Calles sin banquetas, banquetas invadidas y bloqueadas, infraestructura inservible, abandonada, deficiente o en desuso, tienen que sufrir a diario los peatones en Ciudad Juárez.

Ninguna autoridad se preocupa por garantizar el derecho a la movilidad, en un entorno urbano en el que las personas con alguna discapacidad llevan la peor parte.

Resulta lamentable y preocupante, pero ni la integridad, ni la seguridad de las personas más vulnerables son cuestiones prioritarias en la agenda pública.

La movilidad segura, planteada como un derecho en la Constitución, simplemente es letra muerta.

Aunque es una lucha que lleva años, en los últimos días, distintas organizaciones de la sociedad civil que pugnan por mejorar la movilidad y la seguridad vial, han subido el tono y la periodicidad de sus demandas.

Sin embargo, aunque se hacen escuchar, generalmente sus planteamientos son desatendidos.

En la semana que concluyó, los colectivos de activistas entregaron al Ayuntamiento la más reciente de sus exigencias.

Piden la intervención de los regidores para que se resuelva el problema de semáforos peatonales inservibles en varias de las vialidades principales de la ciudad:

“Les solicitamos su intervención ante las dependencias municipales correspondientes para la revisión, activación y correcto funcionamiento de los semáforos peatonales, con el fin de prevenir accidentes y garantizar el derecho a una movilidad segura en Ciudad Juárez”.

Peatones Heroicos, Fundación Integra, Centro de Estudios para Invidentes, Fixießeat, Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap) y De.siertos Andantes, apelan al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que

“toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”

Los semáforos inactivos o con fallas, representan precisamente un riesgo para la seguridad de los peatones, en especial de personas mayores, con discapacidad, así como de los niños.

Esa situación y otras que han denunciado recientemente, contravienen los principios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que obliga a garantizar a los habitantes del municipio infraestructura vial segura y accesible para todos.

Sin embargo, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, toma cartas en el asunto. La infraestructura es municipal, pero ya hay norma estatal, además de la federal, sin que ninguna instancia de esos órdenes de Gobierno le dé seguimiento alguno a su cumplimiento.

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Recientemente, se hizo otra denuncia pública por parte de Fundación Integra, respecto a la eliminación de banquetas por parte de agencias de automóviles en dos negocios ubicados sobre la vialidad Teófilo Borunda.

Las concesionarias automotrices Volkswagen y BMW, realizaron obras frente a sus establecimientos y en lugar de banquetas dejaron únicamente rampas de acceso vehicular. Lo mismo que pasa por toda la ciudad: simplemente no les importaron los peatones y se olvidaron de la infraestructura que necesitan.

Fundación Integra pidió a la Dirección General de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal, su intervención para revisar la obra y solicitar su corrección, ya que desaparecieron completamente las banquetas en casi 100 metros de vialidad.

Destacó el riesgo que existe en el lugar para la integridad de los peatones y especialmente para las personas con discapacidad.

“Eliminaron la banqueta a lo largo de sus construcciones dejando en su lugar solo acceso para vehículos y que utilizan en lugar del espacio destinado para el tránsito de peatones el área como de exhibición para sus vehículos”, señaló la Fundación.

Muy cerca de las agencias automotrices tiene sus oficinas el Centro de Estudios para Invidentes (Ceiac), una asociación civil que brinda atención a personas con discapacidad visual, quienes enfrentan hoy un mayor riesgo por su condición.

Sin banquetas y con el espacio bloqueado por automóviles, los peatones se ven obligados a bajar al arroyo vehicular, con riesgo de sufrir un atropello.

De nuevo se violentó en ese otro ejemplo, el derecho de los juarenses a una movilidad libre, segura y accesible.

A finales del mes pasado, una denuncia más llegó hasta la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento (integrada por un regidor y dos regidoras), con un caso de obstrucción de banquetas.

Igual que la carta en la que se expuso el problema de los diez semáforos peatonales en desuso, el documento fue firmado por la representante legal de Fundación Integra, Laura Calderón Pérez, y la directora del Centro de Estudios para Invidentes, María Otilia Hefter Rivera. Los colectivos Peatones Heroicos, Fixießeat, De.siertos Andantes y Cimap, se sumaron por igual a la denuncia.

En este caso, son los semáforos vehiculares los que obstruyen las banquetas, con afectación en general a los peatones, pero también a las personas con alguna discapacidad, ya que las estructuras municipales bloquean las rampas de acceso.

“Los semáforos han sido instalados en posiciones que bloquean el paso peatonal, obligando a las personas a sortear estos obstáculos o incluso descender a la vía vehicular, exponiéndose a un riesgo innecesario”, explican en la carta.

El documento especificó el problema encontrado en los cruces de Paso Triunfo de la República con la calle Francisco Márquez y la avenida De las Américas; también en un tramo del bulevar Teófilo Borunda, entre Paseo de la Victoria y la calle S. Antonio N.

Las firmantes recordaron que el articulo 8 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, señala que las autoridades municipales “deben asegurar que la infraestructura vial priorice la seguridad y accesibilidad de los peatones, en concordancia con la jerarquía de movilidad”.

Pidieron a la Comisión de Movilidad integrada por el regidor José Eduardo Valenzuela Martínez (coordinador) y las regidoras Karla Michaeel Escalante Ramírez (secretaria) y Luz Clara Cristo Sosa (vocal), intervenir para que se realicen las modificaciones necesarias.

Hasta hoy, no ha existido ninguna acción correctiva en esos puntos.

Previamente, se denunció el bloqueo de rampas de acceso por parte algunos de los postes que se han instalado en la ciudad para colocar las cámaras de videovigilancia de la Plataforma Centinela. Tampoco fue atendido debidamente el reclamo para corregir esa instalación.

