Toda la semana ha sido muy comentado en terrenos del Poder Judicial el pachangón que se aventó el magistrado en materia Civil adscrito a la Segunda Sala Civil Regional del Distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Emmanuel Chávez.

Por el Día de la Abogacía, marcado en el calendario el 12 de julio, pagó de su bolsillo el festejo que organizó para todo el personal de su sala y para los jueces y las juezas de las distintas materias que despachan en Juárez, además de titulares de las magistraturas.

Llenó el nuevo Ocua Loft Salón, un establecimiento muy nice, con terraza-jardín ubicado en la zona de Valle del Sol y Cuatro Siglos, con representantes de todos los juzgados.

También atendieron la invitación las comisionadas del Órgano de Administración, Minerva Correa y Judith Ávila, así como algunas de las magistraturas, aunque se notaron ausencias como las de Yasel Iradiel Villanueva (Penal), Sara Julieta Muñoz (Familiar) y Angélica Delgado (Civil).

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Fue comida con buenos cortes y buena bebida (whisky de 18 años, desde luego), además de música en vivo. Muy espléndido se vio el magistrado, que ya tiene fama de generoso para hacer regalos y apapachar a sus amigos y compañeros del Poder Judicial.

No faltó quien le preguntara de qué proyecto político o personal se trataba, pero el magistrado aseguró que todo fue nada más por el puro gusto de la convivencia y el compañerismo, para no dejar pasar una fecha importante: la profesión que hoy les tiene operando el Poder Judicial en Chihuahua y, particularmente, en Juárez.

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Ni todos andaban en la comida ni todos llegaron temprano a la cita de las tres y media de la tarde, porque hay juzgados y salas en las que salen mucho más tarde. Pero la mayoría sí le respondió a Emmanuel Chávez, quien, aunque pertenece al grupo político de Parral, empezó aquí su carrera judicial en 2014, durante el sexenio duartista, cuando fue enviado como secretario a la Segunda Sala Civil Regional, donde el titular era Filiberto Terrazas.

Emmanuel cargó siempre con la chamba y, cuando Filiberto fue comisionado a la Judicatura, se quedó como encargado de la sala, así que no batalló para asumir el control cuando ganó la elección judicial de 2025 y se le asignó la Segunda Sala Civil.

Ya se verá luego qué viene, pero en tiempos de politización del sistema de administración de justicia, ningún movimiento o jugada suele ser gratuito.

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Los tres tristes tigres en acción. Así podría resumirse la situación en la que se encuentran ahora mismo las dos diputadas y el diputado que no quedaron precisamente alineados con alguna de las bancadas políticas que dominan la escena en el Congreso del Estado.

Se trata de Rosana Díaz y Octavio Borunda, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y de América Aguilar, hasta hace poco integrante del PT, quienes hoy navegan en solitario, con la posibilidad de negociar su voto por cuenta propia, sin necesidad de consensuar con el bloque PRIAN, al que se adhirieron durante buena parte de la legislatura, ni con la 4T, donde se perfilan como probables aliados para la próxima contienda electoral.

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Sus votos han cobrado relevancia en fechas recientes, pues sin ellos el grupo mayoritario no alcanzaría los 22 sufragios que necesita para reformar la Constitución, aprobar líneas de crédito o, quizá más importante, avalar el nombramiento del fiscal general del Estado. ¡Pay per view, en todo su esplendor!

Desde que formalizó su adhesión al PVEM, Rosana Díaz marcó distancia de Morena y comenzó a operar políticamente junto con Octavio Borunda, diputado, coordinador parlamentario y dirigente estatal de ese partido.

La coordinación entre ambos llegó a tal grado que Borunda se atrevió a colocar a Rosana en la carrera por la candidatura de la 4T al Gobierno del Estado, en un movimiento que tomó por sorpresa incluso a la dirigencia nacional del Partido Verde.

América Aguilar, por su parte, abandonó el grupo parlamentario del PT desde el periodo anterior, marcó distancia de sus hermanas y, recientemente, protagonizó una encarnizada disputa mediática con ellas al manifestar públicamente su respaldo a Cruz Pérez Cuéllar. Hoy navega con su voto en solitario y con toda la manga para negociarlo por cuenta propia.

Tres votitos muy codiciados que hoy flotan libremente. ¡Cómo no! ¿Dónde estaban?

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En los hechos, se han convertido en un bloque emergente dentro del Congreso del Estado, con la llave para inclinar la balanza en votaciones de mayoría calificada.

Entendidos del tema le contaron a Mirone que el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, ya comenzó a acercarse a esos ‘tres tristes tigres’ para completar los votos que le faltan y conseguir que el Congreso apruebe el crédito de 150 millones de pesos que requiere para concluir las obras del llamado Poniente 5.

Hasta ahora, Bonilla tendría “amarrados” los 13 votos del PAN y los dos de Movimiento Ciudadano; probablemente, el del PT y, en una de esas, los tres del PRI, aunque estos últimos todavía no terminan de definirse.

Aun si lograra reunirlos todos, apenas sumaría 19 votos, por lo que todavía le faltarían tres para completar la mayoría calificada que respalde su solicitud. ¿De dónde los va a sacar? No se alcanza a ver otra fuente más que esos ‘tres tristes tigres’.

Que quede para el anecdotario cómo puede llegar a encarecerse un voto suelto, independiente, ‘Llanero Solitario’, en un escenario de fuerte polarización política como el que hoy tenemos frente a nuestros ojos.

