El truene de Rafa Loera en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común tiene como origen y destino la sucesión panista por la alcaldía de Chihuahua, donde la grilla se ha puesto más que intensa, sabedores todos de que la capital es el único reducto azul asegurado para el 2027. Lo demás es un albur.

Con la rueda de prensa que ofrecieron el propio exsecretario y su esposa, Anya Trevizo —la exasistente de la gobernadora Maru Campos, quien renunció el pasado 6 de julio—, se suavizó públicamente lo más que se pudo la salida y la implicación de cualquier conflicto con Palacio, pero Mirone se enteró de que el cese fue tal como se vio: fulminante.

No renunció, lo renunciaron, aunque él no quiso aceptarlo así y, ante las insistentes preguntas de los periodistas, lo más que alcanzó a decir es que fue platicado con la gobernadora. Incluso hizo múltiples manifestaciones de agradecimiento. Apechugó al máximo.

Tan no era su plan inmediato, aunque eventualmente debería dejar el cargo si iba a seguir en el proceso, que —le contaron a Mirone— el día de su salida, antes de que todo tronara, llegaron a su oficina enviados de la Secretaría de la Función Pública para empezar los trabajos de entrega-recepción.

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Desde Palacio, lo que se dijo en corto es que, luego de la renuncia de Anya Trevizo, que se volvió muy mediática, la permanencia de Rafa Loera era demasiado incómoda, por lo que el ciclo había acabado antes de lo previsto.

También se enteró Mirone de que Anya ya era vista con recelo desde antes del incidente frente a la prensa, por el agarrón derivado en una guerra sucia a través de distintas publicaciones que se traían Loera y el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, hombre de todos los afectos de Maru Campos.

En pocas palabras, ya no había confianza con Anya y el trato, así como la relación, habían cambiado, cuando en Palacio le atribuían algunos de los golpes contra Santiago De la Peña al propio Loera. Y viceversa: el exsecretario le atribuía a De la Peña también la responsabilidad del fuego amigo y no tan amigo en su contra.

Así que la salida ya se cantaba, pero algo más parece haber ocurrido para que el cambio se presentara de la forma en que se hizo. Muy significativo fue que, en el comunicado oficial sobre el nombramiento del nuevo secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, ni siquiera se mencionó el nombre de Loera, mucho menos se le dieron las gracias, como marca el protocolo.

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Lo que sí se visualiza ahora es que la sucesión interna del PAN por la alcaldía de Chihuahua se complica para el partido y para Palacio, toda vez que Rafa Loera ya dijo que va con todo por la candidatura y, de alguna manera, se suma así a la otra aspiración que corre en rebeldía, la de César Jáuregui Moreno, exfiscal general del estado.

Por lo pronto, Loera cuestionó que todavía no existan reglas claras sobre el proceso y adelantó que todo el panismo deberá decidir el método de selección, sin que haya cabida para la designación directa.

Ya se verá qué hace el exsecretario o qué papel juega en el proceso interno, junto o por separado de César Jáuregui, pero, en principio, dijo que dedicará todo su tiempo a los recorridos por el territorio.

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Por terrenos tricolores también andan muy activos y ni el dirigente local, Alberto Reyes Rojas, ni el presidente estatal, Alejandro Domínguez, han dejado de trabajar en la promoción de la estrategia Defensores de Chihuahua, la figura con la que pretenden perfilar candidaturas para los distintos cargos en disputa en 2027.

De la novedad que se enteró Mirone es que la dirigencia tricolor sumó un buen fichaje para esa estrategia, particularmente en Ciudad Juárez.

Se trata del empresario Jorge Bermúdez Espinoza, hijo del exalcalde Jaime Bermúdez Cuarón, quien carga un considerable capital político y es bien visto en amplios sectores de la ciudad, como para entrarle a la contienda por la Presidencia Municipal.

Platicaron con él y, hasta donde conoció Mirone, le pareció buena idea entrarle al registro de los Defensores de Chihuahua, dispuesto a abanderar al PRI por la alcaldía e intentar emular a su padre.

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Todavía no se conocen las listas oficiales de todas las personas que atendieron la convocatoria tricolor para registrarse, ya fuera de manera presencial o mediante la plataforma digital, pero ya se sabe que únicamente para el municipio juarense, y por los diversos cargos, la lista supera los 40 interesados.

Tampoco se ha precisado quiénes buscan qué posiciones —van desde regidurías y la Sindicatura hasta diputaciones locales, federales y la Presidencia Municipal—, pero supo Mirone que, al menos para la alcaldía, ya hay tres aspirantes.

Además de Jorge Bermúdez Espinoza, aparecen en ese apartado el exlegislador y exdirigente priista Nacho Duarte, así como el actual presidente del Comité Municipal del PRI, Alberto Reyes Rojas.

Ya se armó, por lo menos, una tercia con buenos currículums.

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Respecto al nuevo prospecto, Jorge Bermúdez ya fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Ciudad Juárez.

Empresario del ramo inmobiliario, arquitecto, constructor y promotor de la industria maquiladora, Bermúdez también fue vicepresidente nacional de Franjas Fronterizas y Maquiladoras de la Canacintra.

Todavía permanece abierto el registro y pueden sumarse más interesados. Lo que sigue es que venga a Juárez el presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, para sentarse a la mesa con quienes levantaron la mano y se anotaron como Defensores de Chihuahua. La reunión podría realizarse el próximo 20 de julio.

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Tal parece que, para el Gobierno de la 4T, hay dos formas de acercarse a un Gobierno extranjero para tratar asuntos relacionados con la seguridad pública del país.

