Se puso buena la grilla en el Club Campestre por el proceso de elección de consejeros que está programada para el próximo 25 de febrero.

Cuando no hay competencia, quiere decir que las cosas andan bien en el Club, pero si aparecen planillas distintas, es señal de inconformidad respecto a cómo se ha dirigido y administrado.

Es lo que está pasando ahora, ya que no le ha ido nada bien al presidente en turno, Sergio Guzmán, a quien se le juntaron los detractores desde finales del año pasado, cuando se le hizo bolas el engrudo y no pudo sacar con los socios la aprobación del presupuesto 2025.

Él y su equipo intentaron aplicar un incremento del 30 por ciento en las cuotas anuales y fueron feamente bateados por la Asamblea.

Supo este Don, que no únicamente hubo rechazo por el porcentaje tan alto, sino por la justificación que se dio para ese incremento. Se dijo, en pocas palabras, que el Club estaba quebrado y por eso había que meter más lana vía cuotas.

El coraje de muchos socios es que durante al menos tres administraciones se haya dicho que todo marchaba sobre ruedas financieramente y de repente se diga ahora que no era cierto. O sea que se simuló o se mal administró durante los últimos años, incluyendo al menos el año que ya estuvo al frente Guzmán y los periodos de dos de sus antecesores.

Tampoco se aprobó en la Asamblea de fin de año una cuota de inversión para proyectos específicos que siempre se autoriza sin mayor problema, porque no a todos gustó cómo se pretendía priorizar el gasto.

Y como la crisis financiera se agudizó porque se frenaron las entradas, el presidente del Club ordenó restringir horarios y bajarle al personal de atención contratado. Esa medida no hizo si no generar mayor enojo entre varios socios que lo vieron como una revancha o chantaje, incluso como berrinche de la Administración que bien podría bajarle a los egresos pero en temas más importantes de contratos de ejecución de obras y proveedurías en curso.

Ahí está otro tema de fondo sobre lo ocurre en el Club: hay inconformidad porque socios y hasta consejeros, que siempre son los mismos, acaparan el negocio de los contratos de obra y proveeduría.

Es lo que está detrás de la grilla que hoy tiene a dos planillas en competencia para la elección de consejeros, rumbo a la elección de nueva presidencia para el siguiente año. En el Club Campestre se renueva la presidencia cada dos años y cada año se elige a la mitad de los consejeros.

Está la planilla Renovación y Experiencia, que en su nombre lleva la intención de cambiar lo que ha estado ocurriendo en las últimas gestiones, y también la planilla Tu Voz, donde varios de los candidatos a consejeros están actualmente en la gestión de Guzmán.

Cómo andarán las cosas con el actual presidente que hasta los de la Planilla Tu Voz hacen promoción desligándose de Guzmán. El tema va dar mucho de qué hablar. Aquí le seguiremos mañana con los detalles de las planillas y la competencia.

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Donde también se puso buena la grilla, fue en el Comité Municipal del PAN. Todo el fin de semana proliferaron las denuncias de los propios panistas, sobre una presunta afiliación corporativa.

Hasta fotos se estuvieron compartiendo de personas llegando al Comité Municipal para solicitar su afiliación, con el dato de que se trata de personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la que encabeza Gilberto Loya, el Capitán Centinela.

En los reportes que circulan entre panistas se comenta que policías que acudieron al galerón de la 16 de Septiembre y 5 de Mayo, se quejaron de que los obligaron o presionaron para pedir su afiliación azul.

Todo mundo al interior del PAN sabe que la operación para afiliar a policías estatales, la traen Gerardo Rivas e Itzel Castillo, quienes cobran precisamente en la SSPE. El primero está a cargo de un departamento de la Secretaría y ella es nada menos que la jefa de Licencias Digitales.

Ambos encabezan en el PAN el famoso Grupo Alfa, que trae operación política, de reclutamiento y de formación, especialmente con jóvenes. De alguna manera son padroneros.

La polémica ya lleva días, no únicamente porque hay quienes cuestionan la práctica corporativa, también porque la propia dirigente municipal, Xóchitl Contreras, lo consideró de alguna manera indebido y bloqueó temporalmente la afiliación, frente a las múltiples quejas.

El tema incluso se discutió en sesión informativa del Comité Municipal, en donde Itzel Castillo cuestionó el bloqueo ya que aseguró que no tenía nada malo que personal de la SSPE quisiera afiliarse al PAN, por el contrario, sería lo que se está buscando.

“Esto rompe con nuestros principios de respecto a la dignidad humana y de libertad de decisión. Aquí la foto de los que están llegando, ahorita, viernes 14, a las 10-11 para solicitar su registro. Si el Estatal no actúa, entonces estará permitiendo este tipo de afiliaciones corporativas”, escribió Pepe Márquez en uno de los chats de panistas, cuando hizo la denuncia de los acarreos.

