Aunque hay avances indiscutibles, demasiados pendientes se siguen arrastrando en la agenda para lograr la igualdad sustantiva y erradicar las distintas violencias contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando se conmemora la lucha histórica por sus derechos, se puede afirmar que aún faltan cambios en el entramado legal e institucional, y que otros se han quedado en el papel, sin que necesariamente se traduzcan en hechos, en acciones, programas y presupuestos que directamente incidan en una mayor garantía de seguridad y mejores oportunidades.

Cuando el país está inmerso en un proceso de renovación del Poder Judicial, son muy ilustrativas las estadísticas que muestran que ahí la equidad nunca ha existido y que justo ahora se está en la antesala de dar otro paso más hacia la paridad en todo o paridad transversal, ya que bajo esos principios constitucionales se construyó la nueva legislación en la materia.

De acuerdo con los últimos datos del Consejo de la Judicatura Federal, en los Tribunales Colegiados de Circuito, hay 579 hombres como magistrados, mientras que como magistradas únicamente son 167 mujeres. Una proporción de cuatro a uno.

En los Tribunales Colegiados de Apelación no es tan desproporcionada la representación, aunque se trata del doble de hombres frente a las mujeres, es decir, 74 contra 37. Si hablamos de personas juzgadoras de Distrito, igual, es una proporción de dos a uno, 273 hombres contra 181 mujeres.

En general, de un total de 852 personas magistradas, 653 son hombres, es decir, el 76.6 por ciento, contra 199 mujeres, que representan el 23.4 por ciento. De ese tamaño es la disparidad que este año deberá ser corregida, luego del proceso electoral extraordinario del 1 de junio.

En cuanto a titulares en los juzgados, de un total de 757, con 486, los hombres tienen el 64.2 por ciento, contra el 35.8 de las mujeres, correspondiente a 271 espacios.

La paridad de género se hizo necesaria para avanzar en la igualdad sustantiva en México. Finalmente se logró en los espacios de representación política, como el Congreso de la Unión y los Congresos estatales. Hablamos del Poder Legislativo. Viene ahora la parte del Poder Judicial que estaba pendiente.

Con la primera presidenta en México el Gabinete federal cumple con la paridad, pero hay Gobiernos estatales y municipales a todo lo ancho y largo del país en donde prevalecen los hombres en la mayoría de los puestos de decisión.

En el equipo de 15 personas de primer nivel de Gobierno del Estado de Chihuahua, sin contar el Gabinete ampliado a los organismos descentralizados, nada más uno corresponde a mujer, en este caso la secretaria de Cultura, Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez.

Son hombres quienes ocupan los otros 14 espacios en la Secretaría de Turismo, Innovación y Desarrollo Económico, Educación y Deporte, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Humano y Bien Común, Secretaría General de Gobierno, Salud, Desarrollo Social, Hacienda, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Ecología, Pueblos y Comunidades Indígenas, Trabajo y Previsión Social, así como la Fiscalía General del Estado.

En el Gobierno Municipal de Juárez, de 28 direcciones y coordinaciones que aparecen en su organigrama y directorio, únicamente ocho están ocupadas por mujeres, entre estas la Tesorería, Salud, Informática y Comunicaciones, así como Desarrollo Económico.

Estamos muy lejos de contar aquí con Gabinetes paritarios. La igualdad sustantiva supone una incidencia significativa de las mujeres en la toma de decisiones, a partir de que cuenten con efectivas oportunidades y recursos para acceder a los cargos públicos.

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En el plano federal, en la actual Administración se creó la Secretaría de las Mujeres, pero quienes a nivel local dan seguimiento a la agenda por los derechos de las mujeres han encontrado algunos pendientes para que esa nueva institución verdaderamente dé resultados.

Uno es la asignación efectiva de presupuestos para cumplir con los objetivos planteados en la creación de la Secretaría. Se supone que tendría que estar buscando la participación de las mujeres en los ámbitos social, político y comunitario, además de garantizar el derecho de acceso a la justicia a través de mecanismos efectivos y garantizar una política nacional para combatir las violencias.

También se ha detectado como un pendiente el mantener y fortalecer las relaciones con las Organizaciones de la Sociedad Civil que son defensoras de los derechos de las mujeres y lograr una descentralización efectiva hacia los estados y los municipios.

Quienes participan en diferentes organizaciones de apoyo a mujeres consideran que la creación de la Secretaría de las Mujeres no necesariamente ha significado un logro para el movimiento que busca reivindicarlas.

