El resultado del cómputo de la elección extraordinaria (parcial para el caso estatal, completo en una parte del federal), confirmó lo que se preveía: las estructuras gubernamentales y partidistas definieron quién sí y quién no puede formar parte del Poder Judicial como persona juzgadora.

Pasó exactamente lo mismo en el plano federal que en el estatal: formarán parte del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, únicamente los nombres de quienes aparecieron en la mayor cantidad de acordeones, guías o cuadernillos, y por quienes hubo mayor operación político-electoral desde las estructuras de poder formal, ya sea los Gobiernos municipales, el Estado o la Federación, vía Secretaría de Bienestar, principalmente.

La base de los votos duros por cada candidatura que fue palomeada desde el poder, descansó en la estructura burocrática de los Gobiernos, los beneficiarios directos de los programas y las militancias partidistas que se apegaron a los lineamientos de gobernantes y dirigentes, sin que ello quiera decir que no haya habido votantes que simpatizaron por las candidaturas ganadoras y que las seleccionaron bajo su criterio estrictamente personal, sin mediación alguna.

En el caso federal ocurrió un hecho ya incontrovertible que nada tiene que ver con una coincidencia y menos con la incertidumbre democrática que debe caracterizar los procesos electorales: los cuatro candidatos a ministros y las cinco candidatas a ministras más votadas en todo el país, fueron quienes aparecieron en los cuadernillos que se distribuyeron por los equipos políticos vinculados a Bienestar (con el aval de Morena nacional) desde la frontera juarense hasta la península de Yucatán.

Lo mismo ocurrió con la integración del Tribunal de Disciplina Judicial. Las tres mujeres y los dos hombres que ganaron la elección, fueron quienes se decidieron previamente en los círculos de poder morenista, con independencia de que hayan sido o no los mejores perfiles en la contienda.

Hubo operación para el consenso de liderazgos morenistas que propusieron nombres para llevar a los cuadernillos, para la impresión que de ninguna manera fue barata porque son millones de guías con ajustes en cada estado (también se incluyeron las elecciones estatales) y para su distribución. No quedó ahí el trabajo político. Siempre, lo más importante es la tarea de movilización o de promoción del voto.

Aun en estados en poder de la oposición a Morena, como en Chihuahua, la definición de quién será aquí jueza o juez de Distrito, lo mismo que magistrada o magistrado de Circuito, tiene mucho que ver con quien, estando ya en la carrera judicial o como externo, fue cobijado por el propio grupo político articulado desde la Secretaría de Bienestar, o por otro de fortaleza local, como el del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Por ejemplo, si se revisa el cómputo preliminar para la elección de magistraturas del Tribunal Colegiado en materia Civil y de Trabajo (Distrito 1 con cabecera en Juárez) se puede observar que la mujer más votada es Marissa Alejandra Chávez Sánchez, quien estaba incluida en el acordeón impulsado por la Presidencia Municipal, no por el equipo de Bienestar.

Para el mismo cargo, pero de hombres, ahí sí el más votado hasta el corte de ayer era Arturo Alberto González Ferreiro, cuyo número en la boleta aparecía en el acordeón de Bienestar, aunque también en el de Gobierno del Estado.

Para el Tribunal Colegiado de Circuito Mixto del mismo Distrito 1, las dos mujeres más votadas (con el 82 por ciento de las casillas) son justamente las dos que van en el cuadernillo A, que aquí distribuyó la estructura montielista: Paulina Alicia Ramírez y Luz Elva Velo Sáenz.

Hubo extraños empalmes en los acordeones, al parecer atribuibles a que a nivel local, el grupo de Bienestar simplemente “adoptó” candidaturas, que por lo visto ya traían otros apoyos, incluyendo los estatales.

Las dos punteras aparecieron también en las guías que distribuyó la estructura estatal de origen azul. Como resultado, ninguna posibilidad tuvo el resto de las aspirantes para competir.

En otros cargos federales había bastante competencia en los cómputos parciales, sobre todo donde no hay muchas candidaturas y las y los aspirantes obtuvieron por su cuenta distintos apoyos políticos.

