La diputada local Leticia Ortega Máynez compartió que durante la administración de Armando Cabada, cuando fue síndica (2018-2021), a sus auditores les impedían ingresar a las dependencias para realizar las auditorías correspondientes.
En su último informe de gestiones, Ortega reveló que ante esa negativa, durante todo el periodo de gobierno, levantaron 46 actas circunstanciadas que también canalizaron a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua.
“Mucha información nosotros la obtuvimos por transparencia, pues nos impedían ingresar a las dependencias para realizar nuestras auditorías”, comentó la ahora diputada por Morena.
Nueve meses después de la firma del contrato, el cual tuvo una vigencia de enero de 2019 a diciembre de 2021; la síndica Ortega Máynez publicó en su quinto informe de actividades los resultados de una auditoría fallida al contrato de las patrullas.
El 26 de septiembre de 2019, Margarita Aguilar, directora administrativa de la SSPM, impidió a los auditores de la Sindicatura el acceso a las instalaciones. También les negó la documentación para el cumplimiento de sus labores.
Información que solicitó la Sindicatura al Gobierno de Cabada
A finales de septiembre de 2019, recuerda Ortega, se trató de auditar ese contrato y los auditores se presentaron en la Secretaría para solicitar la siguiente información:
- Comprobante de pagos mensuales al proveedor LUMO Financiera del Centro S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.
- Listado de unidades por distrito, donde se describe el número de identificación de cada unidad y personal asignado a su resguardo y uso.
- Número de unidades que han sufrido desperfectos mecánicos, físicos o de cualquier tipo y cuál ha sido su resolución.
Sin embargo, la Secretaría no dejó que se realizará la auditoría ni contestó a los oficios de solicitud de información.
Se valió de los argumentos de que la solicitud de información no tenía que ver con la cuenta pública y que los recursos eran federales; por lo que en todo caso, era necesario un convenio con la Auditoría Superior de la Federación.
El objetivo era determinar cuántas patrullas estaban en los talleres
En ese entonces, la auditoría que ordenó por Ortega, entre otros puntos, tenía el objetivo de determinar cuántas patrullas se encontraban en los talleres mecánicos.
La hoy diputada insistió entonces que las auditorías tenían el propósito de transparentar el ejercicio de los recursos y el patrimonio de los juarenses; por ello que aclaraba que su objetivo no era “descarrilar” a la administración.
Según el artículo 36A del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y el artículo 48 del Reglamento Interior del Municipio de Juárez, aquellos a quienes se les requiera información, deberán entregarla en un plazo máximo de cuatro días hábiles.
En caso de omisión, la Sindicatura debe levantar un acta circunstanciada que forma parte del informe, para que el Ayuntamiento y Órgano Interno de Control determinen las responsabilidades.
La actual síndica, María Esther Mejía Cruz, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Federal en Materia de Corrupción, contra de Cabada y su colaboradores, por un supuesto desfalco de 205 millones de pesos; esto, derivado del contrato de 400 patrullas que se rentaron a la empresa LUMO Financiera del Centro S.A de C.V.
La semana entrante, Cabada, hoy diputado federal por Morena, anunció que se trasladará a Ciudad Juárez a atender los señalamientos que se le imputan y que considera como una campaña de difamación en su contra.
