En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, Ciudad Juárez reunió a distintos actores políticos, funcionarios de los tres órdenes de Gobierno y activistas que convergieron en el memorial del Campo Algodonero.

Hasta acá vino como invitada especial de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, la activista, política y filóloga de la República Dominicana, Minou Tavárez Mirabal, la hija de una de las icónicas feministas hermanas Mirabal.

Fue el de Minou el discurso central de un evento concebido por la Secretaría de las Mujeres (todavía en construcción legal y operativamente) como parte de la campaña ¡Es tiempo de mujeres sin violencia!, y como una de las actividades organizadas durante 16 días para llegar hoy (10 de diciembre) a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La poderosa Citlalli, exsecretaria general de Morena, hizo coincidir a distintas figuras políticas que, al menos por un momento, se guardaron las diferencias de color partidista, de proyecto interno o de mera coyuntura.

Así que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el senador Juan Carlos Loera y la senadora Andrea Chávez, todos morenistas, compartieron la primera fila, el templete para la foto y el micrófono para sus respectivos discursos, sin puyas, ni indirectas, menos directas. Loera en un momento hasta tuvo agradecimientos para Pérez Cuéllar.

No hay que olvidar que senador y alcalde traen un fuerte agarrón por el tema del puente de la Vicente Guerrero, cuya construcción entró en stand by, precisamente por los cuestionamientos encabezados por Loera. Se traen atravesados uno al otro.

Aparte, nadie desconoce que el proyecto del 2027, mantiene confrontados al alcalde y a los senadores que caminan aliados para lo que venga. Son Andrea y Cruz, los más desatados en ese futurismo político y por eso traen recorridos por todo el estado, en una especie de guerra de alianzas con los distintos liderazgos regionales.

También se dejaron ver los diputados federales Daniel Murguía Lardizábal y Alejandro Pérez Cuéllar, además de la presidenta del Congreso del Estado, Lizzy Guzmán. Aunque se le mencionó como invitada, no alcanzó Mirone a ver a la diputada federal tricolor, Graciela Ortiz González. En primera línea, sí marcó su presencia la delegada de Bienestar, Mayra Chávez. Pura 4T.

Por lo pronto, tanto Cruz, como Loera y Andrea se dijeron públicamente muy compas de Citlalli. De alguna manera coincidieron en darle la bienvenida y reconocerle su liderazgo y su lucha en favor de los derechos de las mujeres.

El tema tan delicado de la violencia contra las mujeres que prevalece pese a los distintos avances y buenas intenciones, de alguna manera blindó el evento contra politiquerías. Incluso, Andrea Chávez pudo articular un discurso sin arremeter en contra del Gobierno panista de Chihuahua.

Hubo justamente una representación estatal azul entre tanto color guinda recargado y descolorido neomorenista. En primera fila y con discurso a nombre de la gobernadora Maru Campos, participó la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo Osuna, la exregidora y exfuncionaria partidista.

Hubo en los distintos discursos una coincidencia sobre la urgencia del trabajo colaborativo para que se pueda saldar la deuda histórica con Juárez, ya que no se ha alcanzado la no repetición del feminicidio, ni la plena reparación del daño a las víctimas o familiares de todas las violencias estructurales.

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Otra conmemoración mundial, la del Día Internacional de la Corrupción, tocó ayer a Chihuahua y no de muy buena manera.

Se volvió a difundir el ranking nacional de percepción sobre corrupción que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el estado aparece como el campeón ignominioso en esa materia.

En la medición más reciente, correspondiente a 2023, el estado registró la prevalencia más alta a nivel nacional, con un 21.9 por ciento de ciudadanos mayores de 18 años afectados, quienes en la encuesta reportaron haber sido víctimas de algún acto de corrupción al realizar trámites o gestiones ante el Gobierno.

Chihuahua superó por un amplio margen el promedio nacional de 14 por ciento.

Así se la ha llevado el estado a lo largo de la última década, alternando entre los primeros lugares en percepción de corrupción, aunque también hubo años en que reportó una mejora relativa.

En 2013, se ubicó en el tercer lugar nacional con una prevalencia del 14.7 por ciento, mientras que en 2015 y 2017 se colocó en el quinto sitio, con tasas de 17.6 y 15.6 por ciento, respectivamente.

Fue en 2019 y 2021 cuando las encuestas mostraron una disminución significativa, con Chihuahua cayendo al lugar 29 en ambos años, al registrar tasas del 9.4 y 10.4 por ciento. Sin embargo, para el 2023 vino el otro revés.

