Con la misma vara con la que se determinan multas hasta de 4 mil 800 pesos a quien no cumpla con el replaqueo de sus automóviles, el Gobierno del Estado deberá medir y sancionar también a su personal en la entidad, para que todos, sin distingos, acaten las disposiciones, pues hay muchos que ni placas traen porque usan autos chocolate, amparados por las organizaciones pafas.
Pero, independientemente de que apliquen o no la máxima de “todos coludos o todos rabones”, sería interesante saber cuál fue el criterio que el secretario de Hacienda estatal usó, para determinar que los propietarios de automóviles que no cumplan con el replaqueo deben pagar multas tan exorbitantes, que en muchos de los casos no los vale ni el automóvil.
Desde el punto de vista que se vea, dicha acción coercitiva que se pretende imponer constituye un abuso de autoridad, porque atenta contra el patrimonio de las personas que, por tener otras prioridades en su economía, no puedan cumplir a tiempo con el replaqueo.
Si en lugar de amenazar con sanciones económicas descabelladas, pusieran a sus creativos asesores a diseñar un programa de facilidades de pago, para quienes no puedan cumplir en tiempo con esta obligación, mejor respuesta tendrían, definitivamente, su espíritu recaudatorio.
Aquí es donde deberían de pegar de gritos los ocurrentes diputados locales y salir en defensa de sus representados, para limarle las uñas al secretario de Hacienda, que, si bien es cierto recibió un desastre en las finanzas estatales, no fue por culpa de los chihuahuenses, sino de los ineptos corralistas que se fueron y dejaron hoyos en todos los presupuestos.
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Y hablando de la herencia corralista, ya se supo que los ex funcionarios duartistas a los que Javier Corral les perdonó la vida durante su persecución por los Expedientes X, trabajaban, en su mayoría, en el área de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda en tiempos de Jaime Herrera Corral.
Una fuente mironiana muy enterada del proceso que se le sigue tanto a duartistas como a corralistas, nos confirmó que los malos manejos ocurrieron en compras y contrataciones efectuadas durante el último tramo del gobierno de César Duarte, en el 2016.
Aunque la Auditoría Superior del Estado detectó esos malos movimientos desde el 2019 y así se lo notificó al gobierno de Corral, éste se hizo como el Tío Lolo.
¿Sería acaso porque entre los duartistas señalados por la ASE, estaba el mismísimo Jaime Herrera el ex secretario de Hacienda de triste fama y principal testigo protegido durante la cacería corralista?
Como se sabe, los únicos que pagaron esos platos rotos fueron los funcionarios cercanos a Gerardo Villegas, ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, quien permaneció 5 años en prisión, mientras que los que integraban el círculo cercano de Herrera quedaron libres de pecado.
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Ahora sí les arrimaron la lumbre a los aparejos a la familia De la Vega Arizpe con la clausura de venta de cerveza y licor en 100 de sus tiendas Superette y Del Río, que operaron durante el corralato con licencias de funcionamiento caducas, cuando doña Alejandra fue la poderosa secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado.
La propia oficina de Gobernación informó que los establecimientos sancionados estaban operando con licencias cuya vigencia venció desde 2018, pero que fueron tolerados sin problemas hasta el término de la pasada administración estatal.
El privilegio que Corral les otorgó durante 3 años para que las tiendas de conveniencia operaran sin el pago de la renovación de licencias, representan muchos millones de pesos, y ahora que se les acabó están chillando, cuando lo que procede es que pongan “la del Puebla” y paguen lo que deben.
Este abuso por parte de la influyente empresa, porque no se le puede llamar de otra manera -al abuso-, le recuerda a Mirone otro que durante la administración de José Reyes Ferriz -2007-2010-, les sacaron a flote, cuando detectaron que la Policía Municipal les daba el servicio de traslado de valores de cada tienda Del Río, en las patrullas, sin costo alguno.
Este servicio lo habían arreglado durante el primer trienio del Teto Murguía, y cuando en la siguiente administración municipal -con Reyes Ferriz-, se dieron cuenta que, a determinadas horas del día, la ciudad se quedaba sin vigilancia, era porque las patrullas se dedicaban a trasladar los cortes de caja de las tiendas a las bóvedas de Almacenes de la Frontera, les cayó el chahuistle y les suspendieron el servicio.
Esta suspensión encolerizó al patriarca De la Vega y hasta la renuncia del alcalde pidió a un grupo de priistas, por el atrevimiento de haberle cancelado un servicio irregular que le daba la policía sin pagar un solo centavo, es más, ni para la gasolina.
O sea que, hablando en plata, no son nuevos en este tipo de gandallez, que en el caso de las licencias caducas, evidencia también un tráfico de influencias por el poder que Alejandra de la Vega ejercía en el corralato. Ni más ni menos.
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Ayer comenzaron a despabilarse las organizaciones no gubernamentales que permanecieron en silencio después del salvaje feminicidio de una adolescente, ocurrido el lunes en la colonia Manuel J. Clouthier.
Después de las críticas que surgieron en los grupos que participan en la defensa de los derechos de la mujer, porque las organizaciones protestaban enérgicamente por el feminicidio ocurrido en Nuevo León, e ignoraban los casos de Juárez, la Red Mesa de Mujeres lanzó una convocatoria por redes sociales para manifestarse frente al Hospital de la Mujer el próximo 10 de mayo.
“Están golpeando, violando, matando, tratando, quemando, descuartizando a nuestras hijas, a nuestras mujeres, no queremos ni una más. Porque ser madre no volverá a ser igual “, dice el mensaje que circula e invita a las mujeres a manifestarse el próximo martes a las 9 de la mañana.
Con el crimen de Johana, son tres las jóvenes estudiantes asesinadas en lo que va del año, cuyos crímenes siguen impunes.
Los otros casos fueron el de la Leslye, la estudiante de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Regional, asesinada a balazos en el estacionamiento de un centro comercial del Paseo de la Victoria. El segundo fue el ataque que sufrió en su automóvil en la avenida Tecnológico una familia, donde fallecieron el padre y su hija, esta última estudiante de bachilleres. En el tercer caso, Johana quien contaba con 17 años al morir, era estudiante del CBTIS.