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Sabe Mirone que siempre hay dos caras para una misma moneda, o perspectivas distintas para el abordaje de cualquier asunto, y eso quedó muy claro cuando manejamos aquí el tema de la Central de Actuarios (Unidad de Notificadores, es su nombre oficial), ahí donde les trae marcando el paso a los actuarios la titular, Marlene Martínez, con todo lo que tiene que ver con los juzgados civiles y familiares del Distrito Judicial Bravos.

Hablamos de quejas del personal sobre acoso laboral y prepotencia, en un trato desigual para una parte de la plantilla de actuarios, pero le brincaron en favor de la funcionaria los litigantes que aseguran que la oficina está mejor que nunca, precisamente porque Marlene Martínez ha puesto a trabajar a todos, como debe de ser, con el resultado evidente en los tiempos de citas para notificación.

“Excelente trabajo de la Lic. Marlene y de su equipo; solo es un grupo inconforme porque los ponen a trabajar”, resumió en un comentario en la página de Facebook de Norte Digital la usuaria identificada como Tina Balcázar.

Fueron múltiples los comentarios de apoyo a la funcionaria, destacando que se ha logrado tener citas de un día para otro, cuando anteriormente se daban hasta después de un mes o más para realizar las notificaciones en campo.

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“Pues ojalá y efectivamente no la toquen. Excelente trabajo. Quienes se podrían quejar quizá son los deudores y aquellos a los que les conviene no ser notificados y caduquen los expedientes, pero la opinión de esos no cuenta. Los litigantes son los buenos y queda claro el buen trabajo de la Actuaría”, escribió Eric Zavala.

“Soy litigante desde hace 38 años; fue una excelente actuaria y hoy jefa de dicha Unidad. Nunca en todo ese tiempo (desde que existe Actuaría) había funcionado como hoy día. Aplausos para ella y todo el equipo”, aseguró Martín Morales.

“Excelente abogada y jefa de actuarios, nunca se había visto la eficiencia en tan gran grupo de actuarios que formó y que preside… pero, como en todo, siempre habrá inconformes que sueltan el dardo y esconden la mano”, agregó Arturo Golin Guerrero.

Le llovieron a Mirone comentarios similares y, en pocas palabras, el sentido de las reacciones en el gremio de abogados que utiliza los servicios de la Central de Actuarios fue que era entendible que las quejas se generaran del lado de quienes le sacan al trabajo.

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Entre la información que manejan los inconformes está que Marlene Martínez hace y deshace porque es pariente política de Marcela Herrera (publicamos que el esposo de Marlene es primo de ella), la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, pero ese dato fue desmentido desde las estructuras oficiales del Poder Judicial.

También supimos que meten por ella las manos al fuego en cuanto a su honorabilidad, descartando que tenga algo que ver con las mafias del llamado cártel inmobiliario, que durante años han hecho negocio con los juicios de prescripción positiva, apropiándose de casas mediante procedimientos y notificaciones amañadas.

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La resolución del caso Aras no tiene para cuándo, y no precisamente porque esté entrampada en algún tribunal o por alguna ingeniosa treta leguleya de la parte demandada, sino porque la parte ejecutora, en este caso la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha hecho —o no ha querido hacer— la parte que le corresponde.

Al menos esa es la postura de un grupo de afectados por el megafraude de Aras, una empresa que se presentó como operadora de fondos, pero que terminó llevándose al baile a más de 4 mil inversionistas que le confiaron su dinero con la expectativa de obtener atractivos rendimientos.

Casi cinco años después de que comenzaran las denuncias, los reclamos y las peticiones para que la autoridad interviniera y, finalmente, decidiera actuar, los afectados no han visto un solo centavo de los recursos que les birlaron, pese a que ya existen bienes asegurados para garantizar la reparación del daño.

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El abogado Felipe Acosta, representante de 755 víctimas de Aras, emprendió ayer una campaña para denunciar que el caso permanece paralizado debido a que la FGE ha incumplido con la parte que le corresponde para convertir los bienes decomisados en recursos líquidos con los cuales resarcir el daño a las 4 mil 355 víctimas del fraude.

La culpa es de la Fiscalía, sostiene el litigante, pues ya existe una sentencia firme dentro de la causa penal 3506/2023, mediante la cual Aras Investment Business Group fue condenada por el delito de fraude agravado.

Esa resolución ordenó una serie de acciones encaminadas a reparar el daño a las víctimas, pero la FGE nomás no mueve un dedo para proceder a la venta de los bienes asegurados y, así, pues ni de dónde sacar para tapar el boquete que dejó Aras.

Según la parte quejosa, la FGE ni siquiera da señales de vida: no responde los oficios judiciales, retrasa la entrega de información o la proporciona de manera incompleta. Tampoco entrega inventarios que permitan conocer con precisión el estado de los bienes asegurados.

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Por increíble que parezca, el letargo ya no está en los juzgados, sino en una autoridad ejecutora como la Fiscalía General del Estado.

Esa somnolencia burocrática es, según el representante de las víctimas, la única razón por la que los afectados siguen sin recuperar su dinero.

Si bien ya fue presentada la queja administrativa 351/2026 ante el Tribunal de Disciplina Judicial, lo que urge no es abrir otro procedimiento, sino que la parte ejecutora —la FGE— haga su chamba. Así de simple.

Sin embargo, la Fiscalía no camina, no hace señas ni manda mensajes. Lo único que hace es dejar de hacer lo que le corresponde y mantener en la incertidumbre a cientos de personas que, desde principios de la década, vieron cómo un grupo de vivales les arrebató su patrimonio a mansalva.