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En el plano estatal (para el Tribunal Superior de Justicia), los resultados preliminares en la elección de magistraturas, marcan tendencia y arrojan claramente que, en lo local, el aparato de Gobierno del Estado se impuso (en algunos casos en alianzas con las estructuras municipales) sobre el aparato federal, que no traía realmente candidatos propios y tenía su prioridad en la elección de la Corte, donde arrasaron con sus candidaturas afines a ministras y ministros.

En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos dio su aval a las candidaturas que resultaron las más votadas, en sintonía con las alianzas políticas que ha mantenido durante su gestión.

Esas candidaturas más votadas (las primeras cuatro) se rotarán la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cada dos años, durante los próximos ocho años; todas tienen vínculos directos con la mandataria o con sus aliados políticos más importantes o influyentes en el estado.

Quien se perfila para presidir el nuevo Tribunal para los primeros dos años, Marcela Herrera Sandoval, es amiga personal de la mandataria. Hay una relación entre sus familias. Además, viene de ser directora de Planeación y Desarrollo Institucional en la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde el rector, Luis Alfonso Rivera Campos, es primo de la gobernadora. Herrera Sandoval fue directora estatal de Profesiones al inicio de la actual administración estatal y en la anterior fue directora de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación y Deporte.

Como candidata a una magistratura Familiar, estuvo al menos en las seis listas que movió la estructura azul del PAN en la capital del estado, donde se generó la mayor cantidad de votos, y en las dos que se distribuyeron en Juárez.

La segunda candidatura más votada, la de Yamil Athie Gómez, en materia Civil y también externa al Poder Judicial, estuvo por igual en algunos acordeones en la capital, no en los de Juárez, pero también apareció acá en los listados de Bienestar y hasta de la Presidencia Municipal.

Yamil tiene vínculos con el exgobernador César Duarte, trabajó en su administración y fue impulsado por él para otros cargos anteriormente. Es sobrino de Kamel Athie, el político priista que es rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (nombrado en la actual gestión estatal por la gobernadora) y ahí hubo también operación política.

Como tercera candidatura más votada, está la de Gerardo Javier Acosta Barrera, en el ramo Penal. Tiene también vínculos con el grupo político del exgobernador Duarte, quien lo hizo magistrado de la Sala Penal Regional en Hidalgo del Parral en 2013. Compite como magistrado en funciones.

También estuvo en las “guías de participación responsable” que se distribuyeron a toda la estructura de Gobierno del Estado.

No hay que olvidar que esa estructura azul, operó la estrategia “uno por diez”, que comprometió a cada empleado estatal registrado a promover el mismo acordeón con otros diez electores de su círculo familiar o vecinal.

La cuarta candidatura más votada (hasta el cómputo de ayer con el 57 por ciento de las casillas computadas) es la de Rafael Alejandro Corral Valverde, candidato en materia Familiar.

Lo mismo: su nombre iba en los acordeones estatales vinculados a la estructura de Palacio, además de que se ubicó su número y su nombre en el primer lugar de la lista en la boleta, en la parte superior, lo que, ya habíamos comentado aquí, también ayudó a las candidaturas para subir su votación. El votante seleccionó en muchas de las veces la primera opción.

Sin carrera judicial, Corral Valverde viene de ser el director general del Registro Civil, área de la Secretaría General de Gobierno que encabeza Santiago De la Peña, amigo personal de la gobernadora y uno de sus operadores principales para la elección judicial.

De la Secretaría General de Gobierno, también pasará (si se mantiene la tendencia en el cómputo) al Tribunal Superior de Justicia del Estado, el coordinador de asesores y candidato a magistrado en la rama Civil, Andrés Pérez Howlet.

Con esos resultados y con posiciones que se rotarán la presidencia (además de otras candidaturas que ocuparán las 30 magistraturas del Tribunal Superior), el control político es para la gobernadora Maru Campos y sus amigos o aliados.

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Lo mismo puede decirse en cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano que sustituye a la Judicatura y que estará facultado para vigilar y sancionar las actuaciones de magistraturas, así como de jueces y juezas del Tribunal Superior.

