A partir de la denuncia formal presentada por la síndica municipal ante la Fiscalía federal Contra la Corrupción en la Ciudad de México, y soportada con elementos de prueba como periciales contables, auditorías, contratos, facturas, bitácoras y testimonios de servidores públicos que supieron del presunto desfalco en la renta de 400 patrullas, se puede inferir que hay suficiente materia para que el caso se judicialice en los tribunales federales, y para que el exalcalde Armando Cabada sea llamado a cuentas, para que responda por estos señalamientos.
Dicen que si camina como perro, ladra como perro y muerde como perro, ¡es perro, no pato! En este caso parece asomarse una enorme cola de canino y, por lo tanto, todo lo que ahora diga y desdiga El Divino Cabada, necesariamente tendrá que exponerlo y ventilarlo ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, donde podrían ponerle un bozal como primera medida cautelar, porque los recursos que aparentemente fueron derrochados y salieron bailando provenían de la Federación.
La denuncia de la síndica Esther Mejía fue interpuesta por peculado y enriquecimiento ilícito, dos delitos que tienen que ver con el desvío de recursos públicos para la obtención de un beneficio indebido.
En este caso, la acusación por enriquecimiento ilícito complementa la denuncia por el desfalco de las patrullas arrendadas, porque sostiene, con ciertos elementos, que la riqueza del exalcalde exindependiente aumentó significativamente en el tiempo que autorizó el ejercicio del contrato de arrendamiento con la empresa financiera LUMO.
Ese presunto enriquecimiento ilícito y personal, que habría sido obtenido a costa y en detrimento de la seguridad de todos los fronterizos, incluidos usted y su familia, estimado lector, de confirmarse, dibujaría de cuerpo entero la calidad moral de aquel pecador estándar confeso, que no dudó en brincar de las pantallas de televisión a la arena pública, vaya usted a saber con qué ambiciones y deseos de poder y de tener.
En su denuncia, la síndica sostiene que la ciudadanía fue engañada por el presidente municipal con la finalidad de beneficiarse a sí mismo, a sus familiares y a sus amigos, lo que constituiría una vil e infame traición a los intereses financieros y administrativos del Ayuntamiento de Juárez y de todos los fronterizos que habitamos esta noble y generosa tierra.
La auditoría base de la denuncia, revela que el cálculo aritmético de unidades arrendadas, que estuvieron en funcionamiento desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021, da como resultado que, de las 400 patrullas rentadas, LUMO solo cumplió con el contrato el primer año, pero en los dos últimos años, únicamente 244 vehículos estuvieron en condiciones operativas.
Sin embargo, el Gobierno de Cabada nunca señaló el incumplimiento del contrato, a pesar de que, desde el mes de marzo del 2019 hasta el mes de diciembre del 2021, se pagó puntualmente la renta de 400 patrullas, de acuerdo con las facturas y pólizas contables anexadas como elementos de prueba.
Los hechos descritos por la síndica y soportados con las cifras oficiales y bitácoras del número de unidades rentadas en funcionamiento, hablan de un daño patrimonial superior a los 205 millones de pesos que salieron de las arcas municipales, autorizados por Armando Cabada y su pandilla.
Pero más allá del dinero que alguien habría podido embolsarse con la renta y pago de 400 patrullas, para tener únicamente 240 en funcionamiento, que ya sería por sí solo, perverso y reprobable, tendríamos que enfocarnos en las consecuencias de una acción tan deshonesta y desleal para los juarenses que le dieron su voto y su confianza a ciertos representantes populares y funcionarios que estuvieron llevando las riendas del gobierno en este municipio, porque estaríamos hablando de un atentado directo contra una de las necesidades más apremiantes que tenemos como población, como lo es la seguridad pública, que por décadas ha sido una enorme preocupación y problemática para todos los que hemos padecido la delincuencia y la violencia en nuestras calles.
He aquí la enorme trascendencia de esta denuncia y los hechos que involucra, por las funestas consecuencias que se pudieron generar por estas presuntas negligencias y triquiñuelas en este arrendamiento aparentemente viciado, que, a cambio de haber enriquecido a los funcionarios involucrados, habría desamparado a la población al dejarla sin vehículos para la más básica vigilancia, en tiempos donde la violencia ha campeado y sigue desbordada.
Los números no mienten. La estadística en materia de seguridad pública, tan solo por el delito de homicidio doloso, que es el que reviste mayor gravedad en la ciudad y en el país, y el que más lacera a nuestras familias, muestra que en el último trienio de Cabada se registraron 4 mil 365 asesinatos.