Lo que sí se ha promovido desde la Administración municipal, es la construcción de puentes peatonales por parte de empresas privadas, cuyo fin último es la venta de espacios publicitarios.

Para las organizaciones civiles que incluso han promovido amparos en contra de esas obras, los puentes peatonales no son una solución eficiente, accesible e incluyente, pues excluyen a las personas con discapacidad, adultas mayores, y todas aquellas que por distintas razones tienen dificultades o no pueden subir un puente.

“Los peatones no necesitamos puentes ni más anuncios publicitarios distractores en la vía pública; los peatones necesitamos banquetas y cruces peatonales seguros y accesibles a nivel de calle. Eso es lo que esperamos de ustedes”, fue la posición de Laura Calderón Pérez, representante de Fundación Integra y Peatones Heroicos.

En la demanda de amparo se argumentó que la construcción de esos puentes elevados lesiona los derechos fundamentales, así como a la accesibilidad universal y la movilidad de las personas.

También que constituyen actos de discriminación, pues se margina a las personas de la vida cotidiana de la ciudad, además de que vulnera varios de sus derechos esenciales, como el de educación, al trabajo y a la salud.

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Frente al cúmulo de casos que afectan la accesibilidad y movilidad de las personas, quienes han realizado las denuncias consideran que las persistentes omisiones pueden estar vinculadas con actos de corrupción.

Así lo planteó la propia representante de Fundación Integra, Laura Calderón, cuando participó en la Audiencia Pública que organizó recientemente el Congreso del Estado, cuando representantes ciudadanos pidieron revisar la agenda pendiente del combate y prevención de la corrupción.

En la audiencia, Calderón invitó a los legisladores y a los titulares de los órganos que integran el Sistema Estatal de Anticorrupción de Chihuahua a caminar las calles de la ciudad para comprobar que carecen de banquetas y de accesibilidad para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, para los niños y para las mujeres embarazadas.

También señaló que los puentes elevados llamados “peatonales”, incumplen totalmente con las disposiciones establecidas en Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la Ley de Asentamientos Humanos, el Manual de calles de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Ley de Inclusión y Desarrollo para las Personas con Discapacidad.

Consideró que además de que excluyen a gran parte de la ciudadanía, por su inefectividad se convierten en estructuras inutilizables.

Así que las leyes, aunque estén muy completas e incluso se hayan armonizado a nivel estatal, simplemente no son aplicadas. Nadie las aplica, aunque esté en riesgo la seguridad y la vida de los ciudadanos.

“Por lo tanto, pregunto a ustedes, nuestra máxima autoridad y quienes han jurado cumplir y hacer cumplir la ley, ¿qué pasa?  ¿Es esto o no corrupción?”, cuestionó Calderón. 

Preguntó también si era o no corrupción el que se sigan autorizando los puentes elevados que lo único que atienden es un interés comercial de los particulares que venden publicidad en las pantallas o carteleras que se colocan sobre esas estructuras.

Lamentó la práctica de hacer leyes sin considerar los impactos presupuestales, cuando se establecen obligaciones de garantizar ciertos aspectos de la movilidad y la accesibilidad.

“Se hacen leyes, si me permiten la expresión, sin dientes, sin manera de sancionar o sin ente garante que les dé seguimiento para que se castigue cuando no se cumple correctamente. Por lo tanto, pudiéramos considerar estas leyes solo como listas de buenos deseos. Nuevamente, ¿es correcto?” preguntó la activista.

En ese evento pidió respuestas que no obtuvo de autoridades y representantes populares, a quienes les preguntó qué harán para que se cumpla con todos los ordenamientos en materia de movilidad y accesibilidad.

En general, esa ha sido la constante, la falta de respuestas de la autoridad ante las gestiones y demandas ciudadanas para que las condiciones de movilidad sean seguras y funcionales.

Hay algunas acciones de autoridad, aunque parecen más bien aisladas e inconsistentes.

En Infonavit Casas Grandes, apenas el mes pasado, el Gobierno Municipal demolió la construcción de un barandal que invadió la banqueta, es decir, el espacio público.

Con un trascabo se derribaron y demolieron las estructuras de concreto y acero que el propietario de la vivienda colocó sobre la banqueta, obstruyendo el paso de cualquier persona.

De esa manera se hizo valer el derecho a la movilidad y se castigó la invasión del espacio público, luego de que el propietario ignoró múltiples notificaciones de que retirara la construcción por su propia cuenta, dentro de un procedimiento administrativo iniciado en su contra.

Se supone que también sería multado y pagaría el costo de los trabajos de demolición que realizó personal de la Dirección de Limpia.

El punto aquí es que ese tipo de casos de invasión proliferan por todos los rumbos de la ciudad y no se dieron a conocer más acciones como esa.

Si el objetivo era únicamente lanzar un mensaje a quienes no respetan leyes ni reglamentos, para que dejen de hacerlo, no se conoce que la acción haya arrojado resultados.

Velar por el cumplimiento de las normas, ordenar la ciudad y garantizar los derechos de movilidad en condiciones de seguridad, de manera eficiente, sostenible y bajo criterios de inclusión e igualdad, requiere acciones sistemáticas y permanentes de autoridad.

Recuperar los espacios públicos en favor de los peatones y las personas en alguna condición de vulnerabilidad, exige también voluntad política para garantizar presupuestos en los distintos órdenes de Gobierno, poner el interés público sobre el privado, cerrar las puertas a la omisión y a la corrupción y abrirlas a la participación ciudadana, la retroalimentación y la transparencia.