Hasta ahorita, parece que la dirigente estatal Daniela Álvarez está más en sintonía con Itzel y Gerardo Rivas, que con la dirigente municipal, la diputada Xóchitl Contreras, ya que las afiliaciones han continuado.

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A quien le anda llegando la lumbre a los aparejos es a la titular de la nueva Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Judith Arredondo, la exregidora y expanista.

Primero surgió el caso de la muerte de un gato montés bajo resguardo de esa dependencia municipal.

Ya trascendió que, por esos hechos, inició una investigación la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia a la que nunca dieron parte desde la DABA y mucho menos le entregaron al ejemplar, conforme a los dispuesto en la legislación. 

Ese gato montés fue trasladado a la DABA por parte de policías municipales que atendieron un posible atropello del animal al sur de la ciudad, sobre la carretera Panamericana.

La propia Dirección de Bienestar Animal reportó entonces que el animal no presentaba lesiones expuestas, pero el domingo 29 de enero fue encontrado muerto en su jaula.

La investigación de Profepa se conoció hasta que la regidora del Partido Verde, Fernanda Medina, expuso en el Ayuntamiento el caso de la muerte del gato montés para justificar un proyecto de acuerdo que fue votado en Cabildo para que el personal municipal reciba capacitación sobre Contención Física y Química de Fauna Silvestre y/o Exótica.

El punto se presentó, precisamente para que no se les mueran los animales por falta de capacitación, también para que sepan cómo salvaguardar su propia integridad y la de la ciudadanía.

En otro caso más que ya se le juntó a la titular de la DABA, para mañana martes 17 está programada una marcha en contra de cómo se están haciendo las cosas en esa Dirección.

“Marcha en contra de la violencia al gremio de médicos”, señala la promoción. La cita es a las 11:00 horas en la Mega Bandera de El Chamizal. Van a marchar hacia el edificio administrativo de la Presidencia Municipal, donde exigirán su derecho al trabajo sin acoso de la autoridad.

No explican ahí que está pasando, pero lo que investigó Mirone, es que hay malestar en el gremio de los médicos veterinarios por las visitas, sanciones y hasta clausuras que anda operando la DABA.

Sabe Mirone que para eso se creó la nueva Dirección, para meter orden y evitar que en torno al tema de los animales no nada más haya negocio, sin importar verdaderamente la vida de los seres vivos y la manera en que se les trata o se les confina.

El punto aquí es que los veterinarios ven plan con maña, en eso de llegar con toda la fuerza de ley, sin diálogo previo ni procedimientos establecidos, para luego intentar sacar lana extralegal de esos negocios.

Por eso van a protestar mañana. Así que a la expanista metida a animalista y luego a funcionaria, ya se le andan complicando las cosas, sobre todo porque los veterinarios (principalmente los egresados de la UACJ) conforman un gremio muy unido.

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Si la titular de la DABA trae broncas en Juárez, para nada se comparan con lo que enfrentan en Ahumada el alcalde y su jefe de Seguridad Pública, Iván Rodelo y Carlos Duarte, respectivamente.

Ambos están en el ojo del huracán porque una camioneta pick up, propiedad del director de la Policía Municipal está vinculada con el asesinato del comandante de la Policía Estatal, Víctor Hugo Sosa, en hechos que se registraron la semana pasada, en la colonia Revolución.

Una Dodge Ram 1500 modelo 2011 está registrada a nombre de Carlos Duarte y fue asegurada por la Fiscalía General del Estado (FGE), en el lugar en que se detuvo a cuatro presuntos responsables del ataque fatal en contra del comandante estatal.

Ni el jefe policiaco municipal ni su jefe el alcalde han dado la cara sobre el asunto. Tampoco autoridad alguna ha informado si ya declararon formalmente o si Duarte ya fue detenido como parte de la investigación.

No es la primera vez que se señala a Carlos Duarte por mantener relaciones peligrosas. Directamente se le ha ubicado otras veces por trabajar para los malosos. En Ahumada, eso no es nada extraño, igualito que ha ocurrido en otros municipios “calientes”, como Casas Grandes.

Por ejemplo, en 2017, ya como jefe policiaco, su nombre apareció en una detención que se realizó tras un ataque contra agentes ministeriales estatales. En esa refriega hubo un muerto y tres lesionados. Resultó que Duarte manejaba en esa ocasión un vehículo con reporte de robo.

Dos años después, en 2019, de nuevo fue detenido por realizar disparos en una fiesta. Esa fue falta administrativa, pero el caso es que se ha mantenido ya por varios años como mandamás de la Policía Municipal, porque, se comenta, ya se sabe quiénes son sus verdaderos patrones.