En los hechos, lo que ha ocurrido es una especie de pulverización presupuestal, ya que no hay claridad en la etiquetación del presupuesto para acciones o programas específicos.

No únicamente hay inquietud en cuanto a los programas en lo que ya se trabajaba previamente en cuanto a prevención, atención y erradicación de la violencia contras las mujeres, también en nuevos enfoques.

Colectivos como 50+1 Ciudad Juárez, insisten ahora en que deben implementarse presupuestos etiquetados para emprendimientos y programas de autonomía financiera para las mujeres, partiendo de la premisa de que una mujer que vive violencia y no es autónoma financieramente, está condenada a permanecer igual.

En ese mismo sentido, atender la violencia económica y patrimonial garantiza romper con la dependencia que mantiene a las mujeres sometidas.

Además de abonar al crecimiento de la capacidad de agencia de las mujeres, ese tipo de apoyos incide en la seguridad barrial y reduce el costo de la violencia en salud, justicia y productividad.

Para salir del círculo de la violencia urge romper con la dependencia económica y para eso se requiere de claridad y consistencia en las políticas públicas que asignen presupuestos suficientes en este rubro.

La creación de instituciones sin presupuesto o con presupuesto insuficiente ha marcado una historia de simulación oficial cuando han pasado ya más de tres décadas desde que Ciudad Juárez se posicionó a nivel internacional por las violencias feminicidas.

Aunque la ley lo estipula, siguen sin garantizarse presupuestos para las instituciones que deben atender tanto la prevención, como la sanción de la violencia por medio de los aparatos de persecución del delito y procuración de justicia.

El Artículo 2 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece claramente que el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La norma agrega que el Estado y los Municipios podrán coordinarse con la Federación para garantizar ese derecho. Ahí está todavía la mayor asignatura pendiente.

Si hablamos del Instituto Municipal de las Mujeres, cuando se creó en 2014, se presupuestó en ceros. Desde entonces la lucha de las organizaciones ha sido permanente para que crezca su presupuesto que este 2025 fue de apenas 22 millones 800 mil pesos. No pinta en el presupuesto municipal anual de casi 10 mil millones de pesos.

En el plano estatal, pasa lo mismo. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres se lleva apenas 92 millones 133 mil pesos, de un presupuesto estatal de más de 107 mil millones de pesos.

Y aunque se han incrementado los recursos para instituciones como la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género, continúan las carencias en cuanto a personal y equipamiento como el del área médica.

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Además de la violencia feminicida que no se ha erradicado, hay alertas por el aumento en los casos de abuso sexual y violaciones.

Datos del observatorio ciudadano de Red Mesa de Mujeres, señalan que el 2024 se presentaron 777 denuncias de abuso sexual y 806 de violación.

Las más de mil 500 víctimas afectadas fueron mujeres y la mayoría tenían menos de 17 años de edad.

En el caso del abuso sexual, de las 777 víctimas, 471, equivalente al sesenta por ciento, eran menores. En 176 de esos casos, hablamos de niñas de entre 1 y 10 años, mientras que en el rango de 11 a 17 años se reportaron 295.

Respecto a las 806 denuncias por violación interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en 436 casos las víctimas no habían cumplido los 18 años y de estas, 184 eran menores de entre 1 y 10 años de edad.

También se detectó un grave patrón de repetición de los hechos delictivos, ya que fueron 86 casos en los que el mismo agresor violentó a dos o más víctimas, de acuerdo con el reporte de Red Mesa de Mujeres.

Hay además cifras negras porque muchas de las víctimas no denuncian a sus agresores, no únicamente por temor o por amenazas, también por el grave problema de impunidad.

Organizaciones como Sin Violencia, consideran que los casos de abuso y violaciones podrían ser el doble de los denunciados.

Justo cuando se conmemora el 8 de marzo, todavía existe una deuda pendiente con las mujeres de Ciudad Juárez que siguen demandado que la atención a las problemáticas que enfrentan se materialice en un desdoblamiento de las instituciones en los entornos en que viven.

Aunque se han hecho esfuerzos en ese sentido en cuanto a la instalación de unidades del Instituto Municipal de la Mujeres en distintos rumbos de la ciudad, las acciones y programas deben de ser más amplios y generalizados, en los tres órdenes de Gobierno, con mucha mayor infraestructura y servicios.

Lograr la igualdad sustantiva y erradicar las violencias contra las mujeres, requiere todavía de mayor voluntad política, mayores presupuestos para atender los déficits estructurales y menos simulación en los tomadores de decisiones.