De esta cifra, en el 2020 se registraron mil 642, mientras que en los últimos 8 meses de la administración fueron 951. Es decir, en los dos últimos años, cuando la vigilancia de la Policía Municipal se ejercía con 240 patrullas al día, los números de homicidios dolosos se dispararon.
En esos dos años, la Secretaría de Seguridad Pública trabajó únicamente con 80 patrullas por turno, para cubrir una superficie de más de 4 mil kilómetros cuadrados, que es la extensión territorial del Municipio, y para atender a una población de 1 millón 512 mil habitantes, según los datos del Inegi del 2020.
Si consideramos que el estado de fuerza de la Policía Municipal es el principal factor de seguridad en la ciudad, por el mayor número de elementos que tiene y la cobertura que puede dar a una zona geográfica tan grande, podemos concluir que con esas 80 unidades patrullando por turno, era materialmente imposible que se cubriera toda la extensión geográfica del municipio, cuando el número mínimo que sugieren los especialistas es de 500 vehículos por turno.
Si la denuncia de la síndica se judicializa, porque existen los elementos para ello, y de comprobarse sus acusaciones, quedaría bastante claro que, en ese largo periodo, la población habría quedado a merced del crimen organizado y desorganizado, y todo por una presunta voracidad desmedida de quien se habría desempañado como la máxima autoridad en este municipio, enarbolando un Gobierno “independiente” distinto al de los emanados de los partidos políticos tradicionales, solo para dejar a la ciudad en peores condiciones de seguridad que cuando asumió en el poder.
Las propias mediciones del Inegi parecen comprobarlo en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que muestran un incremento en la percepción de inseguridad de los habitantes de Ciudad Juárez, al pasar de 59.9 por ciento a 73.3 por ciento de 2021, porcentaje que supera la media nacional que es del 65.8 por ciento.
Quizá se podrá invocar el absurdo argumento de que no es con más patrullas, policías ni pistolas, como se previene la delincuencia y se reducen los delitos, pero si, hasta ahora, la presencia policiaca es la única alternativa para inhibirlo, porque todos los esquemas sociales y estrategias con nombres rebuscados han fallado, nada justifica dejar en el completo desamparo a la población con un servicio que la autoridad municipal debe brindar por encima de sus intereses personales y políticos.
Por lo pronto, el principal actor señalado en la denuncia de la síndica, ha salido en las redes sociales a decir que todo es mentira, calumnia y difamación, y hasta anunció que vendría a Juárez a aclararlo, pero la denuncia y sus elementos de prueba parecen mostrar lo contrario y las consecuencias de esos actos serían tan reales como la estadística roja de Juárez.
No es en Juárez donde Cabada y compañía deben venir a pregonar su inocencia, a menos que todo se trate de venir a amedrentar a la síndica para que no le siga moviendo al asunto, lo cual sería aún más grave.
Si por el hecho de ostentar ahora las siglas de Morena con una diputación plurinominal que ocupa en el Congreso, el diputado neomoreno pensó que quedaría a salvo del escrutinio público y la rendición de cuentas a las que está obligado respecto a sus administraciones, Don Armando se equivocó completamente, porque el robusto documento de la denuncia que entregó Esther Mejía a la Fiscal Anticorrupción, la doctora María de la Luz Mijangos Borja, parece que no deja cabos sueltos y habla del minucioso cuidado que se tuvo al integrarlo, con elementos de prueba, no solo con salivita.
Cualquiera con tres dedos de frente puede ver que existen los hechos y los elementos de prueba suficientes para llevar a los tribunales la denuncia de la síndica. Pitágoras y la lógica matemática no fallan: si se pagó por la renta de 400 patrullas y solamente se tenían en servicio 240, ¿dónde quedó el dinero de las 160 unidades faltantes? Eso es lo que se denuncia y se reclama, además del sospechoso enriquecimiento de Cabada en este periodo que coincide con la operación y contratos con la financiera LUMO.
Independientemente del daño patrimonial que se haya cometido, que ya sería gravísimo, los tribunales tendrían que considerar, también, que la vida de las personas es el bien más valioso que se debe salvaguardar, y si desde una posición de poder público, se cometieron actos deliberados de corrupción que llevaron a no tutelar ni proteger ni a usted ni a nuestras familias, dejándonos en el desamparo y a merced de la delincuencia, sin escrúpulo alguno, ¿qué es lo que merecerían los responsables de tan abominables actos? Mirone imagina las respuestas.