la tarea debía quedar depositada en la estructura partidista.

La diputada federal con licencia y esposa de René Bejarano, claramente admitió que Loera trae su propia estrategia para armar comités. También reconoció que, en la elección del 2021, el trabajo político del delegado se vio reflejado en las urnas, con cierta correspondencia en la votación y la entrega de apoyos sociales.

El caso es que hubo rebote de las declaraciones del panista Gabo Díaz en cuanto a que interpondrá un recurso legal “con toda la mano”. Sus propios correligionarios le señalan que está muy bien que le atore al caso, pero también lo invitan a que atienda el consejo de Dolores, para que cada quien se ponga a hacer lo suyo en cuanto a fortalecer a las estructuras partidistas.

En Juárez, por ejemplo, el Comité Municipal prácticamente quedó desmantelado cuando los responsables de las distintas carteras se convirtieron en funcionarios públicos, al darse el cambio de Administración estatal.

Uno a uno, fueron abandonando el partido para colgarse directamente del presupuesto estatal como servidores públicos. Alberto Jiménez era secretario de Afiliación y se fue de jefe de la Oficina Desconcentrada de Gobernación Zona Norte.

Oscar Lozoya abandonó la Secretaría de Acción Electoral para irse a cobrar como titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi). Karla Gutiérrez la aplicó igual para brincar de la Secretaría General al Registro Civil.

El hoy flamante titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) Raúl García Ruiz, también tenía cartera en el Comité Municipal, igual que el ahora asesor en el Congreso del Estado, Luis Ocaña o el nuevo funcionario de la Universidad Tecnológica, Tony Sáenz.

El problema es que muchas de las posiciones simplemente se quedaron acéfalas. Parece que de nuevo el PAN se resquebraja, en lugar de consolidarse cuando llega al poder.

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Miembros del Partido Acción Nacional en la ciudad de Chihuahua se encuentran molestos por el comportamiento de uno de sus militantes, pero también por la pasividad de la dirigencia local, encabezada por Francisco “Paco” Navarro, que no le ha iniciado ningún proceso sancionador. 

Dicen que Carlos Ramos, expresidente seccional de El Charco, ya fue demasiado lejos en su enojo tras perder la reelección, pues no ha parado de despotricar contra la administración municipal de Chihuahua que encabeza Marco Bonilla, como si este hubiera tenido la culpa de su fracaso.

Tras perder las elecciones seccionales, Carlitos “El Furioso” se ha convertido en un activo francotirador contra Bonilla en las redes sociales, donde se maneja con buena presencia, a tal grado que ya hizo que lo voltearan a ver los de la cúpula panista. Pero se limitan precisamente a verlo, sin atreverse a atajar sus críticas.

El más reciente choque protagonizado por Ramos en contra de la alcaldía chihuahuita, se dio cuando soltó su versión del papel que desempeñaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública en un enfrentamiento con robacarros.

En sus redes sociales, ridiculizó a la Policía Municipal y dijo que se vio rebasada. Las cosas no pararon ahí, porque Ramos se soltó la greña con la jiribilla aderezada con cicuta, y estuvo emitiendo actualizaciones falsas y distorsionadas del evento, reportando saldo de oficiales lesionados y daños en patrullas, que en realidad no existieron.

En campaña por la reelección de la presidencia seccional de El Charco, el joven Ramos elogiaba el trabajo de la policía municipal, que ahora fustiga con odio jarocho.

Los allegados del iracundo muchacho le han recomendado que le baje dos rayitas a su coraje, porque, al final de cuentas, perdió porque los vecinos del seccional ya no le tenían confianza.