Y el mayor problema está relacionado con autoridades de seguridad pública, rubro en el que el 59.4 por ciento de las personas reportaron haber experimentado actos de corrupción.

De acuerdo con Transparencia Mexicana, los resultados subrayan la urgencia de adoptar políticas públicas más efectivas para reducir la prevalencia de actos irregulares y fomentar la denuncia ciudadana, con miras a mejorar la confianza en las instituciones gubernamentales.

Si se revisan los últimos diez años en conjunto, el estado no sale tan mal librado, ya que se ubica en el sexto lugar nacional en percepción de corrupción. Los estados que tienen más problemas que Chihuahua son Edomex, Ciudad de México, Quintana Roo, Durango y Morelos.

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Por terrenos del Ayuntamiento, en la sesión previa de Cabildo, lo que llamó más la atención fue el punto relativo a la licitación para operar un centro de aprovechamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario municipal.

Se supone que se busca hacer más eficiente el manejo de residuos, con maquinaria que los separa y contribuye incluso a alargar la vida útil del relleno, ya que se aprovecha de mejor manera el material para reciclaje. También tiene que ver con la generación de más energía eléctrica por la disposición de los gases.

Hay incluso un marco legal que obliga a los Ayuntamientos a mejorar la disposición y tratamiento de los residuos, tal como se defendió en la previa, tanto en voz del director de Limpia, Gibran Solís, como del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

Sin embargo, no quedó muy claro el esquema financiero, ni los beneficios económicos para la Administración y para la ciudad (en comparación con los que obtendrá el concesionario) porque todavía no se manejan cifras o proyecciones de la lana que estará en juego.

Simplemente se adelantó que el Gobierno Municipal recibirá un 10 por ciento de lo que se genere en ese esquema de reciclaje. Pero también se deberá de pagar una renta por la planta. Nada más más que no hay números o algún tipo de proyección de lo que finalmente generará la inversión.

Así que en esa definición un poco a ciegas se centraron ayer los cuestionamientos opositores, particularmente del único regidor panista en el Ayuntamiento, Alejandro Jiménez.

Suena además un poco extraño que primero se pida la autorización para hacer un arrendamiento (por 15 años) de una planta de separación y aprovechamiento, y luego ya con ese equipo, se vaya a lanzar la licitación nacional para operar la planta por medio de un contrato de concesión.

Surgen, pues, dudas que quién sabe si mañana miércoles en la sesión ordinaria de Cabildo se vayan a despejar. De nueva cuenta, la transparencia y la rendición de cuentas serán puestas a prueba.

En este tipo de concesiones siempre hay suspicacias respecto a quién será el ganón. El sospechosismo aflora, ya que en el sector público se suelen hacer trajes a la medida de alguna empresa o algún empresario.

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Por terrenos del Congreso del Estado, lo más trascendente ayer fue la marcha atrás que la Administración estatal dio en la solicitud de incrementar un punto porcentual el Impuesto Sobre Nóminas (ISN).

Cuando el secretario de Hacienda, Pepe Granillo, acudió a su comparecencia ante los diputados sobre el Paquete Económico 2025, ya se había hecho la corrección en el proyecto de Ley de Ingresos.

Toda la semana pasada rebotaron las quejas de los organismos empresariales, con mayor énfasis los de Ciudad Juárez, respecto a la crítica situación económica para enfrentar una mayor carga fiscal. Finalmente, se tomó la decisión de retirar la propuesta.

No tendrá la mayoría del PAN y del PRI que defender ese aumento del impuesto, ya que el ISN se quedará igual, con tasa del 3 por ciento.

“Estuvimos reuniéndonos con varias Cámaras empresariales, con varios organismos empresariales, no solamente eso, hicimos un análisis al interior y concluimos que cuando se comenzó a trabajar el Paquete Económico había unas condiciones distintas a las de hoy, así que ya no vemos nosotros posibilidades, ya no vemos una condición económica favorable para poder mantener el incremento del Impuesto Sobre la Nómina”, justificó Granillo.

“El anuncio es una respuesta a las voces del sector empresarial y a los ciudadanos que expresaron su preocupación por el impacto que un incremento al ISN podría tener en la competitividad económica y en la generación de empleo en nuestro estado. Reconocemos este gesto del Ejecutivo Estatal como un paso en la dirección correcta para proteger la economía local”, dijo el diputado tricolor Guillermo Ramírez, quien previamente había cabildeado en favor del incremento.

Total, le midieron el agua a los camotes y cambiaron la decisión, también para que no rebotara una posible oposición en el Congreso del Estado.