A los de casa se les da manga ancha para que se aproximen a agencias de investigación de Estados Unidos, ofrezcan colaboración y hagan lo necesario para quitarse de encima alguna investigación que pudiera derivar en una acusación penal por proteger o vincularse con organizaciones delictivas. Ahí sí, no hay fijón.

¡Ah! Pero si el acercamiento lo tiene un Gobierno emanado de un partido distinto a la Cuarta Transformación, entonces sí se pone el grito en el cielo y se advierte que podría tratarse de una violación a la Ley de Seguridad Nacional, a la mismísima Constitución y, en una de esas, hasta de un atentado contra la soberanía nacional.

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Por más endulzante que trataron de ponerle al caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, fue imposible evitar la comparación con el trato que recibió su homóloga de Chihuahua, Maru Campos, cuando quedó al descubierto que cuatro agentes estadounidenses participaron, junto con la Fiscalía General del Estado, en un operativo para localizar un laboratorio de fabricación de drogas sintéticas

Las versiones difundidas el lunes 13 —que, insiste este Mirone, nadie ha desmentido— revelan una conversación de la mandataria bajacaliforniana con quien diversos medios identifican como un supuesto agente o intermediario del FBI, extremo que ninguna autoridad ha confirmado oficialmente. Ahí habla de su disposición a compartir información obtenida en las mesas de seguridad.

Según la transcripción difundida, la gobernadora dice: “Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad”.

¡Ah, caray! ¿Eso no es también una forma de colaboración con autoridades extranjeras? ¿No amerita, cuando menos, la misma lupa con la que se revisó el caso Chihuahua? ¿O la ley cambia dependiendo del color del partido?

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El caso ya era suficientemente espinoso, pero la manera en que fue despachado en La Mañanera terminó por alimentar la percepción de que, para un mismo hecho, existen dos criterios completamente distintos.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch sostuvieron que Marina del Pilar Ávila no incurrió en delito alguno.

“Es diferente el caso Chihuahua”— respondió la presidenta.

Según explicó, allá sí hubo presencia de agentes extranjeros y eso constituyó una “violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional”.

Pero entonces queda flotando una pregunta incómoda: ¿ofrecer información de las mesas de seguridad a un supuesto interlocutor del FBI no amerita, al menos, una revisión igual de estricta?

Y todavía más llamativa resultó la explicación de García Harfuch, al asegurar que en esas mesas no se maneja información reservada y que, por tanto, compartirla no configura delito.

Entonces, si no es información reservada, ¿por qué jamás se hace pública? Porque los ciudadanos, que son quienes pagan y padecen la inseguridad, rara vez conocen lo que ahí se discute.

Podrán construir todas las explicaciones jurídicas y políticas que quieran. Pero el mensaje que terminó enviándose fue otro: si la gobernadora es de la 4T, hay comprensión; si es de oposición, hay condena.

Dos gobernadoras fronterizas. Dos casos con ingredientes similares. Dos discursos oficiales. Y, al parecer, dos maneras muy distintas de aplicar el mismo rasero. Esa es la parte que difícilmente pasa inadvertida.

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El próximo 20 de julio iniciarán los trabajos de revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, y Chihuahua tiene algo que decir al respecto.

El sector productivo de la entidad, que desde hace años ocupa el primer lugar nacional en exportaciones, ya levantó la mano para advertir sobre varios aspectos que deberán cuidarse para evitar que el acuerdo comercial se vaya por la borda a causa de una combinación de malas decisiones tomadas del lado mexicano.

Los empresarios chihuahuenses piden que el Estado mexicano —y también las autoridades locales— avancen en materia de impartición de justicia, certeza jurídica y definición del nuevo sistema judicial, pues consideran que esos factores fueron determinantes para que el gobierno de Estados Unidos rechazara renovar el T-MEC por otros 16 años, según le comentaron a Mirone.

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Todavía flota en el ambiente la versión de que la negativa del Gobierno mexicano a entregar a los diez funcionarios del estado de Sinaloa que reclamaba la administración estadounidense para procesarlos por su presunta vinculación con organizaciones delictivas fue uno de los factores que terminaron por cerrarle la puerta a una renovación inmediata del tratado.

En ese contexto, los sectores productivos del estado se preparan para pedir que, por encima de los “encimas”, prevalezca el interés nacional y se proteja un acuerdo comercial que —desde los tiempos del TLCAN y ahora como T-MEC— permitió a México convertirse en el principal socio comercial de la mayor potencia económica del mundo.

Si en otras ocasiones se sacrificaron intereses regionales, como ocurrió con la entrega de parte del agua de Chihuahua para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas y evitar un conflicto con el vecino del norte, bien pudieron haberse valorado con el mismo cuidado otros factores que resultaban igual de determinantes para preservar la relación comercial.

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Lo que le han contado a Mirone es que, si bien no existen anuncios formales de salida de inversiones, el ambiente de negocios sí se enfrió. Varios proyectos que estaban por anunciarse quedaron en stand by hasta que exista mayor certidumbre en la relación con Estados Unidos, y esa certeza difícilmente llegará en los próximos dos años.

Por lo pronto, Ciudad Juárez recibió recientemente dos inversiones importantes en el sector electrónico, lo que permitió recuperar algo del optimismo entre los operadores económicos del estado, frente a un panorama tan incierto como el que hoy enfrenta México y buena parte del mundo.

Sin embargo, así como llegaron esas inversiones, hay otras que optaron por detenerse, que prefieren “pagar por ver” y que probablemente no regresen si no se resuelve el conflicto por los aranceles que la administración de Donald Trump mantiene sobre las exportaciones mexicanas de acero y aluminio.

Va para largo. Pero mucho ayudaría que, al menos de este lado de la frontera, dejaran de echarle leña al fuego.