El inédito proceso electoral para la elección de personas juzgadoras, está dando de qué hablar todos los días. La grilla ayer se concentró en las listas de quienes pasaron el primer filtro para ser candidatos a jueces y magistrados estatales.

Conforme al calendario previamente aprobado, los comités de evaluación de cada uno de los tres poderes tuvieron que publicar sus listados, eliminando a quienes no cumplieron con los requisitos o tuvieron algún problema de elegibilidad.

Se supone que, en esencia, la rasurada llegó a quienes no cumplieron con el promedio académico requerido, no acreditaron la experiencia mínima de tres años en la materia, o no entregaron toda la documentación solicitada en la convocatoria.

No faltaron ya algunas quejas de aspirantes rasurados, principalmente externos, que señalan que por el lado de los comités del Poder Judicial y del Poder Legislativo, se vio una tendencia de favorecer a quienes ya traen carrera judicial y poner tachita a los externos.

Ha habido una coincidencia de que, en el caso del Poder Legislativo, se ha manejado más abierto y más plural, a partir de la propia integración del Comité de Evaluación. Eso se llevó hasta la publicación de los listados con los nombres de quienes pasaron el primer filtro. En el caso del Judicial y del Ejecutivo, los listados son prácticamente los mismos.

No hay que olvidar que la gran mayoría de los aspirantes se registraron en los tres poderes, por eso, aunque hubo un total de 2 mil 735 registros, el número de aspirantes realmente fue de poco menos de mil.

Así que, aunque en cada poder hubo ayer listados de más de 600, el total de los aspirantes ronda los 700 nombres. Esos cerca de 700 (hombres y mujeres) seguirán en la competencia por las 30 magistraturas del Tribunal Superior, las cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y los 270 cargos de juezas y jueces de primera instancia o de menores.

Pese a la rasurada de externos al Poder Judicial, siguen llamando la atención los nombres de personajes vinculados de alguna manera a la política y a la Administración Pública; sin duda pintan para pasar el segundo filtro de los mejores perfiles.

Por ejemplo, en magistraturas en materia Civil, se mantiene el coordinador de Asesores de la Secretaría General de Gobierno, Andrés Pérez Howlet. Lo mismo pasa con Gabriel Humberto Sepúlveda Ramírez, el magistrado en funciones del Tribunal Estatal Electoral. También están los casos del secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes Rascón y del titular del Instituto e Investigación Legislativa en el Congreso del Estado, Jorge Neaves Chacón.

Por el lado de las magistraturas en materia Penal, sigue apareciendo Ulises Pacheco, el director de Derechos Humanos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.

Sin duda que en distintas materias habrá buena competencia con internos, es decir, con quienes ya están en el Poder Judicial y traen amplia carrera. Por ejemplo, en las magistraturas de materia Penal, apareció en los listados de los tres poderes, el nombre de Judith Ávila Burciaga, quien actualmente es secretaria proyectista en la Segunda Sala Penal Regional.

De acuerdo con el calendario, la evaluación deberá concluir el 21 de febrero y el proceso ya con insaculación, terminará el 28 de febrero, para que el Congreso del Estado pueda pasar al Instituto Estatal Electoral, los nombres de quienes aparecerán en las boletas.

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Las grillas por la Reforma Judicial continúan en todos los niveles. Si hablamos del federal, donde ya pasaron los procesos de evaluación e insaculación, ayer dio otro manotazo en la mesa la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Resulta que, con el voto de la mayoría, la SCJN se declaró competente para seguir discutiendo recursos en torno a los procesos que la reforma estableció para permitir la elección de personas juzgadoras por medio del voto popular. O sea que bateó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que había resuelto que la Corte no tenía competencia para discutir estos temas electorales y que la presidenta Norma Piña y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Jorge Pardo Rebolledo, estaban impedidos para discutir sobre los procedimientos, ya que habían tenido opiniones abiertas contra la reforma que los originó.