Como van las votaciones, ese órgano lo encabezará un cuadro panista que viene de una familia de arraigo azul y es funcionario con amplia carrera en materia disciplinaria. Se trata de Francisco Javier Acosta Molina, persona de todas las confianzas de la gobernadora Maru Campos, quien previamente lo había palomeado para llegar a la Judicatura del Poder Judicial. Además, está casado con la diputada federal Rocío González, también muy cercana a la mandataria y a la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez

Estuvo en los acordeones de la estructura azul en todo el estado; entre todas las candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, despuntó por mucho. En el corte de ayer, con el 59 por ciento de las casillas computadas, tenía más de 10 mil votos arriba del segundo lugar en los hombres y más de 12 mil en cuanto a las mujeres.

El segundo lugar, Luis Daniel Meza González, viene de ser director jurídico de Normatividad en la Auditoría Superior del Estado, ahí donde la gobernadora tiene un aliado más en la persona de Héctor Acosta Félix.

Por las mujeres, sí apareció un nombre que no estaría entre las prioridades de Palacio. Hablamos de Jazmín Yadira Alanís Reza. Al menos no estuvo en los acordeones distribuidos en Juárez, pero sí apareció aquí en el cuadernillo que repartió y operó el equipo morenista vinculado a Bienestar. Además, como la candidata 01, está en el primer lugar de la boleta, lo que le impactó favorablemente.

Sin carrera judicial, viene de ser titular del Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; antes, fue coordinadora de Unidades de Control de la Secretaría de la Función Pública, por lo que tampoco es ajena al actual grupo en el poder en Chihuahua.

Independientemente de esa posición, es claro que los aliados políticos en torno al PAN tienen todo el control.

Al tribunal de Disciplina, también van (conforme al cómputo preliminar) Nancy Josefina Escárcega y Yadira Anett Gramer Quiñonez.

La primera es posición de Movimiento Ciudadano. El esposo de Escárcega es precisamente el dirigente estatal de ese partido y coordinador de la fracción naranja en el Congreso del Estado, donde ha votado consistentemente junto al bloque mayoritario del PRIAN.

La segunda es colaboradora directa de la gobernadora, como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal.

Así hay más posiciones que se perfilan para el Tribunal Superior, claramente afines a Palacio o vinculadas a las alianzas políticas.

Por ejemplo, está el caso de Rubén Aguilar Gil, cuya candidatura se atribuyó a las negociaciones con América Aguilar Gil, su hermana diputada en el Congreso del Estado. Aunque hay divisiones internas en el PT y en particular en la familia Aguilar, América se ha mantenido del lado del bloque mayoritario del PRIAN, aunque a nivel federal, su hermana Lilia asuma posiciones de la mano de Morena y en contra de sus opositores.

El PT en el Congreso, generalmente va de la mano del partido en el poder a nivel estatal y cobra caros sus votos. Así que, como aliados del PAN en el Congreso, los Aguilar aseguraron un lugar en el acordeón de la estructura azul, aparte de que el PT tuvo su propia operación política, igual que lo hizo MC en favor de la esposa de su dirigente estatal.

Así que puede decirse que la operación política fue exitosa para Palacio, que se quedó con la mayor parte y alcanzó a repartir a sus aliados, las posiciones en las dos instancias que integran el Poder Judicial en Chihuahua.

De alguna manera, pese al cambio estructural que representa la elección por medio del voto popular, prevaleció el reparto de posiciones entre grupos políticos. Igual que antes.

Nadie se quedó fuera. Si hablamos del equipo político de la Presidencia Municipal de Juárez, también alcanzó un espacio en el Tribunal. Si se mantiene la tendencia que la coloca en el sexto lugar de la votación en magistraturas civiles, Angélica Mendoza, la esposa del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz, alcanzaría uno de los 30 asientos.

Incluso a nivel federal, si hablamos de la elección para la Suprema Corte, ocurrió lo mismo: no con las fuerzas opositoras, pero sí el reparto entre los grupos internos.

Por eso la conclusión es simple: los grupos partidistas que se montan sobre las estructuras gubernamentales para tener la fortaleza de los recursos humanos, las nóminas y sus programas sociales, capturaron la elección judicial del pasado domingo.