Con el Poder Ejecutivo en la misma sintonía que la mayoría del Legislativo, difícil que a estas alturas se pueda descarrilar la apuesta de la 4T. Si llegara a declarar la Corte la suspensión de alguno de los procesos electorales extraordinarios en curso, seguramente ya nadie le haría caso. El punto es que no deja de generarse el conflicto que da pie a que se siga hablando de una crisis de constitucionalidad en el país.

La definición de la Corte se tomó por mayoría, pero claro que en contra votaron las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, afines a la reforma y a la 4T, quienes, por cierto, pasaron los procesos para ir a las boletas electorales el 1 de junio.

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Las cosas no andan muy bien entre las empresas privadas que tienen participación en el Sistema Integrado de Transporte en Juárez y las autoridades estatales.

Nos referimos a los particulares que dejaron atrás el esquema de hombre-camión para entrarle al BRT-2 o Segunda Ruta Troncal y a la pretroncal Gómez Morín. En el BRT-1 o Primero Ruta Troncal no hay mucho conflicto porque la Operadora de Transporte Vivebús (OTV), como descentralizada estatal, trae el control completo de la operación de los camiones, tal como ocurre con la troncal de la ciudad de Chihuahua.

Como suele pasar, los problemas empiezan cuando no hay cuentas claras. Y eso es lo que ya está pasando con el BRT-2 y el BRT-3.

Lo que trascendió es que no les llega información sobre el sistema de recaudo. Ya no sabe Mirone si simplemente “se cayó el sistema”, si se desarticuló en parte, si hay “fugas” o si de plano se oculta la información, pero el caso es que no tienen certeza los concesionarios de lo que aquí está ingresando.

En otras palabras, el subsistema financiero del Juárez ya anda trastabillando, no únicamente porque están a ciegas los empresarios que le quisieron apostar al negocio, también porque no han recibido lo que esperaban en materia monetaria, incluso lo que se había acordado.

Hay por ahí un reclamo porque los contratos hablaban de que la Operadora haría el pago a los concesionarios a 35 pesos por kilómetro recorrido de cada unidad, que luego les dijeron que a 32, pero a final de cuentas recibieron el pago en 30 pesos.

O sea que ya andan con cuentas mochas y a lo mejor y hasta terminan aventando el arpa. Supo este Don que en las finanzas no ha ayudado el hecho de que, por las vialidades de las troncales, todavía circulan camiones en carril derecho, lo que ha pegado en los ingresos proyectados.

No estaría mal que por el bien de la ciudad y de todos los usuarios del sistema de transporte, no únicamente de los concesionarios, se transparentara plenamente el componente financiero y se informara lo que está pasando con el sistema de recaudo.

Otro gran pendiente que seguramente facilitaría resolver los problemas, es la integración de un organismo descentralizado con sede en Ciudad Juárez, que opere su propio sistema, sin depender de la ciudad de Chihuahua.

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En el tema de los ajustes en el equipo de Gobierno del Estado en Juárez, se enteró Mirone que el defenestrado exsubsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jorge Acosta Liceaga, podría aparecer próximamente en un cargo de segundo nivel de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

O sea que no lo dejarían morir, con todo y las malas cuentas electorales que rindió en el pasado proceso electoral, cuando se suponía que debería de haber apuntalado con su trabajo de entrega de apoyos y atención social, los trabajos campañeros del PAN.

No es algo nuevo que en la JMAS se reserven espacios para entregar a representantes de algún grupo interno. Al menos le alcanzaría para eso a Acosta, dentro del organismo descentralizado que siempre es de los más peleados en la administración pública porque tiene mucho margen en el manejo de los presupuestos y las plantillas de personal.

A propósito de espacios donde hay buenos presupuestos, le comentaron a Mirone que no deberá de tardar el ajuste en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, ahí donde despacha Rogelio Fernández Irigoyen.

Poco o nada ha lucido esa institución, pese a que maneja amplios recursos para hacer obra pública. Por eso y porque tampoco hubo ahí operación electoral alguna de los funcionarios que ganan bastante bien, es que también está en la mira de Palacio para seguir con la reestructura, proyectada claramente para lo que viene en el 2027.